Economía

El 'plan Escrivá' cubrirá solo un 25% del aumento del gasto en pensiones

  • La 'cuota de solidaridad' amplía su alcance y grava todo el tramo salarial que rebase los 54.000 euros
  • Las pensiones mínimas subirán con la inflación "más uno o dos puntos" para ajustarse al SMI
  • El Pacto de Toledo lamenta quedar relegado a "mero espectador"
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El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, reconoció ayer, ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, el escaso alcance de su propia reforma de pensiones, acordada con la UE hace escasos días. Escrivá prevé una mejora de ingresos del orden del 1,1% del PIB a mitad de este siglo, apenas una cuarta parte del mayor gasto previsto para el sistema, según el contenido del Ageing Report de la Comisión Europea, situado en el equivalente al 4,5% del PIB. Ese será el bajo rendimiento de medidas como la ampliación de la base máxima de cotización más la creación de dos extracotizaciones "sin derecho a prestación", es decir, dos impuestos como son el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y cuota de solidaridad.

La distribución del peso de estos mayores ingresos coincide con el análisis de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea, hechos públicos esta semana. Las proyecciones a largo plazo, admite el ministro, incluyen cierto grado de incertidumbre. Sobre el papel, las últimas proyecciones de la Comisión Europea, recogidas en el Ageing Report, alertan de que la mayor presión del gasto hasta mitad de siglo provocaría un déficit que cubrir de 4,5 puntos del PIB, principalmente por el mayor gasto en pensiones provocado por el retiro en masa de trabajadores del baby boom que deberá afrontar la Seguridad Social.

Así, el Ministerio recoge en un documento que el MEI aportará la mayor parte del grueso del incremento de los ingresos. Este impuesto, una cotización que no está contemplada como un salario en diferido que genere derecho a pensión, mejoraría en el entorno del 0,45% del PIB a mitad de siglo.

Esta cuota la asumirán la totalidad de salarios, y subirá anualmente desde el 0,6% actual hasta el 1,2% al término de la década, a expensas de mayores incrementos si el gasto se descuadra más de lo previsto por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Recargo extra sin límite

El borrador definitivo al que ha tenido acceso elEconomista.es elimina los límites en la cuota de solidaridad. Según este cambio, todo el salario que exceda la base máxima de cotización -que actualmente está en 54.000 euros anuales y subirá 38 puntos más el IPC las próximas décadas- cotizará desde un 1% al comienzo del periodo transitorio, que culminará con una sobrecotización "solidaria" del 6%.

La Agencia Tributaria cuantifica a 371.000 trabajadores que actualmente dejan de cotizar parte de su salario por ubicarse por encima de la base máxima de cotización, unos 1.500 millones anuales según Fedea, el 0,13% del PIB. Esta medida aportaría aproximadamente una décima del PIB, según calcula el Gobierno.

La subida anual de las bases máximas de cotización por valor de 1,2 puntos más el IPC medio de cada ejercicio. Esta rama será el otro gran pilar sobre el que se cimentan las expectativas del ministro Escrivá. A costa de la merama de la contributividad del sistema por subir solo 3,5 puntos las pensiones máximas, frente a los 38 puntos del esfuerzo en cotizaciones, el denominado destope mejoraría aproximadamente un 0,55% del PIB.

Pensiones mínimas

El borrador definitivo trasladado ayer a los agentes sociales recoge otra novedad, una modificación sobre las prestaciones más bajas del sistema. En concreto, fuentes negociadoras trasladan a este medio que las pensiones contributivas mínimas subirán con el IPC más "uno o dos puntos" y estarán referenciadas al umbral de pobreza de un hogar con dos miembros.

El objetivo que persigue la reforma por esta parte es incrementar la protección de los pensionistas con prestaciones más bajas hasta elevarlo en línea con el salario mínimo interprofesional (SMI). Ya en 2023 debería alcanzar esta prestación los 14.300 euros anuales, según el documento.

Críticas de los grupos políticos

El ministro Escrivá tuvo que hacer frente a las diversas opiniones de los grupos políticos. Lejos de cumplir su función, el Pacto de Toledo siente que ha quedado relegado a ser un "espectador" de una reforma que llega cerrada al Congreso y se tramitará por real decreto-ley, sin capacidad de introducir enmiendas. 

"Negociamos unas medidas que nos vienen dadas", criticaba la diputada de Cs, María Muñoz. "No respeta a la Comisión", criticó el diputado popular, Tomás Cabezón.

"Sin acuerdo político, con empresarios y sindicatos, esto dura un telediario y es para cubrir un mínimo", arrancó Ana Oramas, de Coalición Canaria, que tachó la reforma de "tirita" y de "poco ambiciosa".  Otros grupos criticaron la contradicción del discurso del propio Escrivá cuando presidía de la AIReF.

El abogado de Mercer y miembro de Ocopen, Antonio Méndez Baiges, reflexionó para elEconomista.es sobre el papel de órgano consultivo que debería descargar al Gobierno de turno del coste electoral de una reforma estructural en pensiones. 

"El espíritu del mismo [del Pacto de Toledo], aunque formalmente la Comisión haya subsistido, realmente no ha pervivido. Lo muestran la reforma sin consenso del Gobierno Rajoy de 2013, el inicial cierre en desacuerdo de la Comisión en 2019 y la contrareforma del Gobierno Sánchez de 2021, derogando lo principal de la de 2013 y aprobada sin consenso, con unas mayorías limitadas", lamenta.

En la constante búsqueda de la solución del sistema de pensiones, Méndez Baiges apunta a una reforma definitiva y duradera con "concesiones recíprocas" que reparta  los costes y sacrificios entre todos por igual: empresas, trabajadores y pensionistas. 

"Pero ni el Gobierno, ni los diferentes partidos, ni los agentes sociales están por la labor, cada uno a lo suyo, interesados, idelogizados, partidistas y/o electoralistas. La situación, dada la importancia y la gravedad del asunto, es insostenible", critica el abogado de Mercer y miembro de Ocopen.

A su vez, los esfuerzos de Vox  alertaron del incremento de los costes laborales y su impacto en el tejido productivo y el empleo.  

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