
El think tank de economía aplicada, Fedea, analiza el impacto presupuestario de la última reforma de pensiones. En concreto, uno de los condicionantes que actualiza la Ley tiene que ver con la cotización extra sobre todos los salarios para llenar la hucha de pensiones, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Esta cuota comienza gravando un 0,6% sobre todos los salarios, y tiene una cláusula de escape por la que, si el gasto en pensiones supera el 15% del PIB, se incrementarían las cotizaciones por contingencias comunes. Fedea prevé que, en la primera revisión -que será en la próxima legislatura- el Gobierno suba las cotizaciones para cubrir este desfase que prevé inmediato.
El incremento del tipo de estas cotizaciones sociales sería de entre tres y cuatro puntos en el próximo lustro, y se aplicaría sobre la cuota por contingencias comunes, según recoge la normativa, que actualmente está en proceso de enmiendas en el Congreso de los Diputados, como anteproyecto de ley (tras ser tramitada como real decreto-ley).
El la cláusula de escape o de salvaguarda del MEI se activa, pues, para cubrir el caso de exceso del gasto en pensiones previsto. Este ajuste se podría realizar acordando medidas en el diálogo social sobre el gasto, los ingresos o ambas. En el caso de no encontrar un pacto, el recurso de el alza de cotizaciones es el ancla final sobre el que amarrar el desvío de las cuentas de la Seguridad Social.
Bajo un escenario central en el que el exceso de gasto previsto es de 0,9 puntos del PIB, la subida de cotizaciones necesaria es de 2,8 puntos del PIB, 3 puntos si se ajusta al ciclo 2022-2050. En un escenario más pesimista en el que el déficit del sistema se adelante, el incremento de las cotizaciones sería de 3,8 puntos. Una mayor presión sobre lo impuestos al trabajo que, de por sí, el propio MEI ya aumentará progresivamente hasta el 1,2% desde 2029 y llegará hasta 2050.
Y es que el incremento del desembolso previsto por el think tank es más pesimista a lo previsto por el Gobierno con su reforma, según datos también remitidos a Bruselas en el reciente Plan de Estabilidad. El gasto en pensiones previsto por el Gobierno alcanzará un pico del 14,9% del PIB en 2046, por el 17,8% que espera Fedea.
Ajuste en la próxima legislatura
"Apunta a la necesidad de revisar la condición de activación", y "convendría formular directamente en términos del déficit básico del sistema para hacerla más transparente", sentencia el informe firmado por Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación.
"En ausencia de cambios importantes, lo previsible es que la próxima edición (del Ageing Report de la Comisión Europea) obligue a activar el mecanismo corrector del MEI, sólo dos años después de la aprobación de una reforma supuestamente diseñada para garantizar la sostenibilidad del sistema", sostiene Fedea.
Por contra, el Gobierno considera que algunas de las hipótesis del Informe de Envejecimiento de 2021 son excesivamente pesimistas y deberían revisarse al alza en la próxima edición, lo que dejaría un margen mucho mayor antes de la activación de la cláusula de salvaguarda. Para Fedea, sin embargo, los resultados de su estudio "confirman y refuerzan el mensaje sobre la necesidad de una política de pensiones más cauta".