El tiempo corre en contra el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, que cada día acumula mayor presión entorno a la segunda parte de la reforma de las pensiones que sigue desarrollando su departamento. La misión del Parlamento Europeo, que esta semana visitó España, apuntó al incumplimiento de los plazos pactados con Bruselas que esperaba la aprobación de la norma a finales del pasado mes de diciembre.
Sin embargo, el Ejecutivo sigue desarrollando un texto vital para la sostenibilidad del sistema, entre las prisas y las advertencias de la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario habría dado un plazo de gracia a Escrivá, que de no cumplirse pondría en riesgo los siguientes tramos de los Next Generation con los que el Gobierno cuenta para seguir manteniendo a flote la economía. Sin embargo, la premura ha desplazo el debate sobre el contenido que sigue negociándose.
En su primer tramo, el Gobierno asumió un crecimiento del gasto en pensiones de 3,5 puntos sobre el PIB hasta 2050, "pensamos que es muy difícil de financiar, y esperamos que la segunda parte de la reforma pueda compensarlo", ha asegurado Ángel de la Fuente, director de Fedea, en un coloquio organizado este jueves por el Consejo General de Economistas. El economista señala al texto, como uno de los puntos más preocupantes del Plan de Recuperación que está desarrollando Moncloa, y al que las instituciones y socios europeos miran con lupa.
De la Fuente destaca los peligros de mantener la senda abierta por Escrivá, especialmente para la salud de las arcas públicas. "La presión del gasto en pensiones amenaza con comerse todo el margen presupuestario que tenemos para otras prioridades como la salud o la dependencia, dos factores muy ligados al envejecimiento de la población al que España se dirige", ha añadido. Para evitar un déficit descontrolado del sistema de pensiones, el director de la entidad de análisis recomienda incluir un recargo sobre la cuota del IRPF para todos los trabajadores, en lugar de a las rentas más altas, tal y como se incluye en el borrador de la norma que el ministro de la Seguridad Social discute con Bruselas. Una decisión complicada que exige un esfuerzo adicional en un año muy sensible para la política, en el que se celebrarán dos citas con las urnas. La norma debe ser además del gusto del comisario de Economía, el italiano Paolo Gentiloni, con quien el ministro sigue consensuando plazos y contenido.
Prueba y error
La resaca que ha dejado la expedición de la eurocámara tras su paso por España genera mucha menos incertidumbre a los expertos. La líder la delegación, la alemana Monika Hohlmeier, pidió el pasado miércoles mayor celeridad y transparencia en el control de los fondos europeos. La eurodiputada miembro del Partido Popular Europeo criticó el exceso de burocracia al que el despliegue del mecanismo se enfrenta, lo que según ella, está retrasando el aterrizaje de la financiación.
"Creo que muchos no conocen como funcionan buena parte de las subvenciones públicas, y más las comunitarias", ha respondido el presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, que ha recordado que "la realidad es que hay muchas dinámicas, mucha prudencia y debe haber mucho control por parte de los equipos administrativos".
Una burocracia necesaria, que retrasa el despliegue pero también la información sobre la ejecución real de la financiación. Hohlmeier puso el acento en este punto tras concluir su misión en España. La alemana dijo marcharse sin haber "visto una cadena de gasto y desembolso hasta el beneficiario final". El aterrizaje final de los fondos recorre un largo proceso que involucra a todas las administraciones públicas, lo que dificulta su agilidad y transparencia.
"Hay bastante poca información del desarrollo del Plan de Recuperación fuera de los ministerios", ha reconocido De la Fuente que quiso recordar que el Gobierno central tan sólo se ocupa de la implementación de la primera fase, "pero en cuando la gestión pasa a manos de las entidades u otras administraciones, la información baja de calidad", ha dicho.
Los Next Generation han convertido a España en el gran banco de pruebas de gestión, y los economistas reconocieron la virtud del ensayo y error con el que debe contar el Gobierno de Pedro Sánchez y el resto de comunidades y entidades locales. El resto de socios europeos siguen con lupa el caso español, para afinar sus próximos pasos.
