Economía

El Banco de España prevé nuevos ajustes en la reforma de pensiones ya en 2025

  • Bruselas impuso un mecanismo de ajuste automático en caso de desvío del gasto
  • De Cos considera que la reforma es insuficiente para cubrir el mayor gasto
  • Alerta del desplome en aportaciones al sistema privado de pensiones
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en una foto de archivo. EFE
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El Banco de España ha presentado su informe anual en el que realiza un análisis y valoración de una de las grandes reformas comprometidas con la Comisión Europea: la del sistema de pensiones. "El análisis de los principales cambios normativos introducidos desde 2021, si bien está sujeto a una elevada incertidumbre, apunta a que, previsiblemente, será necesario adoptar nuevas medidas a partir de 2025 para reforzar su sostenibilidad financiera", explica el banco central que encabeza su gobernador, Pablo Hernández de Cos. De hecho, recalca que el esfuerzo de la Seguridad Social ha subido un 26% en una década, el equivalente a 1,6 puntos del PIB más desde 2012.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, prácticamente ha culminado los cambios estructurales, incluyendo subidas de cotizaciones en mayor grado que las pensiones, nuevos tipos de cuotas para asalariados y autónomos, modificaciones en los años observados para calcular la prestación o la revalorización de las pagas con el IPC como medidas estrella.

Así, el Banco de España apunta a que la reforma requerirá de medidas adicionales ya en la próxima legislatura, bien por el lado del gasto o de los ingresos, para cubrir el desfase generado por los cambios introducidos y la pura presión de la demografía y el envejecimiento. En marzo de 2025 será la primera revisión de la reforma, a través de la cláusula de escape, un mecanismo de ajuste automático impuesto por la Comisión Europea, del denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (una cotización extra sobre todos los salarios para nutrir el Fondo de Reserva que se usará para pagar las prestaciones del baby boom). 

Para entonces, el Banco de España abre la puerta a una probable revisión de la reforma que, en última instancia, sería una subida del tipo de cotización para cubrir el desfase de gasto que prevé el Banco de España. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) evaluará si el gasto en pensiones no supera el 15%, siempre bajo los supuestos que les otorgue el Gobierno, una crítica del organismo que preside Cristina Herrero. De hecho, los supuestos que maneja la auditora pública o Fedea apuntan a medidas adicionales en la primera revisión del MEI. 

"Nuestro sistema de pensiones deberá afrontar mayores obligaciones de gasto en el largo plazo, que no han sido plenamente compensadas por el lado de los ingresos". La reforma ideada por Escrivá está claramente orientada a la búsqueda de más recursos a través de cotizaciones sin recortar el gasto, lo que provocará un impacto heterogéneo por generaciones y una ruptura del principio contributividad (tanto aportas, tanto recibes). Y es que las bases máximas de cotización subirán con el IPC medio más un recargo extra de 1,2 puntos, y las pensiones más altas lo harán con el IPC medio más 0,15 puntos. 

Reclama transparencia al Gobierno

A ello se suma que la Ley incluye dos nuevos impuestos, denominados cotizaciones sin derecho a prestación, hasta mitad de siglo. El MEI duplicará su gravamen sobre todas las nóminas, pasando del 0,6% al 1,2% desde 2029 en adelante. Esta herramienta prevé dotar de 130.000 millones de euros al Fondo de Reserva, la hucha de las pensiones que actualmente está prácticamente desierta. Esos ingresos comenzarán a usarse desde 2032 para pagar pensiones ante el incremento de la tensión financiera. Y también la cuota de solidaridad, una cotización sobre el tramo salarial que supere la base máxima de cotización (actualmente en unos 54.000 euros anuales), y que tampoco genera derecho a pensión.   

"En la medida en que dichos incrementos no redundarán en mayores derechos de pensión, se desplegarán de forma progresiva —lo que generará heterogeneidad en el impacto entre las distintas cohortes— y, en algunos casos, difieren a lo largo de la distribución de salarios, puede resultar conveniente analizar sus consecuencias redistributivas y en términos de equidad intergeneracional, con el fin de dotar de transparencia al sistema", explica el Banco de España.

Ahorro paralelo a la pensión 

El Banco de España destaca también las medidas abordadas sobre el segundo y tercer pilar del sistema de pensiones, es decir, la del ahorro paralelo a la prestación pública en los planes de empresa y los individuales. Cita un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), think tank asociado a CEOE, que relega el marco regulatorio de España como uno de los países más desfavorables para el ahorro entre las grandes economías desarrolladas. Especialmente sobre los planes individuales se han aplicado constantes rebajas de las deducciones en IRPF por aportaciones que "explicaría en parte la notable caída de las aportaciones observada desde 2020". En concreto, las aportaciones al sistema individual bajaron un 60% en la comparativa de 2022 frente a 2020, y los de empleo un 6,4%. En total el ahorro en sistema privados ha mermado un 48,5%.  

De forma paralela, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está desarrollando un fondo público de pensiones que se verá atrasado al menos hasta la próxima legislatura por el retraso en el reglamento que rige la parte técnica y funciones de la plataforma digital común, es decir, del portal de información, tal y como adelantó elEconomista.es.  

Finalmente, la entidad central plantea analizar si el impacto negativo sobre los sistemas de ahorro privado es transitorios o permanentes, "y analizar si pudiera ser necesario ajustar la regulación de los distintos planes de pensiones" para preservar el "papel relevante" del ahorro privado para la jubilación como complemento a la prestación público ante el incremento del gasto que plantea el envejecimiento de la población.

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