Economía

En España, de media, deben de hacer cada año la declaración de la renta ante la Agencia Tributaria cerca de 21 millones de contribuyentes. Ahora bien, los datos del CIS sobre la percepción de los ciudadanos a cerca del fraude fiscal arroja que casi un 5% de quienes están obligados a hacerla no ha cumplido en el presente ejercicio, cuando había que declarar los ingresos del pasado 2020. Es decir, en torno a 1 millón de ciudadanos que están sujetos por su nivel de ingresos a esta declaración no la realizaron en el presente ejercicio.

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El mayor volumen de ahorros generados por la irrupción de la pandemia el pasado año y el hecho de que 2020 haya sido el último ejercicio en el que los ahorradores con planes de pensiones privados pudieron desgravar en la declaración de IRPF aportaciones hasta los 8.000 euros anuales -ya este año se reduce este límite en un 75% hasta los 2.000 euros- provocó un fuerte repunte en el coste asumido por el Estado para este beneficio fiscal. Concretamente, el pasado año, el Estado dejó de ingresar casi 2.000 millones de euros debido a esta exención, lo que supone un 16% más que en los años anteriores, donde el Presupuesto General recoge que el coste previsto para esta partida ha rondado en los 1.643 millones de euros -datos concretos de 2016 para el Spend Review de AIReF sobre este incentivo fiscal-.

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Sin duda los datos de empleo conocidos en esta última semana apuntan a una recuperación del mercado laboral iniciada con el repliegue de las restricciones a la movilidad y la actividad, e incluso con una intensidad mayor de la esperada con la llegada del verano y la activación del turismo. Ahora bien, las cifras de caja de la Seguridad Social arrojan un comportamiento heterogéneo en función del régimen de trabajadores. Concretamente, hasta el mes de junio, en el primer semestre del año, el repunte de las cotizaciones experimentado por los autónomos triplica el aumento en el caso de los asalariados del régimen general. Entre enero y junio, las aportaciones de los trabajadores por cuenta propia han aumentado un 24,4% acumulando un total de 5.154 millones de euros, mientras que los afiliados al régimen general han elevado en este mismo periodo de tiempo un 8,08% su aportaciones, situándose el total a mediados de año en 48.211 millones.

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La economía europea se resiente pero aguanta el envite de la quinta ola que amenaza con dar al traste con la recuperación económica iniciada en el entorno comunitario con el avance de la vacunación, la caída de las restricciones y la llegada de la temporada estival. Ahora, según desprenden los datos de actividad de las fábricas europeas, se dan tres situaciones paralelas: la producción industrial mantiene la senda ascendente de los últimos meses, aunque se resiente por el impacto de los nuevos contagios, se registra un nivel de demanda difícil de cubrir con los ritmos habituales de producción que está provocando el atasco en las cadenas, y consecuencia de ello, los expertos ya advierten de un repunte de los precios del sector en los próximos meses.

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La letanía de los autónomos para acceder al fondo de ayudas directas dotado con 7.000 millones de euros y que aún tiene un 60% del total sin conceder, tras cuatro meses de vigencia, parece haber alertado a los técnicos del Gabinete del Ministerio de Economía, que desde esta misma semana ya estudian dos propuestas para agilizar la liberación de este dinero.

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Si bien es cierto que la pandemia ha impactado en todas las potencias del mundo sin excepción y ha trastocado en alguna medidas las economías de los países, la respuesta en términos de despliegue de recursos y medidas para combatirla no ha sido homogénea. Un reflejo de este hecho se observa en las variaciones de los niveles de deuda pública de los diferentes países en el año de pandemia, entre 2020 y 2021, y en el caso de Europa, aparece España como el país de las grandes potencias del Viejo Continente que más ha elevado su nivel de deuda con motivo de la respuesta al Covid-19. Concretamente, nuestro país, entre el primer trimestre del pasado año y los primeros tres meses de 2021, ha aumentado un 26,2% su nivel de deuda pública, que ya alcanza el 125,2% del PIB, según los últimos datos de Eurostat, el servicio de estudios estadísticos de la Comisión Europea.

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El primer semestre del año, marcado, a excepción de los primeros compases del año, por una apertura de la actividad y un repliegue de las restricciones por la pandemia ha estado jalonado por un aumento de la recaudación tributaria en todas las figuras fiscales, que han permitido -además de dar un impulso a la recuperación que refleja el avance del PIB del 2,8% entre abril y junio en comparación con el arranque de 2021- contener el avance del déficit público, que en el acumulado hasta el mes de mayo roza el 3% del PIB. Así, el desequilibrio presupuestario se sitúa en 36.074 millones de euros hasta mayo, lo que supone restar 13.810 millones a la cifra registrada un año antes, es decir, un 27,7% menos.

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El verano comenzó con la promesa de un impulso de la actividad crucial para la recuperación económica de España asociada al turismo, pero la quinta ola y las restricciones de las comunidades autónomas así como el repliegue de las reservas de extranjeros aconsejada por los gobiernos europeos hace que el periodo estival vaya a ser menos fructífero de lo esperado. Hasta el momento, esta montaña rusa de altibajos asociada la evolución de los contagios y la vacunación ha permitido al mercado laboral español recuperar los niveles de afiliación previos a la pandemia pero no ha servido para desengrosar la lista de desempleados, que registra 598.653 demandantes de empleo más que en junio de 2019 y a los que suma la bolsa de trabajadores en Erte, beneficiarios de prestación, y en situación de suspenso de actividad, un total de 447.820, según las cifras de final de junio. En suma, respecto al verano de hace dos años, se registran 1.046.473 personas más o bien en situación de paro o en suspensión temporal de empleo.

El mayor volumen de ahorros generados por la irrupción de la pandemia el pasado año y el hecho de que 2020 haya sido el último ejercicio en el que los ahorradores con planes de pensiones privados pudieron desgravar en la declaración de IRPF aportaciones hasta los 8.000 euros anuales -ya este año se reduce este límite en un 75% hasta los 2.000 euros- provocó un fuerte repunte en el coste asumido por el Estado para este beneficio fiscal. Concretamente, el pasado año, el Estado dejó de ingresar casi 2.000 millones de euros debido a esta exención, lo que supone un 16% más que en los años anteriores, donde el Presupuesto General recoge que el coste previsto para esta partida ha rondado en los 1.643 millones de euros -datos concretos de 2016 para el Spend Review de AIReF sobre este incentivo fiscal-.

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La quinta ola de la pandemia que sacude ya a todas la economías occidentales llega para España en el peor momento, cuando la apertura a la llegada de turistas en época estival está azuzando los niveles de actividad económica y aumentando la contratación. Pero este nuevo revés ya se nota en el termómetro de la recuperación, que en esta pandemia está siendo el sector servicios. Así, los autónomos de la hostelería y el comercio, habrían perdido en esta primera mitad del verano al menos un 60% de los ingresos registrados en el mismo periodo de 2019. Concretamente, esta situación la acusan más de siete de cada diez (75%) trabajadores por cuenta propia, según las cifras recogidas por UPTA, entidad representante del colectivo.