Sindicatos y patronal rechazan firmar la reforma de pensiones sin negociar con Escrivá

El sindicato UGT ha trasladado su rechazo a la reforma de pensiones que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, prevé cerrar por la vía exprés, alegando carácter de urgencia y usando la fórmula del real decreto-ley, tal y como informó elEconomista.es. Escrivá reitera que su aprobación es "inminente", y bajo este procedimiento la ley quedaría publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras dar el Consejo de Ministros su aprobación. "No tenemos conocimiento. No estamos en condiciones de firmar ningún acuerdo con lo que conocemos hasta ahora. Después de negociar, vamos a necesitar un tiempo para debatir la posibilidad de acuerdo internamente en el sindicato", replica Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Ni los sindicatos ni los empresarios plasmarán su firma sin negociar. "Para buscar el acuerdo es necesario estar dispuesto a negociar y no traer una reforma ya cerrada", sentencian fuentes patronales.

El sindicato descarta que la reforma de pensiones se pueda resolver de la misma forma que la reforma laboral. Y, en el caso de negociar con el Ministerio, alegan que la propia central sindical tendría que negociar de forma interna (con las organizaciones, los delegados y someterlo al propio Comité) el consenso para apoyar, o no, los cambios en pensiones. De igual forma manifiestan fuentes de CCOO consultadas, que aún esperan al departamento de Escrivá para sentarse a la mesa y solo negociarán las medidas avaladas por el Pacto de Toledo, indican.

Por descontado se da ya la negativa de la patronal CEOE-Cepyme, alegando principalmente su rechazo al incremento de costes laborales que provocaría el destope de cotizaciones, que subirían en mayor medida que las pensiones durante tres décadas. Fuentes empresariales trasladan también su negativa a firmar la reforma de pensiones sin negociar en la mesa de diálogo social. 

El 'modus operandi' del equipo de Escrivá abre la puerta a una reforma sin consenso en la mesa de diálogo social. "Apoyándose en el amplio consenso parlamentario sustanciado en la aprobación de las recomendaciones del marco del Pacto de Toledo, se propone la puesta en marcha de un paquete de medidas complementarias entre sí que serán elevadas al diálogo social", recoge el texto del Gobierno comprometido con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Si Escrivá da este paso, la Comisión Europea tendría argumentos más allá de la sostenibilidad para manifestar cualquier su negativa a la reforma que España lleve a Bruselas y decidir hasta qué punto levanta la mano.

Los sindicatos son conscientes del terreno pantanoso sobre el que se mueve la reforma de pensiones, con medidas impopulares que afectarían al trabajador. Es la subida de los años de cotización observados para calcular la pensión lo que bloquea la negociación con ellos. Así, los sindicatos emplazan al Gobierno a conseguir el apoyo y consenso de los grupos políticos necesario en el marco del Pacto de Toledo.

¿Cómo se tramitaría la reforma?

Este medio consultó expertos jurídicos para aclarar la hoja de ruta legislativa que escoge Escrivá. "Obviando formalidades de Consejo de Estado, Consejo Económico y Social, consultas, etc, el Real Decreto Ley se aprueba en sesión del Consejo de Ministros y entra en vigor al publicarse a continuación en el BOE", explica Antonio Méndez Baiges, abogado de Mercer y miembro de OCOPEN.

Una vez en este punto, el reto que tiene Escrivá es el de amarrar el apoyo necesario entre los grupos políticos para convalidar en el Congreso la reforma, donde el terreno es más inestable dadas las medidas planteadas. "Hay un plazo de un mes para que sea convalidado por el Congreso únicamente, que debe dar un sí o no al texto íntegro aprobado por el Gobierno. Si no se convalida por el Congreso, el Real Decreto-Ley pierde su vigor", sentencia.

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