El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la última parte de la reforma de pensiones ideada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Como detalle de última hora, el Gobierno ha aceptado una modificación en la cuota de solidaridad que introduce una cotización extra sobre todo el salario que excede la base máxima prevista por el Gobierno para cada año. Dejando atrás el 6% como cuota única para todos los salarios que superen dicho tope, la propuesta de PDeCAT aplica una cuota de hasta el 7% para los salarios que excedan un 50% la base máxima prevista en 2045, tras el periodo transitorio. En términos actuales, la sobrecotización del 7% se aplicaría sobre sueldos superiores a 90.000 euros.
Tal y como explican fuentes parlamentarias del grupo catalán, la medida está orientada a dotar de una mayor "progresividad", frente al carácter lineal de la anterior propuesta, que gravaría por igual a un salario cercano a la base máxima y a un salario más elevado. "Si es realmente de solidaridad, tendría que ser progresiva no sólo en su implantación, sino también en las cuantías sobre las que se aplica", explica Genís Boadella, diputado de la formación.
Así, la modificación incluirá tres tramos. El tramo bajo, hasta el 10% por encima de la base máxima prevista. Comenzará cotizando un 0,92% de la parte del salario que exceda la base máxima en 2025 y llegará a un 5,5% a final del periodo transitorio, en 2045. El tramo medio, entre el 10% y el 50% por encima de la base máxima. Comenzará cotizando un 1% y llegará a un 6% a final del periodo transitorio. El tramo alto, el que afectará a los salarios más elevados por encima del 50% de la base máxima prevista. Cotizarán desde el 1,17% y hasta el 7%.
Los salarios hasta un 10% por encima de la base máxima cotizarán un 0,92% ya en 2025
Este cambio en la cuota de solidaridad -que es finalista y no genera derecho a pensión, por tanto se denominaría impuesto- fue confirmada por la Seguridad Social tras "intensas reuniones" con la formación catalana tras la comisión del Pacto de Toledo, celebrada el miércoles, con el objetivo de pulir y perfilar la aplicación de la cotización extra.
En términos netos, la recaudación total y su impacto sobre la previsión de ingresos de esta última parte del plan Escrivá no varía. Según trasladan fuentes del Ministerio, el impacto de la cuota de solidaridad es ligeramente superior a 0,1 puntos del PIB.
En comparativa, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional mejorará entre 0,4 y 0,5 puntos del PIB y el destope de cotizaciones entre 0,5 y 0,6 décimas del PIB. Las tres ramas suman 1,1 puntos, una cuarta parte del incremento del gasto, por ende, del déficit previsto por la Comisión Europea en el Ageing Report, de 4,5 puntos del PIB.
A los autónomos se les descartó de la cuota de solidaridad ya que su nuevo sistema de cuotas arranca este mismo año y consideraron precipitado su inclusión.
Periodo de cómputo
La medida que ha bloqueado la reforma y ha provocado un incumplimiento en el calendario ha sido la modificación del periodo de cómputo para calcular la pensión. El ministerio de Inclusión ha diseñado un sistema dual que permitirá elegir entre los últimos 25 años, similar al actual modelo, o los 29 últimos años de cotización descartando 24 meses (dos años) para calcular la base reguladora.
Esta medida, tal y como reconocen fuentes de la Seguridad Social, tuvo la oposición frontal de todos los interlocutores de la reforma, tanto agentes sociales como grupos políticos. Al final, la propuesta definitiva incrementará el gasto en 0,2 puntos a mitad de siglo, reconocen.
Frente a la reforma de 2013, el equipo de Escrivá defiende que han diseñado unos cambios paramétricos que no afectan a la suficiencia de los pensionistas actuales y futuros. Explican que contribuye a cambiar el patrón de las reformas de pensiones españolas, al actuar sobre la mejora de ingresos y no sobre la austeridad y contención del gasto.
Las medidas para convencer a Bruselas
La reforma de pensiones traía pendiente un aspecto a discutir con Bruselas. La Comisión Europea, en vistas de marcar el horizonte a mitad de siglo, planteaba que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) fuera automático y se alargara hasta 2050 para tener una previsión de ingresos completa.
Mientras, el Gobierno español trasladaba una propuesta con un MEI hasta 2032. El punto de unión entre los técnicos españoles y los comisarios ha sido las revisiones cada tres años con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) como auditor de la sostenibilidad de las pensiones.
Así, el equipo de Escrivá ha sido capaz de convencer a la Comisión Europea de la necesidad de cláusulas suaves y condiciones flexibles para que los próximos mandatarios, a su opinión, adopten medidas por las diferentes vías ya propuestas si gasto se desvía: ingresos, gastos o ambas.
De hecho, fuentes de la Seguridad Social trasladan su confianza en que la reforma siembra la certidumbre, aunque no descartan que el próximo Gobierno cambie o derogue la ley.
En este sentido, el control periódico de la AIReF será clave. La institución vigilará la reforma a fin de que el gasto en pensiones no supere el 15% del PIB. Para ello, publicará y enviará al Gobierno, desde marzo de 2025 y cada tres años, un informe de análisis sobre cómo van evolucionando los ingresos.
Medidas descartadas
El Gobierno llegó a tener entre sus manos medidas alternativas para financiar las pensiones por la vía presupuestaria, además de las ya conocidas transferencias del Estado a la Seguridad Social como parte de la separación de fuentes de financiación.
Medidas como obtener ingresos por la vía impositiva (podría ser de impuestos como el IVA o el IRPF) que serían un trasvase de ingresos para pagar pensiones. Sin embargo, estas fórmulas alternativas quedan descartadas.
