Los créditos avalados a pymes, empresas y autónomos por el Estado suponen una amenaza para la estabilidad tanto del déficit público como del sector financiero en un futuro, debido a la incertidumbre sobre la evolución de la economía por el coronavirus. Estos préstamos, que contarán con una garantía de hasta 100.000 millones otorgada por el Gobierno, podrán entrar en impago en función de cuándo y cómo se reactive la actividad.
El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha garantizado en una nota, al Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España, que no sancionará el mero incumplimiento de los plazos en la presentación de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (Erte) por causas de fuerza mayor, dado que la norma no lo contempla.
El Departamento de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón va a poner 13 millones de euros a disposición de pymes y autónomos para operaciones de circulante y 40 millones para garantía de avales, con el objetivo de ayudarles a hacer frente a la situación de crisis generada por el coronavirus COVID-19. Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha aclarado, mediante un documento, las actividades industriales y empresariales que pueden continuar en marcha tras el endurecimiento del estado de alarma.
Tras la hecatombe del empleo en el mes de marzo, y siendo los trabajadores por cuenta propia los que han sostenido el mercado laboral ante el cataclismo que avecinaba la crisis sanitaria del coronavirus, los autónomos redoblan sus peticiones al Gobierno para garantizar el mantenimiento de la actividad del colectivo una vez que pasen los peores momentos de la desplome de la economía que se avecina en el segundo trimestre del año.
Unos 500.000 autónomos, de los 3,2 millones que hay en España, han solicitado la nueva prestación por cese de actividad desde que arrancó la crisis del coronavirus, según ha detallado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Los autónomos, protagonistas en las demandas de los agentes sociales al Gobierno para afrontar la crisis del coronavirus y uno de los colectivos que se sitúan en el centro de la diana de la crisis económica que sucederá a la sanitaria, son los únicos responsables de que no se haya producido el cataclismo del mercado laboral español en el mes de marzo. Y todo ello debido a que se han mantenido en el RETA a pesar del desplome de la actividad y del cuentagotas con el que han ido llegando las ayudas para un colectivo que es responsable del 75% de la ocupación en nuestro país.
El Gobierno acaba de aprobar un Real decreto por el que dará acceso al bono social eléctrico a todos los autónomos que hayan cesado su actividad o reducido su facturación en un 75% como consecuencia de la crisis del coronavirus. Pero, ¿cómo se debe solicitar esta ayuda?.
Saber cómo afrontar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social en los próximos meses no es cosa fácil para neófitos en Derecho. El Real Decreto Ley 11/2020 del pasado 31 de marzo ha abierto la puerta para que cualquier autónomo o empresa -sin importar tamaño, facturación o número de empleados- puedan diferir los pagos de los próximos cuatro meses (de abril a julio) con una cadencia de seis meses.
La Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Planes de Pensiones y la Asociación Empresarial del Seguro ha mostrado su apoyo a la medida aprobada por el Gobierno que permite a los trabajadores afectados por la crisis del Covid-19, tanto asalariados como autónomos, disponer del ahorro acumulado en sus planes de previsión social complementaria.
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