El rally inflacionista experimentado a finales del pasado año, y que los expertos advierten puede persistir en el primer semestre de 2022, ya tiene si reflejo en las cuentas públicas, y concretamente en la factura que deberá afrontar el Estado para la revalorización de las pensiones y resto de prestaciones de la Seguridad Social. Así, la inflación agregará medio punto del PIB al gasto en esta partida, unos 6.500 millones de euros, tal y como confirmaba el Ejecutivo este martes tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Esta cuantía se agregará al coste ya mastodóntico de esta partida presupuestaria que alcanza los 150.000 millones de euros.
De este modo, al mismo tiempo que se aprueba la subida de pensiones para este año, también deberá preparar 3.900 millones de euros extra para financiar la operación, tras el desvío entre la estimación de precios prevista por el Ejecutivo en el Presupuesto General vigente y el avance furibundo de la inflación en los últimos meses del pasado año, que han terminado por descuadrar las cuentas aprobadas hace ahora cuatro meses. Entre la aprobación del Presupuesto y del decreto de revalorización de las pagas de este martes, el IPC del mes octubre (+5,4%) y de noviembre (+5,5%) han provocado que el 1,9% de subida prevista se tenga que ir hasta el 2,5% para cubrir el mantenimiento de poder adquisitivo de la media del conjunto de 2021.
Concretamente, si el coste de la subida de las pensiones con el 1,9% estimado inicialmente ascendía a algo más de 2.900 millones de euros, el desvío de 0,6 décimas añadirá a la factura final otros 936 millones de euros que elevarán el desembolso a esos casi 4.000 millones solo en concepto de la actualización anual de 2022. Cabe recordar, que la ley aprobada en la primera parte de la reforma de pensiones de revalorización de las pagas fija como cuantía la media causada por el IPC en los doce meses previos -esa media se situó en el 2,5% entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021-.
Hasta 340 euros
Ahora bien, el esfuerzo financiero de la Seguridad Social para este arranque de año no acaba aquí. Si bien el nuevo modelo de subida compensa con la media final las eventuales pérdidas de poder adquisitivo, aún falta por abonar una última paguilla, este mes de febrero, por el desvío en la subida realizada a comienzos de 2021, del 0,9% y el IPC final medio del 2,5% ya mencionado. Como esa subida se realizó sobre la estimación previa de avance de precios y estos finalmente han crecido un 1,6% más, esa cuantía debe ser abonada en estos días como compensación por la pérdida de poder adquisitivo, del mismo volumen, registrada en el saldo de final de año.
Fuentes oficiales consultadas por elEconomista confirman que estos pagos ya están siendo realizados por parte de algunos bancos que han adelantados la entrega en la última semana de enero y que se completará en los primeros días de febrero. Concretamente, el coste de la misma será de unos 2.600 millones de euros. Por lo que solo los dos primeros desembolsos de la Seguridad Social en materia de pensiones tendrán un coste aproximado de 6.500 millones de euros.
Según apuntó recientemente el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se espera que la paguilla abonada ronde entre 220 y 340 euros según las cuantías mínimas y máximas aplicadas a cada prestación, mientras que para las de viudedad será de 166 euros.
El déficit, en niveles de 2012
Con todo ello y pese a la presión alcista de los gastos arrogados a la Seguridad Social, el ministro José Luis Escrivá confirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado la revalorización para este año que el Sistema cerrará la ejecución presupuestaria de 2021 con un déficit del 1% del PIB. Esto supone devolver el pasivo de la Seguridad Social a niveles de 2012, cuando se inició un periodo de desfase entre ingresos y gastos que aún será del 0,5% del PIB al cierre de 2022, según estimó el propio ministro.
Escrivá sostiene que se mantiene "la senda descendente" en el saldo negativo del sistema, de forma que en 2022 éste seguirá reduciéndose hasta llegar al 0,5% del PIB. El ministro asegura que esta mejora de las cuentas de la Seguridad Social se debe a los mayores ingresos por cotizaciones derivados del "extraordinario dinamismo del empleo" y a la asunción de gastos impropios de la Seguridad Social por parte del Estado.
En este sentido, explica, gracias al crecimiento del empleo y el sostenimiento de las rentas salariales durante la pandemia, la Seguridad Social recaudó 132.000 millones de euros en 2021, un 10% más que en 2020 y un 6% por encima de lo que se ingresó en 2019, antes de la llegada del Covid. Estos ingresos equivalen, en términos de PIB, al 11%, más de un punto por encima de 2008, el "mejor año" antes de la crisis financiera, y más de 1,5 puntos por encima del dato de 2017.
El segundo elemento que ha influido en la reducción del déficit de la Seguridad Social ha sido la asunción de gastos impropios por parte del Estado: 13.800 millones de euros en 2021 y 18.300 millones de euros en 2022. De esta modo, el Estado absorberá este año el 80% de los gastos impropios del sistema, cifra que alcanzará el 100% en 2023.
Escrivá subraya de este modo que la culminación del proceso de separación de fuentes a final de legislatura contribuirá a que la Seguridad Social elimine su déficit y recupere el equilibrio presupuestario.
La ley de planes de empleo se demora
Escrivá destaca que la nueva fórmula de revalorización de las pensiones supone un "marco de certidumbre absoluta" de cara al futuro, pues los 11,5 millones de pensionistas saben que sus pensiones subirán con el IPC con independencia de cuál sea éste. El ministro recuerda que, de haberse aplicado la fórmula impuesta por el Gobierno del PP en 2013 y que ahora ha quedado derogada, las pensiones sólo hubieran subido un 0,25% este año y, desde 2017, habrían acumulado una pérdida de poder adquisitivo del 7,5% (1.228 euros anuales menos en 2022 para una pensión media de 2017).
Pero, además, Escrivá advierte de que la entrada en vigor del factor de sostenibilidad (ya derogado) habría provocado un recorte nominal para las nuevas pensiones de cerca del 1,3%, el equivalente a una reducción de 195 euros anuales en 2022 para una pensión media de 2017. Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, aseguró que la reforma de pensiones acordada con los agentes sociales y en vigor desde el pasado 1 de enero "justificaría" por sí sola "toda una legislatura".
Por otro lado, preguntado por los planes de pensiones de empleo que el Ministerio se ha propuesto impulsar, Escrivá señala que el anteproyecto de ley que los regula ha recibido "muchas observaciones" durante el trámite de audiencia pública y se están discutiendo algunos elementos con los agentes sociales.
Esta futura ley persigue facilitar el acceso a planes colectivos de pensiones a asalariados, autónomos y empleados públicos que hasta el momento no habían tenido acceso al producto al haber estado orientado a grandes empresas. Para ello se creará un fondo de empleo impulsado desde el sector público y gestionado por el sector privado. Este anteproyecto de ley fue analizado en Consejo de Ministros el pasado mes de noviembre y, según afirmaba Escrivá, una vez se ultimen "dos o tres temas", la norma podría aprobarse en uno de los próximos Consejos de Ministros para remitirla luego a las Cortes para su tramitación.
Presión de gasto persistente
Más allá, la previsiones de los principales organismos internacionales de análisis de las tendencias macroeconómicas no invitan al optimismo de cara a las futuras subida de pensiones, en términos de costes agregados por la inflación.
Sin ir más lejos, el Banco Central Europeo (BCE) mostró recientemente su preocupación por la escalada de los precios en el entorno comunitario. El organismo liderado por Christine Lagarde recalca que la inflación subyacente ha "aumentado fuertemente" y que la inflación "se ha vuelto más amplia", lo que "advirtió del peligro de presentar el elevado nivel de inflación actual como el resultado de sólo la evolución de los precios de la energía y de factores temporales".
Así, la AIReF también revisa al alza la previsión de inflación para 2022, al tener en consideración la evolución reciente de los precios de la energía y su comportamiento en los mercados de futuros, aunque sin entrar en mayor detalle. Con el IPC promedio del 3,1% referente a 2021 ya confirmado por el INE, AIReF estima una inflación del 2,4% para este año.
