El Consejo Editorial de Pensiones de El Economista se reunió recientemente para discutir, principalmente, sobre la reforma de pensiones española. En un ágora crítico e independiente, consideran que es insuficiente y que España tiene pendiente un gran pacto despolitizado y una reforma integral que reparta el coste entre todos los agentes, los trabajadores y los pensionistas, para dejar de pagar pensiones a costa de endeudarnos. Los consejeros apuntan, además, a una mejora de los planes de pensiones individuales y colectivos que mejoren la capacidad de ahorro complementaria a la prestación pública bajo un prisma realista.
El debate contó con la presencia de Fernando Ariza, director general adjunto de Mutualidad de la Abogacía; Juan Marina Rufas y Miguel Maylin Sanz en representación de Nationale-Nederlanden, David San Cristobal de PSN; académicos de la talla de Inmaculada Domínguez (Universidad de Extremadura) y Enrique Devesa (Universidad de Valencia), miembros del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social; Susana Criado, directora de Capital Intereconomía; Álvaro Monterde, de March RS; Asier Uribeechebarria, de Finanbest; María Jesús Sáez, interventora con larga carrera en la Seguridad Social; Antonio Méndez Baiges y Miguel Ángel Menéndez, de Mercer; Álvaro Granado de KPMG; y Álvaro Doménech de WTW.
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La actualidad aglutina las diversas opiniones de los asistentes. Desde Nationale-Nederlanden recalcan la necesidad de acuerdo político a largo plazo sobre el modelo de pensiones que España requiere. Una postura que Antonio Méndez Baiges, abogado de Mercer y miembro de Ocopen apoya: el sistema debería prioriza elementos desde el aspecto técnico y buscar el consenso social y político. Y su compañero especializado en el área laboral, Miguel Ángel Menéndez, apunta a una reforma definitiva, consensuada y efectiva.
La Comisión Europea valorará la diferencia entre los ingresos y el gasto para ver si el sistema español es sostenible. Por ahora, pagamos las pensiones a costa de endeudarnos (actualmente supera los 106.000 millones de euros), explican los consejeros, y el objetivo primordial, apunta Inmaculada Domínguez, es la mejora de la sostenibilidad hecha por España y no impuesta a base de recortes desde Europa. Para ello, habría que hacer un esfuerzo y explicar a cotizantes y pensionistas los problemas de financiación que conllevará este modelo y el déficit intergeneracional que generará.
Devesa apunta una solución a la que el sistema español estaría abocado a llegar de forma transitoria, que son las cuentas nocionales, un sistema contributivo y automático. ¿Qué necesitamos y cómo transicionar?, plantea, al respecto, Doménech de WTW.
Ahorro paralelo
El paquete de reformas de la actual legislatura incluye un novedoso fondo público de pensiones. Los profesionales del sector consultados creen que los plazos para su creación se irán más allá de lo estimado por el Gobierno. Además del correcto despliegue de la parte pública sostenible, los consejeros coinciden en que las expectativas de ahorro en los planes de pensiones deberían ser realistas y acordes a la capacidad de los salarios en España.
De igual manera, coinciden en el error, rectificable, de la rigidez fiscal de los planes individuales de pensiones que está impidiendo el ahorro con desplomes en las aportaciones y sin tener la oportunidad de invertir de forma paralela. "El ahorro provisional a futuro ya tenía un problema de base y no deja de ser un diferimiento", apuntan desde PSN, apremiando a que el Gobierno de turno mejore la cultura financiera y la capacidad ahorradora de los trabajadores y futuros pensionistas.
Edad biológica y pensiones
Uno de los puntos calientes del debate lo centró el término de la edad biológica para fijar la edad legal de jubilación, que Ariza planteó como un factor automático de ajuste y que actuaría sobre el parámetro del gasto. Es decir, si actualmente las pensiones cubre de media 21 años, conforme avance la esperanza de vida se ajustaría la edad legal de retiro para cubrir los mismos años cobrando prestación.
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