Antonio Méndez Baiges

Abogado en Mercer (Miembro de Ocopen)

Es una situación francamente alarmante. Se está dando el caso de la necesidad de contratar seguros de fallecimiento e invalidez permanente cuyo tomador es una empresa domiciliada en España y cuyos asegurados son empleados con relación laboral con la misma, aunque residan y presten sus servicios desde el extranjero, habiéndose sometido dicha relación laboral al Estatuto de los Trabajadores.

Hasta 2012, existía la posibilidad legal de que los convenios colectivos pudieran incluir cláusulas que obligaran a los empleados a jubilarse forzosamente al alcanzar la edad de jubilación en la Seguridad Social sin derecho a indemnización alguna, cláusulas que constituían una excepción a la regla general de que la jubilación es una opción voluntaria del trabajador. En dicho año, con gobierno del Partido Popular, se eliminó dicha posibilidad legal.

Finalmente, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados ha emitido sus recomendaciones sobre el sistema público de pensiones de la Seguridad Social, con alguna apostilla también sobre los sistemas de previsión social complementaria.

Un ministro hace unas declaraciones públicas en que afirma que se deben adoptar medidas para retrasar la edad efectiva de jubilación como medio para contribuir a equilibrar los costes del sistema de pensiones de la Seguridad Social y la titular de otra cartera le contradice haciendo otras declaraciones, igualmente públicas, en las que afirma que la pronta jubilación de los mayores brinda más oportunidades a los jóvenes en el mercado de trabajo.

OPINIÓN

Parece que existe cierto pulso y debate sobre a qué ministerio corresponde la iniciativa y competencia en materia de planes de pensiones y sistemas o productos de ahorro-previsión. Desde su nombramiento para el cargo, el titular del Ministerio que incluye a la Seguridad Social, no sin un buen background, ha efectuado diversas y polémicas declaraciones acerca de su visión y planteamientos sobre este tema. A partir de cierto momento, la titular de Economía parece haberle desautorizado y haber tomado bajo su cargo la cuestión. Una pregunta básica sería: ¿a cuál de los dos departamentos corresponde legalmente la iniciativa y competencia en la materia?

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