Madrid
La evolución de gasto en pensiones en nuestro país mantendrá su senda ascendente una vez que el Pacto de Toledo confirme la intención de vincular permanentemente la revalorización de las pensiones con el IPC y por el propio ciclo de la demografía española y el envejecimiento. Y vistas las dificultades financieras que atraviesa la Seguridad Social para afrontar el incremento de los gastos asociado al shock económico provocado por la pandemia, los economistas recomiendan al Gobierno articular un colchón anticíclico que garantice el pago de las pensiones, la sanidad y la dependencia, -costes asociados al envejecimiento- con una dotación de al menos 56.000 millones de euros en un plazo de 10 años, ante eventuales crisis.
Así lo pone de manifiesto el informe analítico El reto del envejecimiento desde una perspectiva integral (cómo abordar de forma multidisciplinar el envejecimiento) elaborado por el economista Javier Santacruz, y presentado en el foro del Consejo General de Economistas este jueves, en el que se analizan las tendencias de fondo desde una perspectiva integral y generar un debate más allá de la reforma del sistema de pensiones, y donde entre las medidas que se proponen para acometer el reto del envejecimiento en España se encuentra la creación de "colchones anti-cíclicos" en épocas de bonanza para financiar un envejecimiento que se prevé costará el 24,6% del PIB en 2030, según la Comisión Europea.
En este sentido, como apunta a elEconomista el autor del estudio, el objetivo pasaría no solo por financiar el salto del coste de estas partidas que pasan del 24,1% del PIB a ese 24,6% en la próxima década sino que también supondría sufragar los déficits que acumulan cada una de estas partidas. En el caso de la Seguridad Social se espera que los número rojos asciendan al 2% del PIB para dentro de diez años, mientras que el de la sanidad oscilará en el 1% y el de la dependencia en el 0,5%. Ello sumado al incremento del coste en 0,5 puntos porcentuales se traduce en un aprovisionamiento aproximado de 4 puntos del PIB para garantizar el pago de estos servicios y rentas en próximas crisis.
En este sentido, los economistas abogan por incrementar la colaboración público-privada para ampliar políticas de dependencia y planes de pensiones de empleo; reducir la "cuña fiscal" en los trabajadores en edad laboral madura (actualmente un trabajador dedica 3,65 de cada 10 euros de coste laboral bruto a pagar Seguridad Social e IRPF), lo que permitiría a estos poder destinar más recursos a planes de empleo; establecer mecanismos de conversión en liquidez de bienes como la vivienda (rentas vitalicias, hipotecas inversa) al objeto de conseguir liquidez para complementar la pensión y poder financiar los gastos propios del envejecimiento, especialmente en situación de dependencia; potenciar la jubilación activa y desincentivar el retiro temprano; y mejorar la flexibilidad del mercado laboral para favorecer tanto la permanencia de los trabajadores maduros como la entrada de jóvenes.
Según recoge este estudio, los españoles vivirán de forma sana un promedio de 73,8 años y el resto de años hasta los 83 (aproximadamente 10 años) lo hará de forma dependiente. A día de hoy, en España viven 2 millones de personas mayores de 65 años solas en sus hogares, y casi 900.000 en la franja a partir de 80 años (el 31,03% de las personas de esta edad viven solas). Según el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, "a la vista de estos datos, es muy probable que un alto porcentaje de esas personas mayores de 80 años que viven en soledad se encuentren, a su vez, en situación de dependencia y con una pensión media de aproximadamente 1.100 euros".
Según Pich, "ser anciano, dependiente y solo constituye un enorme riesgo para una gran parte de los españoles, máxime si tenemos en cuenta que en España el número de plazas en residencias –públicas y privadas– no llega a las 400.000, y que, en la actualidad, el sistema complementario de empleo choca con la presión fiscal que ejercen las cotizaciones a la Seguridad Social sobre el salario –una media del 36,25% sobre el salario bruto–, haciendo difícil su generalización por los altos costes que tiene sobre la empresa".
Según explica el economista Javier Santacruz, "la estrategia para afrontar el envejecimiento tiene dos vertientes: por un lado, las políticas públicas y, por otro lado, las decisiones de familias y empresas, a partir de cuatro variables de control: ahorro, stock de capital, productividad y cuña fiscal". Según Santacruz, entre los datos que se pueden extraer de este estudio, hay dos que ponen especialmente de manifiesto las diferencias entre España y el resto de Europa en esta materia. El primero es que la financiación per cápita de la dependencia en España está por debajo de la media de la UE-27, concretamente 184,63 euros per cápita menos. Y el segundo es que en nuestro país un 90% de los programas de salud y dependencia están financiados con cargo a dinero público, frente a sólo un 10% con cargo al sector privado, algo que no sucede en otros países de nuestro entorno. "A lo que –según Santacruz– habría que añadir que en España se da un marco fiscal que premia relativamente al consumo y castiga relativamente al ahorro".
Impulso del consumo 'senior'
En su intervención, Pilar González de Frutos, celebró, en nombre de su colectivo la realización de este estudio, "que es una aportación muy relevante a un debate que, creemos, debe ser, en el momento presente, tan vivo como desapasionado". Según la presidenta de Unespa, "en los correctos diseño y gestión de eso que se ha dado en llamar la economía de las canas nos estamos jugando mucho más que la vertiente social del reto. Nos jugamos nuestra competitividad como país a largo plazo; puesto que sólo las naciones que tengan una sociedad de personas mayores manteniendo patrones de consumo adecuados tendrán potencia de crecimiento dentro de dos o tres décadas. El envejecimiento es una gran oportunidad; una oportunidad que, si no aprovechamos nosotros, aprovecharán otros".
Por su parte, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha afirmado que "el envejecimiento supone un reto de primera magnitud para la sostenibilidad de las cuentas públicas y con implicaciones para el propio modelo de crecimiento económico. Es esencial analizar cómo hacer compatible el crecimiento económico y la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social sin olvidar los criterios de suficiencia y equidad intergeneracional. Este no es un problema exclusivo de España por lo que es muy útil mirar qué tipo de medidas y modelos se están adoptando en otros países de nuestro entorno".
