Antonio Méndez Baiges

Abogado en Mercer (Miembro de Ocopen)

Finalmente, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados ha emitido sus recomendaciones sobre el sistema público de pensiones de la Seguridad Social, con alguna apostilla también sobre los sistemas de previsión social complementaria.

Un ministro hace unas declaraciones públicas en que afirma que se deben adoptar medidas para retrasar la edad efectiva de jubilación como medio para contribuir a equilibrar los costes del sistema de pensiones de la Seguridad Social y la titular de otra cartera le contradice haciendo otras declaraciones, igualmente públicas, en las que afirma que la pronta jubilación de los mayores brinda más oportunidades a los jóvenes en el mercado de trabajo.

OPINIÓN

Parece que existe cierto pulso y debate sobre a qué ministerio corresponde la iniciativa y competencia en materia de planes de pensiones y sistemas o productos de ahorro-previsión. Desde su nombramiento para el cargo, el titular del Ministerio que incluye a la Seguridad Social, no sin un buen background, ha efectuado diversas y polémicas declaraciones acerca de su visión y planteamientos sobre este tema. A partir de cierto momento, la titular de Economía parece haberle desautorizado y haber tomado bajo su cargo la cuestión. Una pregunta básica sería: ¿a cuál de los dos departamentos corresponde legalmente la iniciativa y competencia en la materia?

ANÁLISIS

El Real Decreto-ley 11/2020, de 1 de abril, aprobado por el Gobierno establece la disponibilidad de los planes de pensiones en caso de encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) derivado de la pandemia del COVID-19. También este decreto establece que el límite disponible de dichos derechos consolidados para este supuesto son los correspondientes a los salarios dejados de percibir mientras mantenga su vigencia el ERTE, importes que deben ser acreditados. La medida estará en vigor durante seis meses desde el día 15 de marzo de 2020.

ANÁLISIS

Al hilo de las recientes declaraciones de la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, destacando la necesidad de avanzar en el "cumplimiento íntegro" del Estatuto y asegurando que ello "conlleva la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social", hay que destacar que el Tribunal Constitucional (TC) ve posible la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco bajo ciertas condiciones. Puede verse en una sentencia en relación a dos recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno Vasco contra la atribución al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de la gestión de las ayudas para que suscriban un contrato de formación y aprendizaje, por un lado, y, por otro, frente a un recurso contra la regulación por parte del Estado del Subsidio Extraordinario de Desempleo (SED).

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