ECONOMÍA

Las cifras de afiliación a la Seguridad Social arrojan la crudeza de la realidad que vive el colectivo de los autónomos en nuestro país desde el inicio de la pandemia con una conclusión clara: solo las ayudas aprobadas por el Gobierno de cese de actividad y bonificaciones mantienen el saldo de cotizantes al Reta en positivo. Toda vez, que mientras que el régimen de autónomos ha crecido en 24.948 trabajadores en el último año -con datos a marzo de 2021-, los ingresos por las cuotas a la Seguridad Social de estos trabajadores han caído un 20% a cierre del pasado año.

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Los autónomos pedirán al Gobierno una revisión de las condiciones del esquema de desgravaciones asociadas a la manutención vigente en el sistema del Reta. Según las cifras que maneja el colectivo, cada año, Hacienda se queda con 1.200 millones de euros en devoluciones de IRPF que deberían recibir los autónomos, pero que se retienen en las arcas de la Agencia Tributaria debido a una interpretación extremadamente rígida de la ley actual. El presidente de UPTA, Eduardo Abad, asegura al respecto que para los trabajadores autónomos, la justificación de los gastos repercutidos fuera del domicilio o el establecimiento de trabajo supone un esfuerzo en muchas ocasiones "imposible" de realizar a tenor de la documentación minuciosa y específica que solicita Hacienda para desgravar esos gastos.

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El impacto de la pandemia ha supuesto una ruptura de las previsiones y tendencias económicas de los países más desarrollados. Es el caso de uno de los elementos que componen la lectura anual de los Presupuestos Generales del Estado en nuestro país: el volumen de gasto público y su peso sobre el conjunto de la economía que, más allá, es uno de los indicadores principales de las acciones sociales de la economía -cabe recordar que solo la protección social en prestaciones, pensiones, subvenciones y ayudas es el 50% de este gasto público, unos 226.000 millones de euros-. Y en el caso de España, la pandemia ha provocado que se pase de destinar a gasto público un 42,1% en 2019 al 50,8% que se prevé para 2021 -ya en 2020 se rebasó este nivel por vez primera en la serie histórica al alcanzar el gasto público el 52% del PIB anual-.

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El despliegue del ingreso mínimo vital es uno de los principales puntos de fricción en el Gobierno de coalición -Unidas Podemos ya ha introducido hasta 12 enmiendas para la aprobación del proyecto de ley de la medida en los próximos meses- y parece que aún formará parte de la discusión en el seno del Ejecutivo ya que, para este año, la prestación alcanzará solo el 50% del objetivo propuesto por el Ministerio de Seguridad Social en el momento de la aprobación de la medida. Concretamente, el Plan Presupuestario para 2021 recoge un impacto adicional para este ejercicio de 1.500 millones de euros de gasto en concepto de ingreso mínimo, de modo que las previsiones del Gobierno cifran el coste de la prestación en 3.000 millones de euros en 2021. Esta cifra, supone multiplicar por seis el coste de la partida en comparación con el desembolso realizado en el primer año de vigencia de la prestación, cuando fue de 492 millones de euros.

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Nuevo revés para Moncloa en sus previsiones de crecimiento y recuperación de la economía española para este año. El impacto de la cuarta ola en ciernes y del lento proceso de vacunación en nuestro país obligarán al Gobierno a rebajar las expectativas para este año, tal y como arroja el último informe publicado este jueves por AIReF en el que empeora su estimación de crecimiento para este año por la severidad de la crisis sanitaria y la revisión del impacto del Plan de Recuperación. Concretamente, la AIReF estima que el PIB crecerá un 6,6% en 2021 y el déficit público bajará al 7,6% del PIB, algo más de tres décimas menos respecto a lo estimado en el informe publicado el pasado mes de noviembre.

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El último paquete de ayudas aprobado por el Gobierno para autónomos y pymes dejó fuera del acceso a las ayudas al menos a 100.000 autónomos que se encuentran en una situación límite. Muchas de ellas, tal y como denuncian las asociaciones representantes del colectivo, se circunscriben a negocios que llevan ya un año entero con el cierre echado, ya que ni siquiera se han podido reactivar durante los meses de desescalada y apertura.

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Un total de 15 de comuidades autónomas, a excepción de Castilla-La Mancha y Canarias -prevén dar luz verde a la reivindicación en los próximos días-, han aprobado en sus parlamentos regionales la propuesta no de ley (PNL) para despenalizar las jubilaciones anticipadas con más de 40 años cotizados.

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Cataluña y Valencia son las regiones de España con mayor endeudamiento público por habitante, duplicando la cifra de Madrid y superando casi en un 40% la media del país, en 6.423 euros. Concretamente, de saldarse la deuda entre los habitantes de cada región, el coste para cada catalán ascendería a los 10.169 euros, mientras que en Madrid esta cifra se sitúa en los 5.111 euros, es decir, la mitad. En la Comunidad Valenciana, la segunda con una mayor deuda per cápita del país, la cifra asciende hasta los 10.060 euros.

El Gobierno está decidido a abordar la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos, para lo que deberá negociar en los próximos meses el diseño de este nuevo Reta con las asociaciones representantes de los trabajadores por cuenta propia. En el espíritu de la medida que prevé implantar el Ejecutivo está la contribución a la Seguridad Social en función de los ingresos reales del colectivo. Según las cifras que baraja el ministerio capitaneado por José Luis Escrivá, al menos 1,3 millones de cotizantes al Reta que obtienen ingresos inferiores al SMI verían reducida su cuota, al tiempo que según el Ejecutivo algo más de medio millón verían aumentar sus aportaciones mensuales. Ahora bien, según los datos de la propia Seguridad Social, las aportaciones del colectivo se han visto incrementadas entre un 17,8% y un 35,8% desde el estallido de la crisis de 2008.

Los empleados de las pymes y trabajadores autónomos contarán con un elemento de control, vigilancia e información personal de sus ahorros depositados en el fondo público de pensiones que está articulando el Gobierno, a través de una app digital que se podrá descargar en un dispositivo móvil o smartphone.