Madrid. 
El Gobierno planea aprobar el texto definitivo de la ley que regirá el fondo público de pensiones en el Consejo de Ministros del próximo martes con la oposición de los empresarios, que critican la concepción de la medida y la gobernanza del instrumento de ahorro, tal y como ha podido saber elEconomista sobre las últimas revisiones del documento llevadas a cabo por las organizaciones patronales.
A expensas de conocer el texto definitivo en los próximos días, el esquema global del funcionamiento del nuevo fondo ya ha sido objeto de estudio por parte de patronal y sindicatos con un amplio rechazo hacia el modelo. Estas mismas fuentes, que han tenido acceso al proceso de negociación, apuntan que desde la patronal existe una discrepancia en cuanto al modelo y sobre el impacto que tendrá la articulación de estos planes para los costes laborales de las compañías. De hecho, uno de los puntos que caracterizan los planes simplificados es que el empleador deberá acordar en la negociación colectiva el régimen de aportaciones del trabajador, que podrían ser complementadas por parte de la compañía, lo cual podría impactar en los costes del empleador.
En este sentido, además del eventual incremento de costes en términos de aportación si así se decide en los órganos previstos para la constitución del plan, desde la CEOE critican la concepción general del instrumento de ahorro. Recientemente, el presidente de la organización representante de los empresarios, Antonio Garamendi, aseguraba ante la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la inconveniencia de impulsar el fondo público en este momento, e incluso criticaba que se arroga unas funciones ya cubiertas por la Seguridad Social.
Además, uno de los elementos de mayor fricción generada entre los empresarios en la víspera de la aprobación del fondo está en la posibilidad de que entidades sin ánimo de lucro participen de los comités de control de inversiones y criterios de sostenibilidad de las mismas. Aseguran fuentes empresariales sobre este aspecto, que se trata de un elemento que distorsionaría el aspecto técnico que el Ejecutivo otorga a la nueva herramienta de ahorro, y al exhaustivo perfil profesional de los miembros de los comités de control previstos por el Ejecutivo.
Cabe recordar en este punto que dar luz verde a este elemento de la reforma del sistema público de pensiones -el impulso de los sistemas complementarios de previsión social se encuentra recogido en la decimosexta recomendación del Pacto de Toledo- es una de las prerrogativas de la Comisión Europea para la llegada de los fondos para la reconstrucción Next Generation, y que según el calendario comprometido con Bruselas la activación del mismo no debería retrasarse más allá de junio de 2022.
Ya en noviembre, cuando el Ejecutivo expuso las líneas fundamentales del reglamento de estos planes de empleo de promoción pública, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, confirmó que se recogerían las apreciaciones de patronal y sindicatos para aprobar en un Consejo de Ministros de enero el texto definitivo. Fuentes cercanas a las negociaciones tripartitas confirman a elEconomista que la intención del Gobierno es aprobar esta ley ya el martes próximo. En este punto, desde el Ejecutivo aseguran que si bien es cierta la inmediatez de la aprobación del texto definitivo tal y como aventuró el ministro, aún no se está fijado el día que el Consejo de Ministros dará luz verde a la ley.
Falta de incentivos
También el sector asegurador ha censurado el modelo de ahorro presentado por el Ejecutivo. En una entrevista reciente publicada por este medio tras conocerse la ley que regirá el fondo público, la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, aseguraba que en una situación demográfica como la que tiene España debería existir una clara apuesta que pasa por el desarrollo de incentivos para los trabajadores y para los empresarios, "y en los proyectos que está tramitando el ministro Escrivá no existe absolutamente ningún incentivo ni para unos ni para otros".
"Si en épocas con más incentivos no fuimos capaces de avanzar más, sin ellos mucho menos y más cuando las empresas están sometidas a una fuerte presión porque estamos en una recuperación económica no consolidada, un problema de suministros, una inflación bastante elevada, salarios incrementándose en muchos casos por razones directamente de decisiones de Gobierno como la revisión del SMI o un anunciado incremento de cotizaciones", apunta la presidenta de Unespa.
