Madrid
La reforma de pensiones acumula más de dos meses de retraso y varios bloqueos y eso tendrá consecuencias. El ministro José Luis Escrivá negocia aún a tres bandas el desbloqueo de los últimos retoques de la legislatura. Desde la Comisión Europea han levantado la mano con cierto margen para que Seguridad Social llegue a un acuerdo por unas medidas impopulares entre los agentes sociales y los grupos políticos, especialmente la ampliación del periodo de cómputo. Ante la amenaza que lanza Bruselas de suspender parte o la totalidad del pago de 10.000 millones de fondos europeos y los plazos incumplidos, Escrivá se encuentra ya abocado a recurrir a la fórmula del real decreto para aprobar la reforma de pensiones por la vía rápida, antes de Semana Santa. Si no fuera así, resultaría ya imposible que el ministro cumpla sus propios tiempos.
La reforma debería haber estado lista durante la segunda parte de 2022 según lo acordado en el Plan de Recuperación con la Comisión. Escrivá visitó en secreto Bruselas a finales de enero y una vez más, esta vez de forma oficial, en febrero. La visita de la misión de los Europarlamentarios para vigilar el despliegue de la financiación pública europea coincidió con la publicación de las bases para suspender parcial o totalmente un pago.
El próximo desembolso que recibiría España, de 10.000 millones, queda sujeto a varios hitos de pensiones: la ampliación del límite máximo de cotizaciones y de pensiones, la modificación del periodo de cómputo para calcular la pensión, el despliegue del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI, que sube 0,6 puntos las cotizaciones), además de un informe cuyas proyecciones avalen la sostenibilidad del sistema bajo estas modificaciones.
Así, el calendario pactado con Europa acota las posibilidades del ministro Escrivá, cuando además el año electoral limita las posibilidades. La única vía por la que podría tener luz verde en esta enquistada reforma es a través del real decreto-ley, alegando la existencia de motivos justificados, es decir, los plazos y la financiación que hay en juego.
Antonio Méndez Baiges, abogado de Mercer y miembro de OCOPEN, explica que ya no hay tiempo para tramitar la reforma como ley ordinaria. De esta forma, Escrivá se saltaría la fase de ponencias, la Comisión y plenos en ambas cámaras, además de la tramitación de enmiendas de los grupos parlamentarios que enriquecería el cambio legislativo, apunta el abogado.
"Obviando formalidades de Consejo de Estado, Consejo Económico y Social, consultas, etc, el Real Decreto Ley se aprueba en sesión del Consejo de Ministros y entra en vigor al publicarse a continuación en el BOE", explica Méndez Baiges. Aquí, el reto que tiene Escrivá es el de amarrar el apoyo necesario entre los grupos políticos para convalidar en el Congreso la reforma, donde el terreno es más inestable dadas las medidas planteadas. "Hay un plazo de un mes para que sea convalidado por el Congreso únicamente, que debe dar un sí o no al texto íntegro aprobado por el Gobierno. Si no se convalida por el Congreso, el Real Decreto-Ley pierde su vigor", sentencia.
El ministro calma las aguas
Sobre la presión de Bruselas, el ministro lanzó un mensaje de optimismo al "descartar" que la Comisión Europea esté trasladando más celeridad a España. "No hay ninguna inquietud. Estamos cerrando una reforma compleja, que es el cierre, que tiene muchas aristas y muchos elementos. Los estamos mirando cuidadosamente uno por uno para que todo esté al final perfectamente encajado y yo creo que nos estamos tomando el tiempo necesario, que en todo caso será muy poco", explicó en TVE.
Escrivá hizo hincapié sobre el calendario comprometido en el Plan de Recuperación para tener lista la segunda parte de la reforma de pensiones (31 de diciembre de 2022) era "indicativa" e insistió en que la Comisión Europea "no está pidiendo premura" a España. "Al contrario, ellos están verdaderamente interesados en que nos tomemos el tiempo necesario para que esté todo perfectamente afinado", señaló.
Eso sí, el ministro reconoció que, de alguna forma, el límite temporal a esta reforma sería el momento en el que España fuera examinada de los hitos y objetivos del Plan para recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos, algo para lo que, según Escrivá, hay todavía "cierto margen". En todo caso, declaró que está "particularmente interesado en hacer esta reforma de manera inminente", unas intenciones reiteradas.
Bloqueo por una medida neutra
Los consejeros editoriales de pensiones de este medio concluyen que la medida estrella de la actual reforma, observando el bagaje del ministro, no es el aumento del periodo de cómputo que bloquea la negociación, sino el destope de las bases de cotización máxima en mayor medida que el de las pensiones. La reforma actual trabaja concretamente sobre los parámetros que mejorarían los ingresos.
Así, Seguridad Social viene defendiendo que el impacto de ampliar los años observados para el cálculo de la pensión a 30 años, descartando los dos ejercicios más lesivos, sería prácticamente neutral a falta de incorporar mejoras en las lagunas de cotización de los trabajadores con etapas sin empleo. Así lo corroboran varios análisis del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social o de WTW.
Así, esta medida queda descartada para reducir el incremento del gasto en pensiones, que de aquí a mitad de siglo se prevé en 3,5 puntos más. Pese a todo, la académica Inma Domínguez (Universidad de Extremadura) defiende que la reforma, orientada por los ingresos, será insuficiente y apremia a España a garantizar la sostenibilidad del sistema por sí mismo antes de que la Comisión Europea imponga sus propias soluciones.
El clímax de esta segunda parte de la reforma de pensiones se dará una vez Escrivá elabore un informe que recoja las proyecciones económicas, demográficas y, esencialmente, de ingresos y gastos en pensiones que justifiquen el valor de la reforma como contrapunto a ese incremento del gasto. La Comisión Europea tendrá que valorar, informe en mano, si el plan Escrivá es suficiente para cubrir la sostenibilidad del sistema.
