OPINIÓN

Parece que existe cierto pulso y debate sobre a qué ministerio corresponde la iniciativa y competencia en materia de planes de pensiones y sistemas o productos de ahorro-previsión. Desde su nombramiento para el cargo, el titular del Ministerio que incluye a la Seguridad Social, no sin un buen background, ha efectuado diversas y polémicas declaraciones acerca de su visión y planteamientos sobre este tema. A partir de cierto momento, la titular de Economía parece haberle desautorizado y haber tomado bajo su cargo la cuestión. Una pregunta básica sería: ¿a cuál de los dos departamentos corresponde legalmente la iniciativa y competencia en la materia?

ANÁLISIS

El Real Decreto-ley 11/2020, de 1 de abril, aprobado por el Gobierno establece la disponibilidad de los planes de pensiones en caso de encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) derivado de la pandemia del COVID-19. También este decreto establece que el límite disponible de dichos derechos consolidados para este supuesto son los correspondientes a los salarios dejados de percibir mientras mantenga su vigencia el ERTE, importes que deben ser acreditados. La medida estará en vigor durante seis meses desde el día 15 de marzo de 2020.

ANÁLISIS

Al hilo de las recientes declaraciones de la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, destacando la necesidad de avanzar en el "cumplimiento íntegro" del Estatuto y asegurando que ello "conlleva la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social", hay que destacar que el Tribunal Constitucional (TC) ve posible la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco bajo ciertas condiciones. Puede verse en una sentencia en relación a dos recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno Vasco contra la atribución al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de la gestión de las ayudas para que suscriban un contrato de formación y aprendizaje, por un lado, y, por otro, frente a un recurso contra la regulación por parte del Estado del Subsidio Extraordinario de Desempleo (SED).

Tribuna

Según la disposición transitoria 11ª de la Ley del IRPF, las prestaciones de seguros colectivos de empresa contratados antes de 20/01/2006 para cubrir la jubilación de empleados pueden aplicarse el régimen fiscal vigente a 31/12/2006 (fundamentalmente, una reducción del 40% en base imponible para capitales). Según dicha disposición, este régimen solo aplica, por un lado, a la parte de la prestación correspondiente a las primas satisfechas hasta 31/12/2006 y, por otro, a la correspondiente a las primas ordinarias previstas en la póliza original satisfechas con posterioridad a esta fecha. Al interpretar esto, el proceder de la Autoridad Tributaria -y de las aseguradoras pagadoras de las prestaciones y retenedoras sobre las mismas- es ilustrativo del proceso de laminación de beneficios fiscales que está llevando a cabo la Administración.

Tribuna

Les voy a contar una historia que no sucedió, pero que perfectamente podría haber sucedido. Es cuestión pacífica y universalmente aceptada que en nuestro Derecho Laboral, fuera del caso de la jubilación forzosa establecida en convenio colectivo -y aún esto solo desde hace poco tiempo-, la jubilación es un derecho del trabajador, no una obligación.

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