Madrid
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que lidera José Luis Escrivá cierra hoy la fase de contratación pública de las gestoras de fondos de pensiones (englobadas en la banca, aseguradoras o en ninguna) que optarán a gestionar el plan de pensiones de empleo de promoción pública. Según se desprende la memoria justificativa de la licitación, que firma la secretaría de Estado de pensiones, el patrimonio previsto en este instrumento de ahorro generado por las aportaciones de aquellas empresas que se sumen al plan que promoverá el Estado será de sólo 4.000 millones de euros en cinco años.
El objetivo del Ministerio de Seguridad Social, al lanzar este vehículo financiero, era dar un impulso histórico a los planes de empresa en nuestro país y, por esta razón, ellos constituyen la referencia con la que debe calibrarse el éxito o fracaso de la iniciativa.
Desde este punto de vista, no hay demasiado que celebrar. A cierre de 2022, el patrimonio total acumulado en planes colectivos (empleo y asociados) es de algo más de 35.000 millones, y el de los individuales de unos 82.000 millones, según Inverco. Puede afirmarse así que el nuevo sistema movilice en cinco años únicamente una novena parte de lo ya alcanzado hasta ahora, o un 11% de lo que actualmente acumula el segundo pilar.
En el sector financiero, sin embargo, se muestran hasta cierto punto más optimistas. "Consideramos que es una cifra ambiciosa", trasladan desde VidaCaixa, filial aseguradora de CaixaBank que opera en el ramo de vida y pensiones. Con todo, el futuro del plan público de pensiones es aún más incierto si se considera que se va a aprobar a las puertas de unas elecciones que el PP podría ganar y sus planes en este ámbito son opuestos a los que han caracterizado al PSOE en esta legislatura.
VidaCaixa tiene intención de presentarse al concurso público para ejercer como gestora de los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP). Entre otras entidades interesadas, según Cinco Días, BBVA, Santander o Mapfre. Los mínimos que deben cumplir las entidades gestoras son: gestionar un patrimonio de 250 millones a cierre de 2022 y una experiencia de cinco años en el negocio.
Una oportunidad de negocio que nace en el seno del sector público y tras la reducción de las deducciones fiscales de los planes individuales –la deducción máxima ha pasado, en los últimos años de 8.000 a 1.500 euros anuales– que fomentan el trasvase del patrimonio hacia el segundo pilar, el ahorro en la empresa.
Comisión más baja
Uno de los puntos que valora el Ministerio encargado de las pensiones es el coste. La comisión máxima prevista se fijó en el 0,3%, un punto donde el Gobierno tuvo sus desencuentros con la banca, que en instrumentos como los planes individuales recibe comisiones que rondan el 1%. Desde VidaCaixa confirman que su comisión prevista estará por debajo del 0,3% que marca el pliego de condiciones del Gobierno.
Se han abierto un total cinco lotes de estos planes de empleo de promoción pública que se adjudicarán a cinco gestoras distintas, de tres fondos cada uno (renta fija, renta variable o mixtos). En total se ponen en marcha 15 de estos nuevos vehículos de ahorro a largo plazo al que se podrán adherir planes de pensiones de empleo nuevos o existentes.
Como referencia para generar ahorro paralelo a la pensión pública a través de aportaciones, el Ministerio de Inclusión observa la rentabilidad media obtenida en la última década, que citando a Inverco es del 3,11%.
La propia justificación de contratación pública recoge una estrategia común de inversión para este instrumento de ahorro del segundo pilar. La horquilla de inversión para la renta fija mixta se moverá entre un 70% y un 80% del total del activo. Por su parte, el porcentaje variable alcanzará como máximo el 25%. En el caso de los activos de renta variable, la renta fija mixta supondrá al menos el 30%, y la parte variable al menos otro 30%.
Un básico de los planes de empleo que ha venido desarrollando el Gobierno durante la presente legislatura son los ciclos de vida del partícipe-ahorrador: a mayor edad, menor peso tiene el riesgo al valorar la inversión. "Se deberá tener en cuenta la relación, en su caso, entre los niveles de riesgo asumidos por el fondo de pensiones y las edades alcanzadas por las personas partícipes de los planes integrados en el fondo", recoge el documento.
El éxito de estos fondos de pensiones orientados a la empresa y promovidos por el sector público, afirman desde la entidad bancaria, "dependerá en buena medida de la negociación colectiva y la incorporación de la previsión social a los convenios colectivos".
El reglamento del fondo público de pensiones se aprobará durante la presente legislatura, tal y como avanzó el ministro Escrivá a comienzos de junio. Fuentes del sector apuntan al 18 de julio como fecha límite para tener listo este reglamento, que define las funcionalidades de la plataforma digital común -el portal informativo- que abrirá ya la puerta a las aportaciones. A partir de 2024 es cuando empezarán a captar aportaciones por valor de 250 millones, recoge la justificación.
