Opinión

¿Qué fue del Pacto de Toledo?

  • La solución pasa por repartir el esfuerzo entre cotizantes y pensionistas
  • España debería buscar una única reforma que sea definitiva y duradera
Acuerdo por la reforma de pensiones entre Escrivá y los sindicatos. EE
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La pasada semana, la del polémico cierre de la conocida como "segunda fase" de la reforma de las pensiones, ha sido muy rica en declaraciones públicas que, sumadas a todas las que venimos estando acostumbrados, ilustran perfectamente lo descacharrante de la situación.

Sólo dos ejemplos.

El secretario general de una gran central sindical ha declarado que claro que hay que aumentar la recaudación de la Seguridad Social, porque el número de pensionistas en unos años pasara de 10 a 15 millones. ¿Cómo? ¿Contra la demografía y la longevidad adversas? ¿De dónde saldrá esa recaudación? Parece que dijera: "esto lo paga alguien, no importa quién, pero carta en la mesa está presa y, venga lo que venga, se va a seguir pagando siempre lo que hoy hay". Por su parte, el presidente de una gran asociación profesional ha declarado que no se entiende por qué se incrementan las cotizaciones si al mismo tiempo se recortan las prestaciones, lo cual, aparte de que en cuanto a la segunda afirmación es inexacto, denota en su conjunto también una grave percepción equivocada de la cuestión.

¡Pues claro que hay que recortar prestaciones e incrementar cotizaciones, las dos cosas, pues de eso se trata precisamente, de que la solución al gap de recursos disponibles frente a obligaciones adquiridas se reparta equitativamente entre cotizantes y pensionistas y no recaiga sobre las espaldas de una de las partes solamente! Y, en paralelo, la guerra de cifras: que si el aumento de las cotizaciones no cubre ni un 25 por 100 del aumento del gasto en pensiones, que si no, que es al revés…

Esto es precisamente lo que está pasando, que, en lugar de hacerse unos números únicos determinados por unos técnicos aceptados por todas las partes y, a partir de ellos, buscar soluciones consensuadas y equilibradas, con reparto de los sacrificios necesarios entre todos, cada parte, mirando únicamente por su interés y su ideología, defiende sólo su posición, cual castillo roquero y con sus "peritos de parte". Es la muerte del espíritu del Pacto de Toledo.

Hace más de 25 años, como resultado de unas conversaciones en el parador de la ciudad que le da nombre entre representantes del PSOE, PP, CIU e IU, se aprobó por el pleno del Congreso de los Diputados, en abril de 1995, el conocido como Pacto de Toledo, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, y dio lugar a la creación de la Comisión del Congreso así denominada. Su objeto: el análisis de los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social y de las principales reformas que debían acometerse. Obviamente, dada la trascendencia y las muchas espinas de la cuestión, se trataba de someter el asunto al consenso, por encima de las posturas ideológicas, de los intereses partidistas y, claro está, de los cálculos electorales. Pero el espíritu de dicho Pacto, aunque formalmente la Comisión haya subsistido, realmente no ha pervivido.

Lo muestran las reformas sin consenso del Gobierno Zapatero de 2011 y del Gobierno Rajoy de 2013 y, más recientemente, la "contrarreforma" del Gobierno Sánchez de 2021, derogando lo principal de la de 2013 y también a aprobada sin consenso. Por el mismo camino va la presente segunda fase de la reforma del Gobierno Sánchez. La de 2013 pivotaba sobre el control del gasto en pensiones, mientras que la de 2021 que derogó aquella, sumada a la de 2023, pivotan, por el contrario, sobre el aumento de los ingresos por cotizaciones.

Si esto es así, ¿qué puede hacer entonces una posible nueva mayoría parlamentaria en una próxima legislatura? Es por eso que decimos que el espíritu del Pacto de Toledo no pervive.

A nuestro humilde parecer, lo que se debería hacer es una única reforma, con vocación de definitiva y duradera, que incidiera igualmente sobre los ingresos y los gastos del sistema, repartiendo los costes y sacrificios entre todos por igual (empresas, trabajadores y pensionistas), y adoptada por consenso de todos, con coincidencia en la valoración técnica de la situación y concesiones recíprocas de todos los afectados. Pero ni el Gobierno, ni los diferentes partidos, ni los sindicatos ni las patronales están por la labor, cada uno a lo suyo, interesados, ideologizados, partidistas y/o electoralistas.

Parece ser que Bruselas "consiente" en esta reforma, pero, sobre las bases que la misma se hace, parece más bien una tregua que indulgentemente concede, de momento, consciente de la fragilidad de la coalición gobernante y de que estamos en año electoral, pero que esto no puede ni se va a quedar así para siempre.

Para nuestro mal, ¡qué lejos, pero qué lejos nos encontramos del espíritu y la mentalidad de aquellas remotas y esperanzadoras jornadas de diálogo celebradas en 1995 en la Ciudad Imperial!

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