En plena visita de la delegación de diputados del Parlamento Europeo para analizar el despliegue de los fondos Next Generation y mientras la Comisión advierte de que podría suspender parte del pago del cuarto desembolso asociado a esos fondos, dotado de 10.000 millones de euros, sino cumple con la reforma de las pensiones, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha abierto un nuevo frente al amagar con apoyar moción que plantea derogar los cambios en las indemnizaciones por despido introducidos por la reforma laboral de 2012.
La vicepresidenta segunda presenta la iniciativa de ERC como un aval a su propuesta para introducir un despido "disuasorio" superior a los 33 días por año, en algunos casos, siguiendo lo dispuesto por el Comité de Derechos Sociales.
Y en parte es así. La moción, defendida por el diputado Jordi Salvador i Duch, insta a "analizar en profundidad la doctrina del Comité Europeo de Derechos Sociales" y a adoptar "un nuevo régimen indemnizatorio" para los despidos injustificados "o con causa ficticia que sea efectivamente restaurador".
Pero para hacer esto antes pide "derogar las modificaciones legislativas en materia de indemnización por despido improcedente" introducidas por las reforma laborales de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 "y ampliadas y consolidadas" por la del Ejecutivo de Mariano Rajoy, "y garantizar para estos supuestos una indemnización no inferior a 45 días de salario por año trabajado con un tope de 42 mensualidades".
Las dos normas que ERC quiere suprimir rebajaron el el tope del despido de 45 a a 33 días. La del PSOE lo hizo para los nuevos contratos, pero la del PP fue mucho más lejos y la extendió a todos los ya vigentes.
Pero una década después, la derogación del abaratamiento del despido se convirtió en una línea roja para lograr un acuerdo con patronal y sindicatos en la reforma laboral de 2021. PSOE y Unidas Podemos la habían excluido ya de la lista de "aspectos más lesivos" de la norma impulsada por el PP que su Gobierno pretendía corregir.
La crisis de la pandemia y el desembarco de los fondos europeos, la ha convertido además en un compromiso aún más férreo con Bruselas
Las condiciones de Bruselas
El acuerdo europeo para el reparto de fondos incluye dos condiciones claras. La primera es que "los cambios no darán lugar a obstáculos desproporcionados para que las empresas se adapten al ciclo y respondan a la evolución de la productividad". La segunda que no se "revertirán" ninguna de las medidas cumplidas anteriormente.
Si el Gobierno derogara los cambios en el despido improcedente de 2012, esto puede interpretarse tanto como un paso atrás en la modernización del mercado laboral como una ruptura de lo comprometido en la reforma de 2021. Bruselas tiene en cuenta que el coste del despido objetivo en España ya es el más elevado de la Unión Europea. Y la indemnización media de uno declarado improcedente es un 68% más elevado, según los propios datos del Ministerio de Trabajo, tal y como informó elEconomista.es. Algo que Bruselas siempre ha abogado por corregir.
Como explicó ayer la Comisión Europea, las consecuencias de esto no serían menores. Podrían ir desde la paralización de una parte proporcional de los fondos a un bloque del próximo pago, en función de la gravedad de un retroceso que sería mayor, a estos efectos, incluso que el del incumplimiento de la reforma de pensiones.
Precisamente la autorización del tramo anterior, de 6.000 millones por apte de la Comisión fue publicada el pasado viernes. En ella señalaba que "España ha confirmado que las medidas relacionadas con hitos y objetivos cumplidos satisfactoriamente con anterioridad no han sido anuladas".
Díaz no ha tardado ni una semana en manifestar su apoyo a una propuesta que hace exactamente eso. Lo expresó además, sin plantear modificaciones ni enmiendas para suavizar la derogación, aunque en el pasado ha rechazado volver a los 45 días. "El voto del grupo al que represento será a favor de esa moción", aseguró.
Ante la polémica, su portavoz Aína Vidal, ha tenido que matizar el alcance de este apoyo. "Vamos a votar a favor, pese a que creemos que el objetivo no puede ser volver al modelo de 2012 porque ya no es válido", ha incidido en el debate de la moción este miércoles en el Congreso.
Pero este matiz no impide la brecha con el PSOE. La representante socialista, Mercé Perea, ha rechazado apoyar el texto precisamente por el encarecimeinto del despido. Este enfrentamiento ha sido aprovechado por Salvador, que ha rechazado todas las enmeidnas a la moción.
De esta forma, el texto que se votará mañana no incluye cambios. Y aunque será rechazada por la mayoría de la Cámara, deja en una difícil situación a Díaz y su grupo parlamentario tras la ambigüedad de su discurso. Ahora tendrá que retratarse o retractarse. Sea cual sea el resultado, tanto los europarlamentarios de visita en España como la Comisión Europea tendrán en cuenta lo ocurrido.