Las pensiones mínimas subirán con el IPC "más uno o dos puntos" y no podrá ser inferior a 14.300 euros anuales

Los sindicatos confirman junto al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, su apoyo a la última parte de la reforma de pensiones. El acuerdo recoge un aumento de las pensiones mínimas y no contributivas con el IPC más "uno o dos puntos", explican fuentes negociadoras. Sobre la mesa, el Ministerio ha acordado con los sindicatos una mayor presión sobre los trabajadores y empresarios mediante una mayor carga en cotizaciones a través del destope de cuotas, y con la creación de dos nuevos impuestos que no generarán prestación: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que llegará al 1,2% en 2029, y el recargo de solidaridad del 6% sobre todo el salario que exceda la base máxima.

"La cotización adicional de solidaridad se liquidará respecto de las retribuciones que superen el importe del tope máximo de cotización", recoge el borrador definitivo al que ha tenido acceso elEconomista.es.

La actual base máxima de cotización roza los 54.000 euros y aumentará hasta los 74.000 más el IPC las próximas décadas; de ese tope en adelante, los salarios de 371.000 trabajadores cotizarán desde un 1% a un 6% extra, a razón de más de 1.500 millones anuales según Fedea, sin recibir prestación.

Esta reforma, recordemos, asienta sus bases sobre un mayor esfuerzo por la vía de los ingresos y un inexistente recorte del gasto pactado por Escrivá y los sindicatos. "La subida de cotizaciones no pone en peligro el tejido productivo de la economía española" y es "completamente manejable", criticó el ministro.  

El ministro Escrivá declaró que "11 millones de pensionistas se ven favorecidas por la persona. Damos a los jóvenes una referencia de medio y largo plazo porque hacemos el sistema sostenible y equitativo entre generaciones". "Garantizamos, afianzamos y robustecemos el sistema en tres dimensiones: la suficiencia, la equidad y la sostenibilidad", señala. La primera queda garantizada por la revalorización de las prestaciones públicas con el IPC que da "certeza" al pensionista.

Pensiones más bajas

El Gobierno repite con las pensiones mínimas una política semejante a la que aplica desde 2019 al Salario Mínimo. Estas no podrán ser inferiores al umbral de pobreza de un hogar de dos adultos. El borrador definitivo precisa un coeficiente de 1,5 puntos sobre el indicador de pobreza, que en la actualidad es algo superior a 9.500 euros y marcará el 'suelo' de las cuantías mínimas.

La pensión mínima alcanzaría los 14.300 euros este año, y 16.500 en 2027 según previsiones del Ministerio al multiplicar el umbral de pobreza por 1,5 como principal novedad, y bajo presión de los sindicatos, con el objetivo de prácticamente equiparar el SMI con la pensión mínima. Esta mejora de las pensiones mínimas por encima del umbral de pobreza contribuirá a la suficiencia, con alzas superiores al IPC durante los próximos años, según el ministro.

Las pensiones no contributivas se referenciarán con el 75% del umbral de pobreza de un hogar unipersonal. Y las pensiones mínimas contributivas, con el 60% del umbral de pobreza (mencionado previamente) de un hogar de dos personas mayores de 65 años.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, defendió que el acuerdo en pensiones es especialmente beneficioso "para los jóvenes", como así defiende el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pese al incremento de costes laborales que someterá este cambio legislativo en el país con mayor desempleo juvenil de toda Europa.  

Carlos Bravo, líder sindical de Comisiones Obreras (CCOO) defiende el paquete de medidas como una mejora de ingresos estructurales del sistema de la Seguridad Social que garantice la suficiencia de las pensiones en las próximas décadas. "Este acuerdo garantiza más ingresos y más certezas a nuestra población", y cree que la mejora de ingresos garantizará la solvencia de las cuentas de la Seguridad Social ante el mayor incremento del gasto por la jubilación del baby boom.  

Nueva 'cuota de solidaridad'

Aquella parte de estas retribuciones que no cotiza, por superar el mencionado límite de 54.000 euros anuales, se verá gravada con una cuota del 1% a partir de 2025 que aumentará un 0,25% cada año. El objetivo es que llegue al 6% en 2045 y, según confirman los sindicatos, se aplicará sobre la totalidad del salario que exceda la base máxima. La alusión a la "solidaridad" se debe, en este caso, a que la cuota no tiene carácter contributivo y, por lo tanto, no genera derecho a ningún tipo de contraprestación en la cuantía de la pensión.

Aún está prevista una tercera vía para incrementar los ingresos sirviéndose, en este caso, de un recurso puesto en marcha por la primera parte de la reforma: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Este protocolo establece un aumento de las cotizaciones destinado a nutrir el Fondo de Reserva, la llamada hucha de las pensiones. Ese plus se sitúa actualmente en el 0,6%, repartido entre la empresa (un 0,5%) y el trabajador (un 0,1%). El objetivo ahora es que el MEI equivalga al 1,2% en 2029. Para ello, crecerá una décima al año conservando el reparto ya mencionado entre el trabajador y la empresa.

Periodo de cómputo

Poco ha quedado de la pretensión de alargar el periodo de cómputo de las pensiones de modo sustancial (hasta los 30 años excluyendo los dos que se consideren peores a estos efectos). Esta iniciativa implica necesariamente un recorte de las futuras prestaciones que ni los sindicatos ni Podemos estaban dispuestos a aceptar. Para contentarlos, el Gobierno opta por una solución a la carta y no será hasta la década de 2040 cuando el periodo de cómputo alcance los 27 años.

Más concretamente, quienes se jubilen en los próximos años (hasta 2044) tendrán ante sí dos opciones. La primera se resume en que nada cambie; es decir, si así lo desea el futuro jubilado, se considerarán sus últimos 25 años cotizados para calcular su pensión tal y como establece la ley actual.

También tendrá a su alcance la posibilidad de que se consideren los últimos 29 años de su vida laboral, desechando los dos que se consideren peores. Por tanto, se tendrían en cuenta de modo efectivo un total de 27. Si el futuro jubilado no se decanta, será la propia Seguridad Social la que elija la opción que resulte más ventajosa para el trabajador.

Cuando se barajaba la opción de que el periodo se cómputo se extendiera a los 30 años, el Observatorio de Pensiones WTW ya avisó que, tal y como se planteaba ese cambio, su efecto sería mínimo a la hora de racionalizar el gasto de la Seguridad Social. WTW situó la rebaja de la pensión media en tan solo un 0,04%. La perspectiva es aún más insignificante con el nuevo cómputo a la carta que Escrivá plantea a los agentes sociales.

"No solo no recortará el gasto, sino que además existe la posibilidad de que lo incremente", según explica el abogado de Mercer y miembro de Ocopen, Antonio Méndez Baiges. Esta situación se debe a que se abre la posibilidad de que los jubilados que han tenido una carrera laboral más irregular elijan los 27 años más beneficiosos para ellos, en términos de cotización y eleven así su prestación.

Entre las medidas para aumentar los ingresos, figura la eliminación de los límites de cotización que hacen que ahora solo contribuyan los salarios hasta un límite situado en 54.000 euros al año ya conocida hasta la fecha. El tope desaparecerá progresivamente hasta 2050 con un alza de las bases equivalente a la tasa anual del IPC más un 1,2%. Por su parte las pensiones máximas se revalorizarán menos, en función del IPC más un 0,115%.