Madrid
El Consejo de Ministros ha ratificado la última parte de la reforma de pensiones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. El encargado de las pensiones ha pactado con sindicatos y los tradicionales socios de Gobierno, principalmente Unidas Podemos, y sin la patronal, una reforma que centra sus esfuerzos en subir las cotizaciones sociales hasta un 1,1% del PIB y no aplica un recorte del gasto.
Ahora, el ministro deberá conseguir la ratificación del real decreto-ley por mayoría de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados en un plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) mañana. Si no consigue convalidarlo, el real decreto-ley dejaría de estar en vigor. Pese a todo, Escrivá tiene amarrados los apoyos políticos en España y ha conseguido convencer a la Comisión Europea de la validez de su reforma a cambio de 10.000 millones de euros de financiación a través de fondos europeos.
Por su parte, toda la parte salarial que exceda la base máxima de cotización pagará una sobrecotización a la Seguridad Social desde hasta un 6% hasta mitad de siglo, un esfuerzo denominado 'cuota de solidaridad', según recoge el borrador definitivo al que accedió ayer elEconomista.es. Entrando en detalle, esta cotización estará dotada de progresividad y no será una medida lineal a petición de PdeCAT, de tal forma que se aplicará una sobrecotización mayor conforme más elevado sea el salario que exceda la base de cotización prevista por el Gobierno en la reforma.
El ministro Escrivá, defiende la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la reforma, afianzada sobre un mayor esfuerzo del empleado y los empleadores, es "totalmente asumible" para el tejido económico español, y no prevé una merma considerable del salario neto del trabajador. "Aseguramos la suficiencia del sistema de pensiones y lo hacemos equitativo y sostenible en el tiempo", explica, como pilares básicos.
Sobre el panorama europeo y, en concreto, la reforma de pensiones en Francia que tiene un carácter diferente a la española, Escrivá se desmarcó de la postura de Macron: "Francia tiene un modelo muy distinto y no ha abordado sus pensiones en mucho tiempo. Tiene 42 regímenes privilegiados de pensión. El sistema de pensiones francés no es sostenible", dijo, pese a que las autoridades francesas prevén un déficit cinco veces inferior al español sin abordar la reforma.
Así es la nueva reforma de pensiones
La ley incluye dos nuevos impuestos, denominados cotizaciones sin derecho a prestación, hasta mitad de siglo: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) duplicará su gravamen desde el 0,6% hasta el 1,2% de todas las nóminas desde 2029 en adelante. Esta herramienta prevé dotar de 130.000 millones de euros al Fondo de Reserva, la hucha de las pensiones que actualmente está prácticamente desierta. Esos ingresos comenzarán a usarse desde 2032 para pagar pensiones ante el incremento de la tensión financiera.
La ampliación del límite superior de las cotizaciones sociales por valor de 1,2 puntos anuales más la inflación media, junto con la ampliación de las pensiones máximas por valor de 0,115 puntos anuales más la inflación media, es una medida que ha espantado a la patronal CEOE-Cepyme. Diversos expertos alertan de una ruptura del principio de contributividad, es decir, la relación entre el esfuerzo aportado en cuotas y el salario diferido cobrado en forma de prestación pública.
La medida que ha bloqueado la reforma y ha provocado un incumplimiento en el calendario ha sido la modificación del periodo de cómputo para calcular la pensión. El ministerio de Inclusión ha diseñado un sistema dual que permitirá elegir entre los últimos 25 años, similar al actual modelo, o los 29 últimos años de cotización descartando 24 meses (dos años) para calcular la base reguladora. Esta segunda opción, recoge el borrador, entrará en vigor tras un periodo transitorio y no será completa al menos hasta 2038.
En este sentido, mejora la cobertura de las lagunas de cotización, es decir, las etapas en las que un trabajador ha sufrido el desempleo, ha tenido una carrera l y que trastocan su base reguladora. Esta modificación es prácticamente nula sobre las cuentas de la Seguridad Social, según varios expertos, con un efecto inapreciable entre los diferentes perfiles.
La reforma recoge otra novedad, una modificación sobre las prestaciones más bajas del sistema. En concreto, fuentes negociadoras trasladan a este medio que las pensiones contributivas mínimas y las no contributivas subirán con el IPC más "uno o dos puntos", según fuentes negociadoras, para ganar poder adquisitivo y estarán referenciadas al umbral de pobreza de un hogar con dos miembros.
El objetivo que persigue la reforma por esta parte es incrementar la protección de los pensionistas con prestaciones más bajas hasta elevarlo en línea con el salario mínimo interprofesional (SMI). Ya en 2023 debería alcanzar esta prestación los 14.300 euros anuales, según el documento. De cara a 2027, está previsto que las prestaciones mínimas rocen los 1.200 euros mensuales, 16.500 euros anuales para un pensionista con cónyuge a cargo.
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