A meses vista para que los partidos revelen sus cartas electorales para las generales, Yolanda Díaz empieza a mostrar las de Sumar. Lo hace en el marco de un proceso participativo para que "la ciudadanía" presente sus enmiendas y aportaciones a una serie de propuestas base, lejos aún de un programa propiamente dicho. Pero su contenido deja muy claro tanto la senda que planea seguir como las líneas rojas que no parece interesada en traspasar.
Los documentos compartidos por el equipo de Díaz afrontan la contradicción de defender la gestión de su líder como vicepresidenta de un Gobierno compartido con el PSOE, con un paquete de reformas económicas que en buena parte bebe de las mismas bases que Podemos.
De hecho, la sintonía de Díaz con el economista francés Thomas Piketty, antiguo gurú de Podemos, llegan al punto de reciclar la idea de una "herencia universal" de 20.000 euros que, según Sumar, se podría financiar con un impuesto sobre patrimonio y sucesiones inferior al 10% centrado en personas con una "riqueza de más de un millón de euros".
Más impuestos a los pensionistas
El paquete económico de Sumar completa su contenido en unas medidas laborales y de pensiones que, sin ser demasiado novedosas, sí revelan una visión diferente a la del Ejecutivo de coalición. Sobre todo en pensiones.
Así, se pone el foco en la recomendación del Pacto de Toledo de 2020 que planteaba "corregir una excesiva dependencia de las cotizaciones sociales" en la financiación del sistema y se instaba a buscar mecanismos innovadores en un marco en el que la revolución tecnológica puede elevar la productividad sin incrementar el empleo.
Pero en lugar de entender esto como un llamamiento a estudiar una fiscalidad de los robots (como lo plantean los sindicatos), la solución de Sumar pasa por "una reforma fiscal progresiva y justa en la que quienes más tienen más paguen".
Y aquí no hablamos solo de los 'ricos', también de los "pensionistas con mayores pensiones". De hecho, como alternativa a los recortes en pensiones el documento ve "razonable" pedir una "contribución adicional" que se materializaría "por la vía del impuesto sobre la renta total". Es decir, gravando sus pensiones sin exención de ningún tipo.
Este planteamiento podría romper el principio de separación de fuentes del sistema (que establece que las pensiones contributivas se financien exclusivamente con cotizaciones). En cualquier caso demuestra que los expertos que Díaz ha convocado para sus grupos de trabajo no confían demasiado en las previsiones de la reforma de José Luis Escrivá.
Despido más caro (y ambiguo)
En materia competencia del Ministerio de Trabajo, las sugerencias están mucho más acorde a las ideas formuladas por Yolanda Díaz, con especial peso de la idea del 'despido disuasorio'. La idea de establecer una "indemnización adicional" ante los "daños" provocados por el cese declarado improcedente ha sido defendida reiteradamente por la vicepresidenta segunda desde hace casi un año.
Pero el texto de Sumar incorpora un matiz nuevo: la necesidad de que se contemple que este encarecimiento del despido improcedente recoja "indemnización mínima" en lugar de hacer mención a la legal de 33 días por año trabajado. Está por ver si esta ambigüedad abre la puerta a estudiar propuestas para volver al tope de 45 días anterior a la reforma de 2012, como reclaman ERC y Bildu, en una propuesta con la que Unidos Podemos han mostrado sintonía en el Congreso.
En el caso de los despidos colectivos, en su mayoría declarados procedentes, la propuesta no es tan contundente. Alude a una "indemnización proporcional y razonable, que no solo atienda al criterio de la antigüedad", aunque en todo caso se remite al acuerdo colectivo o "en ciertos supuestos" una resolución arbitral "sustitutiva de la autoridad laboral". Una redacción que remite al debate sobre recuperar la autoridad administrativa previa en caso de ERE derogada por la reforma laboral del PP. Una cuestión que Díaz ha derivado a la Inspección de Trabajo.
Se ignora el edadismo laboral
Pero pese a que Díaz ha defendido la idea de encarecer el despido para proteger a trabajadores de mayor edad, el documento ignora completamente la cuestión de las prejubilaciones derivadas de los procesos de extinción colectiva, en un momento en el que se producen procesos con bajas incentivadas desde los 53 años. A pesar de que dedica un apartado completo a medidas contra la discriminación (en su mayoría desarrollo de ideas ya expresadas en las leyes aprobada por el Gobierno), la cuestión del edadismo laboral ni siquiera se esboza.
Con los que se alinean sin duda las recetas de Sumar es con las grandes centrales sindicales, defendiendo su participación n en la gestión n y en el gobierno de las empresas y en los organismos públicos como un derecho. Pero también se califica de derecho la "financiación pública para la realización de sus actividades de carácter general".
Por otro lado, la filosofía de Sumar se traduce en un incremento del control y judicialización de las relaciones laborales. Así se reforzarían aún más tanto el "aparato sancionatorio administrativo", como las penas de cárcel. De hecho, se habla de "activar la tutela penal de los derechos de las personas trabajadoras".
Aunque el documento es un borrador que será completado con las aportaciones ciudadanas, y su publicación definitiva no se cerrará hasta junio, las propuestas iniciales ya suponen un aviso a navegantes. Su contenido permite intuir tanto a los laboralistas y los interlocutores sociales hacerse una idea de los planes de Sumar, a la espera de conocer las del resto de partidos.