Economía

Industria, finanzas y sanidad asumen el 43% del alza extra de cotizaciones

  • Escrivá centra la penalización en tres ramas de actividad que solo suponen el 25% del empleo
  • La memoria económica de la norma confirma que el coste de contratar subirá en sectores clave

La subida de cotizaciones a los salarios más altos que establece la reforma de pensiones tanto por la ampliación de la base máxima como por la 'cotización de solidaridad', no se repartirá de manera equilibrada entre los diversos sectores. Industria, sanidad y finanzas asumirán el 43% del alza pese a que solo suponen el 25% de la afiliación, según admite el propio ministerio de Inclusión y Seguridad Social en la memoria económica del Real Decreto-ley que se votará el jueves en el Congreso.

En concreto, el 17,54% de los profesionales 'aflorados' pertenecen a la industria manufacturera, el 13,66% a la Sanidad y el 12,06% a las actividades financieras. Le siguen el comercio, con un 11,8% y el sector público, que recoge a un 9,7% de los trabajadores afectados. También el tecnológico (un 7,28%), la logística (un 4,64%) y la educación (3,64%) entran en la lista de los más afectados. 

La subida progresiva de cotizaciones a los sueldos más altos aportará en 2050 unos ingresos extra equivalentes al 0,6% del PIB, unos 7.800 millones de euros. A ellos se suma la recaudación por la cuota del MEI (1% para todas las empresas y 0,2 para todos los trabajadores), con la que se espera llevar la dotación del Fondeo de Reserva a los 130.000 millones de euros.

Riesgo para el empleo

El Ejecutivo justifica esta subida porque los costes laborales en España son "moderados en comparación con los de la eurozona". "Los indicadores de costes laborales unitarios y competitividad en España muestran que existe margen para aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social", afirma el documento remitido al Congreso.

Con ello, se reafirma en la tesis de que tenga un impacto negativo en el empleo. Sin embargo, el documento remitido a la Cámara Baja revela también una desproporción entre el peso de estos sectores en la afiliación media y cómo se reparte el coste de las cotizaciones. Lo lógico es que a mayor peso en el empleo más trabajadores con salarios altos "aflorados". Pero no es así. Existe  una clara desproporción entre la distribución del impacto de la subida de la recaudación por actividades y la del peso de su empleo.

El sector financiero solo aporta el 2% de la afiliación, pero cargará con el 11% del aumento de la cotización. La industria manufacturera supone el 12% el empleo, pero cinco puntos más entre los trabajadores afectados por la cotización extra.

Mención aparte merece el sector tecnológico (información y comunicaciones), que solo aporta el 3,9% de la afiliación, pero el doble de los sujetos al el incremento de cuotas. Ello a pesar que tanto la memoria económica como el informe que Escrivá presentó en el Consejo de Ministros este martes presumen del incremento de contratos precisamente en este sector. 

Los datos se revelan en un momento en el que diversas voces advierten de del riesgo de encarecer el empleo en puestos clave para el futuro de la economía española. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) explicó que, a falta de conocer el análisis microeconómico por sectores, el impacto macro en los próximos tres años restaría entorno a 30.000 empleos debido a la exposición de la economía española a los incrementos de costes laborales y, en concreto, al efecto negativo en "empleos intensivos" que precisan de mucha mano de obra.    

Una subida muy rentable

La memoria muestra además cómo evolucionará la recaudación por subida de la cotización y confirma algo que ya han advertido todos los expertos: no se compensará con un incremento del gasto equivalente en pensión máxima, lo que supone un desincentivo adicional a la contratación de esos trabajadores.

El aumento de ingresos debido a la actualización anual del tope máximo de las bases de cotización, conforme al índice de revalorización de las pensiones contributivas y el incremento adicional de la cuantía fija anual hasta 2050, junto con la cotización adicional de solidaridad, situarán los ingresos en el 0,61 por ciento del PIB en 2050 (7.800 millones).

Pero el aumento aplicable al índice de revalorización de la pensión máxima habrá conducido a un gasto muy inferior, del 0,127€del PIB. Esto se traduce en un "rendimiento neto" para las arcas de la Seguridad Social del 0,48% del PIB.

La pasada semana, la AIReF ya pues sobre la mesa, antes que el propio Gobierno con esta memoria económica, el impacto de esta medida. En concreto, la auditora pública estima que el peso de la reforma recae por su naturaleza sobre los salarios que superan la base máxima de cotización actual, en 54.000 euros aproximadamente. La 'cuota de solidaridad' gravará desde un 5,5% y hasta un 7% el tramo salarial que supere la base máxima prevista, y el denominado 'destope' de este límite superior a ritmo de 1,2 puntos al año más la inflación media terminará por aflorar los salarios de, al menos, 74.000 euros.

Se fractura la contributividad del sistema

Los tramos salariales que quedaban hasta ahora exentos de cotizar a la Seguridad Social deberán aportar más a la caja de las pensiones, si bien la cuantía máxima que percibirán a cambio no se elevará en la misma cuantía y romperá, en cierta parte, la contributividad del sistema (tanto aportas, tanto recibes).

Los salarios por encima de la base máxima asumirán el 65% de los mayores ingresos previstos (en torno a 7.800 millones por estos impuestos), según la AiRef, mientras los salarios hasta la base máxima el 35% restante solamente a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional que, una vez finalizado el periodo transitorio en 2032, gravará el 1,2% del salario a todas las nóminas.

El golpe a los salarios por encima de la base de cotización máxima tras la el periodo transitorio que marca la reforma -esto es, ya en la década de 2040- supone un aumento del tipo efectivo sobre el que pagarán impuestos estos sueldos. Los más afectados, los que van de los 70.000 a los 100.000, que pagarán entorno a 10 puntos más por cotizaciones, es decir, de 7.500 euros más a 10.000 euros más al año, según la auditora pública,

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