El Ministerio de Trabajo y Economía Social abrirá pronto el melón de las las indemnizaciones por despido improcedente, actualmente fijada en 33 días por año trabajado. Así lo ha avanzado este miércoles la vicepresidenta segunda y líder de ese departamento, Yolanda Díaz, tras sentenciar que el despido "es demasiado barato" en España.
Díaz responde a una interpelación urgente de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso por las modificaciones legislativas como oportunidad para incrementar las indemnizaciones en caso de improcedencia en el despido y que derivará previsiblemente en una moción que se debatirá la próxima semana.
La vicepresidenta ha indicado que hay empresas que puedan recurrir al despido objetivo e indemnizar con 20 días por año trabajado pero "les sale a cuenta despedir" usando una indemnización de 33 días por año trabajado. "Esta escasa diferencia es una verdadera perversión del sistema que hace que no exista una protección efectiva ante los abusos", ha denunciado.
Francia reculó tras copiar la reforma del Gobierno de Rajoy
Trabajo actuará contra esta "patología" en el mercado laboral español que hace de España uno de los pocos países en Europa con un sistema de indemnizaciones similar. En este punto, Díaz ha recordado que Francia "copió" el modelo de despidos introducido con la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy (cambió la indemnización de 45 días a 33 y desaparecieron los salarios de tramitación) pero que tuvo que corregir el sistema porque, según el Comité de Derechos Sociales y Económicos, incumplía con el artículo 24 de la Carta Social Europea. "Francia lo ha tenido que corregir y somos una anomalía en el conjunto mayoritario europeo", ha explicado.
Con esta premisa, la vicepresidenta ha dejado entrever que el Gobierno 'meterá mano' a las indemnizaciones por despidos improcedentes que finalmente no tuvieron hueco en la reforma laboral de 2021 tras marcarlas la CEOE como 'línea roja' de la negociación. Ahora Díaz se muestra dispuesta a entrar en ese terreno, tras recordar que España es de los pocos países con las indemnizaciones topadas. Pronto será turno de España", ha respondido a ERC.
La ministra ha subrayado además que diferentes sentencias en la justicia española demuestran que el país no cumple con ese artículo y ha incidido en que el coste de un despido improcedente "vulnera el ordenamiento jurídico" y "no puede ser consentido en un país democrático". Para Díaz, el despido "debe ser disuasorio" y "debe reparar el daño causado" al trabajador, teniendo en cuenta la situación de cada empleado porque "esas personas son víctimas y es un deber de esta Cámara y de la política española que tengan un trabajo y la reparación necesaria en caso de vulnerarse la ley".
Los sindicatos piden avanzar hacia ese despido "disuasorio y resarcitorio"
Los sindicatos más representativos del país han interpuesto reclamaciones colectivas para "adverar" si España cumple con el artículo 24 de la Carta Social Europa o si no lo hace. Este mismo miércoles, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha pedido al Gobierno que "sea coherente con sus compromisos" y avance hacia ese despido "disuasorio y resarcitorio".
UGT presentó en marzo de 2022 una demanda ante el Comité de Derechos Sociales, que fue admitida trámite en octubre de ese año, en la que se especificaba que el sistema de despido improcedente incumple tanto la Carta Social Europea como el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según recoge Europa Press, Luján ha comentado que conoció las alegaciones de las patronales españolas y europeas en enero, y ha informado de que el Gobierno también ha efectuado ya las suyas ante el Comité, pero de momento desconoce la posición del Ejecutivo. "Entendería que el Gobierno debería de ser coherente con sus compromisos. Primero, porque la vicepresidenta segunda ha dicho que comprende y comparte que el despido en España no tiene la doble condiciones de la Carta Social Europea revisada, que dice que debe ser disuasorio y resarcitorio. España no lo cumple y ha sido constatado por la vicepresidenta segunda".
Tanto el PSOE como Unidas Podemos, socios del Gobierno de coalición, incluían en sus programas electorales y de gobierno la derogación de la reforma laboral de 2012, aprobada durante el Gobierno 'popular' de Mariano Rajoy, pero el despido quedó fuera de las negociaciones de la última reforma.
