autónomos

Los empresarios y autónomos acogidos a los préstamos otorgados con avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) van a poder ampliarlos desde los 8 años máximos que autorizaba el Gobierno hasta los 10 años, así como ampliar el periodo de carencia en su pago más allá de los dos años, como consecuencia de la puesta en marcha ya regulado gracias a la puesta en marcha del Código de Buenas Prácticas para favorecer la reestructuración de deuda de empresas y autónomos, que publicó el pasado jueves, 13 de mayo de 2021, el BOE.

El PP recurrirá en los tribunales la decisión del Gobierno de España de Pedro Sánchez de realizar un "sablazo fiscal" a los autónomos, ha anunciado este viernes el presidente de este partido, Pedro Sánchez, durante su visita a la ciudad de Zaragoza.

La declaración trimestral del IVA es una de las muchas obligaciones del colectivo de autónomos. Los trabajadores por cuenta propia actúan como recaudadores para la Agencia Tributaria, son meros intermediarios entre el consumidor y esta entidad.

El Gobierno aprobó el pasado martes el 'código de buenas prácticas' que regulará las condiciones para que los autónomos puedan acceder a quitas cuando no puedan cubrir el importe total de sus créditos ICO (Instituto de Crédito Oficial).

El anuncio del Gobierno con las nuevas cuotas para los trabajadores autónomos una vez que se sustancie la reforma del Reta no ha dejado indiferente a las asociaciones representantes del colectivo, que denuncian la unilateralidad del Ejecutivo en la propuesta de cuotas para los 13 tramos de ingresos que se prevé establecer para la cotización de estos empleados. Una medida, que elevará las cuotas a cerca de un millón de trabajadores una vez se termine de desplegar la reforma -en un plazo de nueve años- y a la que suma el reciente anuncio del Ejecutivo de aumento de impuestos a partir de 2022. "Subir impuestos es el recurso de los torpes", asegura el presidente de ATA, Lorenzo Amor, sobre los recientes anuncios de Hacienda y Seguridad Social que afectan al colectivo de trabajadores por cuenta propia.

El pago de las cuotas a la Seguridad Social es un tema siempre candente para los autónomos, ya que es una de las principales obligaciones que tienen en el desarrollo de su actividad.

El Gobierno da a conocer la nueva estructura que prepara para el régimen de cotización de los trabajadores autónomos. La reforma prevé la implantación progresiva de un sistema de tramos, hasta 13, que discriminen por niveles de renta.

Esta solución permite financiar, de forma ágil y sencilla, aquellos pagos nacionales habituales como nóminas, seguros sociales, alquileres, impuestos, suministros o facturas de proveedores, entre otros.

El Gobierno ya ha puesto encima de la mesa la propuesta para el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos que tal y como avanzó elEconomista consistirá en 13 tramos de ingresos a los que irá asociada una cuota de entre 90 euros y 1.220 euros mensuales, en función del nivel de ingresos. Y eso sí, se llegará a estas cuantías cuando se complete la reforma, dentro de nueve años que es el periodo de transición previsto para el régimen de cotizaciones.

Los autónomos pueden haber sufrido un susto en la declaración de la Renta 2020-2021. Un fallo de la Agencia Tributaria ha provocado que estos profesionales por cuenta propia no puedan acogerse a las deducciones familiares permitidas por la ley durante los meses en que cobraron las ayudas por cese de actividad.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Gobierno y enviado a la Comisión Europeo desgrana las líneas maestras del reparto y aplicación de los fondos de la Unión Europea para renovar la economía comunitaria en la pandemia de coronavirus. Se trata de una reforma estructural en la que, como no podía ser de otra manera, los autónomos también están afectados.

El Gobierno ha publicado el Real Decreto Ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, que moviliza 11.000 millones de euros para frenar en la medida de lo posible la debacle económica que está sufriendo el tejido empresarial español, representado en su gran mayoría por pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos, a causa de la pandemia provocada por la Covid-19. De esa cantidad, 7.000 millones se entregarán en ayudas directas.

Uno de los problemas más comunes que afrontan los autónomos en la declaración de la Renta es demostrar que los gastos que pretenden deducirse corresponden a su actividad profesional y no tienen vínculo con su vida personal. Una traba que no se ha solucionado en este ejercicio y que, denuncia el sector, afecta a un buen número de trabajadores por cuenta propia.

El Gobierno se ha propuesto usar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para dar un nuevo empuje a la lucha contra el fraude fiscal y, buscando la colaboración con los autónomos, pymes y el resto de empresarios, reducir dicho fraude y la economía sumergida.

El renting ha comenzado a hacerse un hueco en la vida de los autónomos, que cada vez más se decantan por este tipo de fórmula para obtener sus vehículos de transporte profesional.

La modalidad de pluriactividad afecta a todos aquellos autónomos que, a la vez que forman parte del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta) también están integrados en otro régimen diferente de la Seguridad Social, por ejemplo, como asalariados por cuenta ajena.

La Administración General del Estado y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) han firmado un convenio para "para la identificación de cargas administrativas y su reducción", un intento de eliminar las trabas burocráticas y simplificar la relación de los profesionales por cuenta propia con el Estado.

Los autónomos pueden deducirse una gran variedad de gastos en la Renta, pero al hacerlo deben demostrar que estas cantidades se han invertido en actividades u operaciones indispensables para su profesión. Algo que no siempre es fácil, ya que algunos gastos son particularmente especiales, como los destinados a la movilidad.

Los autónomos que ha percibido ayudas por cese de actividad derivadas de la crisis económica que ha provocado la pandemia de coronavirus tendrán que estar atentos a la hora de hacer su declaración de la Renta. Como ha sucedido en casos de trabajadores por cuenta ajena con los Ertes o con los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, tendrán que prestar especial atención a las normas que conlleva la recepción de todas esas prestaciones.

Los trámites que deben llevar a cabo todo aquel pequeño autónomo, pyme o emprendedor pueden ser muy costosos, sobre todo a nivel burocrático, un problema que se añade a los impuestos. Y ahí, cada autonomía, marca pequeñas diferencias.

La pensión de la jubilación de los autónomos, al pertenecer a un régimen especial, conlleva mayores particularidades que la de los trabajadores por cuenta ajena. Además, la Seguridad Social puede denegar esta prestación si considera que algunos de los requisitos no se cumplen por parte de estos profesionales.

Un autónomo que causa baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta) y permanece un cierto tiempo sin inscribirse en la Oficina de Empleo pierde la condición de situación asimilada al alta en la Seguridad Social, aunque posteriormente se inscriba de manera ininterrumpida como demandante de empleo en un tiempo inmediatamente anterior a la solicitud de una pensión por incapacidad permanente total.

Un autónomo que causa baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta) y permanece un cierto tiempo sin inscribirse en la Oficina de Empleo pierde la condición de situación asimilada al alta en la Seguridad Social, aunque posteriormente se inscriba de manera ininterrumpida como demandante de empleo en un tiempo inmediatamente anterior a la solicitud de una pensión por incapacidad permanente total.

Las 18 sociedades de garantía recíproca (SGR) que operan en España inyectaron financiación por valor de 425 millones de euros a pymes y autónomos de todo el país durante el primer trimeste, con 5.767 operaciones de aval formalizadas. Esto supone un incremento del 42% con respecto al importe facilitado en el mismo periodo del año anterior.

La Fundae ofrece más de un millar de cursos online para profesionales autónomos que quieran reforzar sus capacidades o dar un giro a su vida laboral. Un recurso que muchas veces pasa desapercibido.

Tras su anuncio en marzo y la modificación de los requisitos y ampliación de los colectivos para su acceso en abril, los autónomos están muy cerca de poder solicitar las ansiadas ayudas directas que el Gobierno contempla como medida de cobertura ante la crisis derivada de la pandemia de coronavirus.

Castilla y León quiere aprovechar el avance de la digitalización y la tendencia demográfica de huida de las grandes urbes para atraer a autónomos que realizan su actividad en otras Comunidades, a los que "tienta" con ayudas de entre 4.000 y 6.000 euros.