Por un lado, las elecciones están a la vuelta de la esquina; por otro, aunque tarde, de cualquier manera y sin que uno pueda sustraerse a pensar que con la presencia de una buena dosis de improvisación, la implantación de la conocida como "segunda fase" de la reforma del sistema público de pensiones de la Seguridad Social ha sido dejada atrás en el tiempo, no es ya un tema de actualidad tan acuciante y omnipresente en los medios de comunicación como lo fuera, y se encuentra, en fin, en un estado larvario o de hibernación.

E n el mes de mayo de 2018, 35 catedráticos de Derecho Financiero y Tributario reunidos en Granada aprobaron el documento conocido como la "Declaración de Granada", conteniendo una severa recusación al funcionamiento habitual de la Hacienda Pública en los años inmediatamente precedentes. Abundando en ese mismo tema, que no ha cesado de estar en boga en ningún momento, en este artículo se exponen algunas de las cosas con las que uno suele toparse hoy en día en el ejercicio de su práctica profesional, en parte coincidentes con las observaciones de la referida declaración y en parte adicionales.

El título del artículo de hoy alude a la invariable respuesta que, por parte de los departamentos jurídicos de muchas compañías aseguradoras, se recibe cada vez que se les propone hacer algo que se salga mínimamente de su rutina habitual. Con una mezcla de ignorancia e incomprensión desconfiadas y de temor reverencial a qué dirán la Agencia Tributaria, la Inspección de Tributos, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y/o las administraciones públicas en general, la respuesta a la menor duda sobre cualquier acción u operación novedosa es, por defecto y sin mayor investigación, siempre la misma: "No se puede" o "Sí o sí se tiene que hacer de esta manera".

Aunque no es objeto de la reciente última fase de la reforma de las pensiones, un ejemplo del sinsentido de las medidas que se están adoptando es, sin lugar a dudas, el del establecimiento de la revalorización automática sin más de las pensiones con el IPC. Aun sin números ni datos, pensar así parece de sentido común.