ECONOMÍA

España es el país de la zona euro donde el clima de funcionamiento para las empresas restringe en mayor medida su potencial de crecimiento y productividad, según arroja el el Índice de Libertad Económica 2020 (ILE 2020) elaborado por la Fundación Heritage y editada para España por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). El informe presentado este jueves pone de relieve las mejoras que se deben acometer en nuestro país en los diferentes parámetros que miden la libertad económica, y en una de sus variables, la libertad de empresa, España sale especialmente mal parada en comparación con los resultados obtenidos por otros países del entorno comunitario, siendo el país con menor nivel de facilidades y peor clima en Europa para el crecimiento e impulso del tejido productivo, solo por delante de Luxemburgo, Polonia, Hungría y Eslovaquia.

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La primera ronda de contacto en la Mesa de Diálogo Social para negociar las condiciones del teletrabajo ha llevado al traste los planes previos de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La patronal tumbó el anteproyecto en el que se está trabajando de puertas del ministerio para adentro, entre otros motivos, por la rigidez que se presenta para el empresario en la asunción de costes generados por el empleado en el teletrabajo. De hecho, este parece será el caballo de batalla e una negociación que irremediablemente se prolongará más allá de verano. De entrada, en esta primera toma de contacto, hasta los propios sindicatos han criticado la uniteralidad del anteproyecto de ley abordado por el Ministerio de Trabajo. Así, tanto patronal como sindicatos han acordado enviar alegaciones al gabinete de Yolanda Díaz, que el posteriormente serán incluidas en una nueva redacción del documento, tumbando de facto el texto previo, ya que según el Ejecutivo se reformulará recogiendo las demandas de los agentes sociales."Tras la reunión mantenida este miércoles con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, CEOE y Cepyme consideramos que el Anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia sometido por el Ministerio de Trabajo a información pública se ha concebido al margen del diálogo social orillando la necesaria implicación y participación de los interlocutores sociales en la vida económica y social del país", lamentaba la patronal asegurando que el resultado es un texto desequilibrado, de enfoque errático, apartado de la realidad del tejido productivo y de las necesidades de empresas y trabajadores, que lejos de fomentar con garantías la utilización de esta forma de organización del trabajo podría desincentivar su implantación en España y ralentizar su consolidación. "A consecuencia de ello, es un enfoque que no aporta la confianza y la seguridad necesarias para generar inversiones y empleo", sentenciaban desde la CEOE tras la reunión.Lo que sí parece haberse despejado en esta primera toma de contacto es la empresa deberá atender a ciertos costes generados por el empleado a distancia, después de que la CEOE se haya ceñido al acuerdo europeo que firmaron sindicatos y empresarios europeos en 2002, en el que se contemplaba que los gastos los deben asumir las empresas. "Por lo tanto, no tendrían que poner mucha pega porque ellos han puesto en valor ese acuerdo y suponemos que han puesto en valor todo el acuerdo y no sólo de una parte", aseguró la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, al término de la reunión tripartita celebrada este miércoles. Si bien, cabe recordar que la norma no detalla el mecanismo con el que deberán cuantificarse esos gastos ni la forma de compensación sino que emplaza a fijarlo en el marco de la negociación colectiva.

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Entre los años 2004 y 2017, solo el 6% de las empresas establecidas en nuestro país han sido responsables de la creación del 80% de los nuevos puestos de trabajo durante ese periodo. El dato, más allá de lo llamativo, pone de relieve las debilidades del mercado laboral español y de su tejido productivo: falta de liquidez para las empresas primerizas, obstáculos a la hora de dar el salto de pequeña a mediana empresa y una supervivencia limitada que dificulta el arraigo de estos nuevos empleos.

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Esta misma semana se reunirá por vez primera la mesa de negociación para el teletrabajo acordada por los agentes sociales la pasada semana para regular las condiciones de una modalidad de empleo que ha irrumpido en nuestro país a partir del confinamiento durante la pandemia, pero que sin embargo parece haber llegado para quedarse y cambiar las reglas. Precisamente, éste es el objetivo de la negociación que arranca en los próximos días: dotar de una normativa a este modelo de relación entre el empleado y la empresa, a distancia.

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Una de las lecciones que deja la pandemia y el periodo de confinamiento de la ciudadanía es la crucial importancia de contar con mecanismos telemáticos de relación con el cliente y que posibiliten la distribución de los productos. En este sentido, parece evidente que la digitalización en las pymes supone un paso crucial para ponerse a la altura de grandes distribuidores, al menos en el medio, y mantener una oferta permanente de bienes o servicios que no se vea afectada por situaciones de excepcionalidad como la que actualmente atravesamos.

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En un momento crucial para la economía, en la que buena parte de la supervivencia de las empresas se fía a la existencia de liquidez que permita continuar afrontando los pagos a proveedores, empleados y demás costes del empleador, la Comisión de Reconstrucción ha vuelto a soslayar la aprobación de un régimen sancionador para empresas morosas que estipule penalizaciones para quienes liquiden sus deudas por encima de los plazos establecidos por ley -de 60 días para el sector privado y 30 días para el sector público-.

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Los primeros pasos del ingreso mínimo vital no están siendo ajenos a las habituales disfunciones, de carácter operativo, que surgen alrededor de la aprobación de una nueva prestación de este calado a nivel nacional. La pasada semana, la vicepresidencia y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, reconocía en público que se habían producido pagos duplicados del ingreso mínimo vital en la región y aseguró que se seguirían produciendo ante la falta de definición de la colaboración entre la administración central y el órgano autonómico. Ahora bien, el Gobierno reconoce estas duplicaciones en el pago, pero advierte de que se reclamará el reembolso de todos ellos, "por su puesto".

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El presidente de UPTA, Eduardo Abad, es consciente del esfuerzo realizado por las Administraciones Públicas durante la pandemia, aprueba la actuación del Ejecutivo, pero advierte de que el mes de septiembre arrojará más sombra sobre el panorama laboral de nuestro país.

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El Gobierno planea el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas como vía para sostener las cuentas de la Seguridad Social y mantener una continuidad del empleo en las edades más cercanas al retiro en el marco de la nueva reforma de pensiones en la que ya trabaja el Pacto de Toledo. La vía sería el incremento de los coeficientes reductores aplicados a las pensiones anticipadas, por un lado, e incentivar fiscalmente la permanencia del trabajador en su puesto, por el otro. El resutado, según los expertos consultados por elEconomista, es que por cada año que se le gane a la edad real de retiro de los trabajadores (64 años) se reducirá un 25% el déficit de la Seguridad Social, es decir, se recaudarían 4.500 millones más, que rebajarían el déficit anual de 18.000 millones de euros que registra el Sistema. Dicho de otra forma, el Gobierno está dejando de recaudar actualmente 8.200 millones por no cumplirse con la edad legal.

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La cornada que la pandemia ha asestado al mercado laboral es de proporciones bíblicas. No cabe duda que estamos ante el desplome de afiliaciones e incremento de parados más abrupto de la historia de nuestro país, como constatan las cifras que publican mensualmente la Seguridad Social y Trabajo. Pero sin embargo, la relación de los datos aún no da la cara de la verdadera pérdida de puestos de trabajo que afronta nuestro mercado laboral. Tanto es así que sumando las personas que se encuentran inscritas en las listas del paro y los trabajadores incluidos en un ERTE que aún no han sido reactivados en la Seguridad Social, la cifra de expulsados del mercado laboral asciende a 6,1 millones de personas, que trasladado al desempleo implicaría una tasa de paro del 26,5%, doce puntos por encima de la que refleja el listado del SEPE a cierre del primer trimestre.