El Consejo de Ministros da luz verde al anteproyecto de ley del fondo público de pensiones con el que pretende potenciar los planes de pensiones de empleo entre los trabajadores de nuestro país y quintuplicar el volumen de patrimonio depositado a modo de ahorro para la jubilación de empleados. El Gobierno completa con esta medida el marco de actuación para fomentar la previsión social complementaria en España, a la cola de la UE en términos de ahorro financiero para la jubilación, tras la reducción de los incentivos fiscales de las aportaciones a los planes individuales de pensiones de 2.000 euros a 1.500 euros anuales, y elevar la ventaja fiscal para los planes colectivos de empleo hasta los 8.500 euros anuales.
En España, los planes colectivos de pensiones solo alcanzan al 10% de los ocupados, mientras que en Europa la cifra va del 25 al 90%. "El objetivo de la norma es facilitar el acceso a planes colectivos a trabajadores de rentas medias y bajas y de pequeñas y medianas empresas, así como a trabajadores autónomos y jóvenes", apunta el Gobierno en la exposición de la ley que regirá el funcionamiento del fondo.
En este sentido, el titular de la Seguridad Social señalaba en rueda de prensa que este anteproyecto responde a la recomendación 16 del Pacto de Toledo, a la reforma del componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y a la disposición adicional 40 de la ley de presupuestos de 2021. Este fomento de los planes colectivos espera facilitar un plan de ahorro a asalariados, autónomos y empleados públicos, que hasta el momento no han tenido acceso a un producto de ahorro.
Escrivá asegura que España vive una "situación anómala desde hace dos décadas" en cuanto a planes colectivos, que se encuentran estancados, frente al crecimiento de los planes individuales. Estos últimos, beneficiaban, además, a las rentas altas y muy altas, como apuntaba el ministro. Además, los planes colectivos "estaban sometidos a una serie de trámites muy extensos, que dificultaban su creación". "Va orientado a eliminar todos los obstáculos que hasta ahora han dificultado la extensión de los planes colectivos", añade.
Esta medida, más allá, se contempla como fundamental en el seno del Ejecutivo y también en el grupo de trabajo para la materia de la Comisión Europea, ya que supondrá una revolución del ahorro privado en nuestro país. Más aún, si el Gobierno logra el objetivo de recortar hasta en un 66% el coste de las comisiones de gestión con las que cargan los ahorradores y que erosiona en el largo plazo el rendimiento y productividad del dinero depositado en los planes. Según el calendario, el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley del fondo en una segunda lectura definitiva del texto el próximo mes de enero, y sería votado en el Congreso de los Diputados en ese mismo mes y activado en junio del próximo año, cuando quedaría aprobado definitivamente.
"Hemos tenido un modelo hasta ahora donde las rentas medias se beneficiaban muy poco de los incentivos fiscales existentes. Sabemos, por ejemplo, porque se está desarrollado en otros países, o en el País Vasco, que el mecanismo más potente para cambiar eso es a través de los planes de empleo. Hay que tener en cuenta que un plan de empleo tiene un coste medio en comisiones del 0,3% y un plan individual está en torno al 1,5%. Calculemos lo que es durante toda una vida pagar más de un punto más al año de rentabilidad durante 30 años, es decir, cambia completamente el atractivo del fondo", apuntaba el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sobre el elemento de reducción de costes como principal atractivo del instrumento de promoción pública.
Cabe recordar en este punto, que junto con la aprobación del sistema de cotización por ingresos reales de los trabajadores autónomos, la activación de este fondo público antes de la segunda mitad del próximo año será fundamental para recibir en junio de 2022 los 6.000 millones de euros correspondientes al segundo tramo semestral de ayudas europeas procedentes del fondo de reconstrucción Next Generation.
No en vano, el nuevo golpe fiscal a los planes de pensiones del sistema individual asestado en el Presupuesto General de 2022 llega en un momento en el que estos productos de ahorro finalista han visto salir 231 millones de euros entre enero y septiembre, según los últimos datos publicados ayer por Inverco -es decir, el dato ni siquiera recoge el impacto que tendrá la nueva bajada en la cantidad deducible en IRPF, de 2.000 euros anuales a 1.500, que el Gobierno recoge en los Presupuestos Generales del Estado para 2022-.
La clave: reducción de costes
Más allá, el principal beneficio que tendrán los ahorradores del fondo público de pensiones se da en términos de costes de gestión y de depósito del dinero que afrontan al abrir un plan y realizar las aportaciones. El anteproyecto contempla la creación de un fondo de empleo de impulso público, reforzamiento de la negociación colectiva y mejora de la fiscalidad de los planes de empleo. Escrivá asegura que esta ley favorecerá la competencia, ya que gestoras privadas, mediante el procedimiento de concurso, gestionarán el fondo, con comisiones bajas.
En el borrador se especifica que la comisión máxima a aplicar por las gestoras de los planes de empleo de promoción pública será del 0,4%, a lo que hay que sumar un 0,1% en concepto de depositaría. Unos límites muy inferiores a los que rigen a los planes de pensiones del sistema individual. Según datos de Morningstar, el 92% de los planes de estos vehículos cobra actualmente más de un 0,4% en concepto de comisión máxima de gestión. El mayor atractivo que el Gobierno está otorgando a los planes de empresa, al aumentar la cantidad deducible vía aportaciones hasta los 8.500 euros a partir del año que viene en detrimento de los individuales y la posibilidad de que accedan a ellos colectivos que hasta ahora no podrían obligar al resto de la industria a tener que hacer más competitivos sus productos ajustando las comisiones a las del plan Escrivá.
Los planes de pensiones del sistema individual son de por sí más caros que los de empresa, a pesar de que sus comisiones máximas de gestión están limitadas, desde abril de 2018, hasta el 0,85% en el caso de los de renta fija; en el 1,3% en los de renta fija mixta y en el 1,5% para el resto (donde se incluyen los de renta variable o los mixtos de bolsa). A lo hay que sumar un 0,2%, como máximo, por la depositaría. Todo ello deja las comisiones totales de los planes de pensiones del sistema individual en una horquilla de entre el 1,05% y el 1,7% frente al 0,5% de los planes de empresa de promoción pública.
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