Economía

Los Actuarios temen más subidas de cotizaciones por el desvío del gasto en pensiones

  • Critican el impacto negativo sobre la contributividad y sostenibilidad
  • Concluyen que penaliza a los trabajadores jóvenes y los salarios altos
  • Reclaman más peso "técnico" de su profesión en las próximas decisiones
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A solo un día de que se debata en el Congreso el Real Decreto-ley que modifica el sistema de pensiones español, el Instituto de Actuarios Españoles (IAE) vuelve a alertar de que la 'reforma Escrivá' deteriora la equidad contributiva y lastra gravemente la sostenibilidad del sistema. El IAE viene a alinearse con los fundados temores expresados también por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) acerca de los cambios que se prevén en la normativa. Como vía de escape, prevén más subidas de cotizaciones a través del Mecanismo de Equidad por el desvío del gasto.

El nuevo informe elaborado de urgencia por el Instituto ante la inminencia del debate en el Congreso reúne las principales reflexiones de la entidad acerca de la nueva normativa y arroja que la reforma, al realizar un ajuste del incremento de las cotizaciones que recae, en mayor medida, sobre los afiliados más jóvenes y/o con salarios más elevados, trae implícito el deterioro de la equidad contributiva, intergeneracional e intrageneracional del sistema.

Igualmente, y a la vista de los datos expuestos por el propio Ministerio, la reforma provoca un sensible empeoramiento de la sostenibilidad financiera del sistema que, para el IAE, hará que se tenga que aplicar en su totalidad un mecanismo de ajuste que activará una fuerte subida de ingresos -muy probablemente mediante el alza del tipo de cotización-, con las consecuencias que esto puede tener en el mercado de trabajo y, nuevamente, sobre la equidad del sistema.

Como explica Gregorio Gil de Rozas, vocal de la Junta de Gobierno y responsable del Grupo de Investigación en Pensiones Públicas del IAE, "la reforma incide en reforzar la suficiencia de las pensiones, lo cual es positivo, pero retrocede en fortalecer la sostenibilidad, entendida como la capacidad presente y futura del sistema de atender los compromisos que adquiere, y potenciar la equidad del sistema, es decir, la equivalencia actuarial entre lo entregado y lo recibido. Dos aspectos clave que quedan seriamente perjudicados y que, a medio-largo plazo (20-30 años), ponen en serio peligro la suficiencia de las pensiones".

El informe muestra que la reforma supone también un importante cambio de las fuentes de financiación del sistema, al hacer recaer todo el peso del ajuste sobre las cotizaciones que pagan empresas y trabajadores. Asimismo, los actuarios expertos del IAE prevén una alta probabilidad de que, transcurrido el periodo previsto en la reforma, deba activarse el mecanismo automático de corrección de los desajustes para poder generar ingresos suficientes que los equilibren. Sin embargo, si esos ingresos extra se centran, como de hecho ocurre en esta reforma, en seguir aumentando el tipo de cotización, se puede provocar un significativo quebranto en el empleo.

Impacto financiero

En este sentido, el análisis del IAE, tomando como base los datos aportados por el Ageing Report 2021 de la Comisión Europea, explica que el déficit contributivo actual del sistema de Seguridad Social (del 2% del PIB, del 0,54% en 2022 si nos referimos a operaciones no financieras al descontar las transferencias del estado, que se reflejan en el déficit y la deuda soberana) va a empeorar porque, de un lado, la derogación del Índice de Revalorización de las Pensiones y del Factor de Sostenibilidad se reflejará en un incremento de 3,5 puntos del PIB.

De otro, el envejecimiento de la población supondrá otros 0,7 puntos de PIB. Compensar estos incrementos de gasto con el ahorro que supone el acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad legal resulta, cuanto menos, incierto. A esto habría que sumar, aproximadamente, 0,25 puntos por el efecto de las medidas que aumentan el gasto y restar 0,95 puntos como máximo derivados de los mayores ingresos que esta reforma genera.

Como señala Enrique Devesa, coordinador técnico del Grupo de Investigación en Pensiones Públicas del IAE, "muchos países avanzados han realizado reformas de sus sistemas de pensiones en las últimas décadas combinando diferentes medidas. Hablamos del control del gasto futuro; el refuerzo de la sostenibilidad mediante la implantación de mecanismos de ajuste automáticos; el aumento de la participación de los trabajadores y el reparto de los esfuerzos entre las generaciones y la responsabilidad institucional, corporativa y personal; la búsqueda del equilibrio entre la Seguridad Social y la Previsión Social Complementaria; la vinculación de la edad de jubilación con la esperanza de vida; la promoción de la permanencia en el mercado laboral; y, en algunos casos, la combinación con fórmulas de pensiones de aportación definida. La reforma que se propone en España, sin embargo, sólo aborda medidas para mejorar los ingresos".

Una reforma que acentúa el desequilibrio

Los actuales y futuros pensionistas mantendrán dos elementos importantes: el valor adquisitivo de sus pensiones, puesto que se revalorizarán con el IPC; y el nivel actual de tasa de reposición o relación de la pensión con el último salario, que es la más elevada de la eurozona. Esto, que es lógicamente positivo para los receptores de las pensiones, acentúa sin embargo el desequilibrio actuarial ya existente. Y todo ello va en contra del principio de contributividad y en detrimento de las cohortes más jóvenes.

Otro aspecto a tener muy en cuenta es que quienes se encuentren razonablemente cerca ya del momento en que se jubilarán verán recortadas sus pensiones en relación con sus cotizaciones, ya que una subida del tipo de cotización no redundará en una mayor pensión. De ello se deduce una pérdida de contributividad que afecta a la equidad intrageneracional, dotando a la parte contributiva del sistema de fines redistributivos más propios del primer pilar (asistencial) en otros sistemas.

En todo caso, y como quiere destacar Devesa, "el mayor impacto de esta reforma se dará entre los actuales cotizantes que además estén más alejados del momento de su jubilación. Todos ellos se verán afectados por la subida de los tipos de cotización; y, particularmente, aquellos cotizantes de salarios más elevados, que se verán adicionalmente impactados por la fuerte subida de la base de cotización máxima".

Esto supone una pérdida de equidad contributiva e intergeneracional y, potencialmente, va a tener consecuencias en los puestos de trabajo más cualificados y de mayor creación de valor, así como en las empresas que hacen un mayor uso de este tipo de perfiles. De hecho, para el Instituto es de especial interés medir el efecto que esta reforma puede tener en el tan deseado retraso de la edad real de jubilación, y en la permanencia en el mercado laboral más allá de la edad legal de jubilación.

Reclaman 'su' papel técnico

En este contexto de incertidumbre, Gil de Rozas quiere hacer constar que "wn todos los informes sobre la materia (2019, 2020 y 2022) hemos defendido un punto de vista puramente técnico, derivado del análisis de actuarios y expertos independientes, enfocado en mejorar la equidad y la sostenibilidad financiera de nuestro sistema de pensiones, sin que ello suponga sacrificar la suficiencia. En el marco de ese análisis, el Instituto ha sugerido al Ministerio diversos ajustes y reformas posibles que podrían haberse tenido en cuenta en la reforma que aquí se analiza. De haber sido así, es nuestro convencimiento que dicha reforma sería más equilibrada y eficaz".

Para el IAE urge resaltar la propuesta de la creación de la "Oficina del Actuario Jefe", organismo independiente que se encargaría de realizar todos los cálculos y proyecciones de ingresos y de gasto de la Seguridad Social, tanto del sistema actual como de cualquier propuesta de cambio del mismo.

Esta oficina ayudaría a explicar el sistema a la sociedad, reportaría directamente al Congreso de los Diputados y aplicaría las mejores prácticas, principios y criterios de la ciencia actuarial a nivel mundial. Como concluye Gil de Rozas, "replicaría el exitoso modelo anglosajón que actualmente aplican Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Japón, entre otros países, y que busca separar y diferenciar la dimensión técnica de aquella otra política o ideológica a la hora de tomar decisiones sobre el sistema de pensiones, algo que, en realidad, fue el objetivo con el que se creó el Pacto de Toledo en 1995".

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