El Gobierno aprobará este martes la articulación de un fondo público de pensiones colectivo para facilitar la adhesión de los trabajadores a los planes de ahorro a largo plazo y elevar así el nivel de cobertura de la previsión social complementaria en nuestro país, principalmente entre el colectivo de pymes y autónomos. Con esta medida el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones da respuesta a uno de los mandatos del Pacto de Toledo que en la decimosexta recomendación para la reforma del sistema de pensiones reclama que se incentive el ahorro de los trabajadores en el seno de la empresa, a través de modelos de fondos colectivos de pensiones como ocurre en el sistema NEST de Reino Unido o con las EPSV del País Vasco.
Además, el Ejecutivo prevé abordar en el Consejo de Ministros de este martes la reducción de las desgravaciones fiscales para los planes individuales, fijados en 8.000 euros anuales de aportación, y que pasaría a restringirse a 2.000 euros anuales. Cabe recordar que según los cálculos del Ministerio de Hacienda, la desgravación fiscal aplicada a estos instrumentos de ahorro resta cada año 1.643 millones de euros a las arcas públicas (450 millones si se tiene en cuenta el diferimiento fiscal). Con esta medidas, se arma una doble vía de actuación para revolucionar la historia del ahorro privado en nuestro país, virando hacia modelos más extendidos en el resto de Europa donde la previsión individual supone una parte fundamental de paga de jubilación.
Con esta última medida, la de recortar los incentivos fiscales a los planes privados, el Gobierno recoge el argumento de la AIReF donde en la evaluación de la Autoridad Fiscal se concluía que el beneficio fiscal no alcanza el objetivo e incluso puede resultar negativo para un conjunto amplio de ahorradores una vez que se tiene en cuenta la fiscalidad en el momento de jubilación de ese ahorro, las comisiones del plan de pensiones y la tasa de preferencia intertemporal.
¿En qué consiste el fondo público?
Como se ha mencionado la primer vía de actuación que abordará el Gobierno para incrementar el volumen de ahorro entre los trabajadores de nuestro país es el impulso de los planes de pensiones de empresa. Para ello se pretende facilitar la articulación y adhesión de las pymes y de sus trabajadores a través de planes colectivos sectoriales y altamente digitalizados. "Que se puedan adherir las empresas y dar de alta a los trabajadores desde el móvil", confiesan fuentes de Moncloa a elEconomista sobre el objetivo de la medida. Se trata así de facilitar y eliminar cualquier tipo de burocracia que pueda suponer un obstáculo para la participación en estos planes de ahorro. "La idea es que sea sencillo, casi automático, y destinado tanto para el empleado que acaba de llegar a la empresa como para el jefe que es el dueño de la compañía", apuntan estas mismas fuentes.
Este sería el impulso para articular un modelo de adscripciones cuasi automáticas como el NEST de Reino Unido. Pero más allá, con el objetivo de incluir a los autónomos, que en la mayoría de los casos cuentan con planes privados de pensiones, y aquellos segmentos de pymes muy específicos que no conforman grandes tejidos sectoriales o gremiales, el Gobierno impulsará de igual manera un fondo público de pensiones al que se puedan adherir estos trabajadores y pequeñas empresas, y que además otorgue una seguridad adicional por el respaldo institucional del producto previsional.
Este fondo público, así como los diferentes fondos que se puedan ir articulando en torno a los sectores productivos, se prevé, como ocurre en otros modelos, que se traten de planes de aportación definida y compartida entre la empresa y el trabajador. Es decir, por ejemplo, cada mes la empresa invertirá en el plan de ahorro colectivo un 0,5% de la nómina de dicho empleado pero además aportará una parte similar o equivalente de su parte a esta cuenta. Además, cabe recordar otros dos aspectos asociados a estos planes de empresa: están tutelados en sus decisiones de inversión por órganos conformados por representantes de la empresa y de los trabajadores, y eso a su vez otorga a la negociación colectiva un nuevo papel preponderante en este aspecto.
¿Qué hace Europa con los incentivos?
Cabe recordar que, tal y como apunta el informe elaborado por el director general del IEE, Gregorio Izquierdo, el nivel que supone el incentivo fiscal en base al volumen de las aportaciones de planes de pensiones en nuestro país es claramente inferior a la media de las principales potencias europeas y del resto del globo. Una proporción que se aprecia claramente en el nivel que supone el incentivo fiscal en base al volumen de las aportaciones de planes de pensiones en cada país y en relación con la media de la OCDE. De este modo, si en España este nivel de proporción del incentivo respecto a las aportaciones realizadas supone el 58% del total respecto a la media OCDE, la intensidad de este incentivo, de media es un 42% menos. Y en lo que refiere a la UE, cuyo promedio es algo peor que el de la OCDE, el sistema de incentivos fiscales en España se sitúa en el 65% de la media europea. En cualquier caso, la distancia en relación con los países con mejores prácticas de incentivos fiscales de la OCDE y de la UE es muy superior, ya que Irlanda u Holanda están por encima del 170% de la media de la OCDE, que es equivalente a un incentivo fiscal tres veces superior al de España.
En este sentido, cabe señalar que en España solo el 26% de la población en edad de trabajar está cubierto por un instrumento de previsión social privado. "Desde el sector asegurador estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de impulsar el segundo pilar, pero en nuestra opinión ello no debe hacerse a expensas del tercer pilar, reduciendo los incentivos a este último. Tanto el segundo como el tercer pilar deben ser impulsados, y el tratamiento fiscal de estos instrumentos es una variable relevante para el fomento de los mismos, como señala la Recomendación de la Comisión Europea de 29 de junio de 2017", argumenta la presidenta de la patronal aseguradora Unespa, Pilar González de Frutos.
