Madrid 
El Gobierno quiere facilitar que cada persona que comience a trabajar tenga una "adscripción automática" a un plan de pensiones, de forma que pueda ahorrar y al llegar a su jubilación cuente con un "complemento significativo", teniendo en cuenta que "el ancla es el sistema público de pensiones". Concretamente, el objetivo, ambicioso, que se marca el Ejecutivo pasa por sumar a la mitad de los trabajadores a estos planes de ahorro colectivo que se promocionarán a través del anunciado fondo público de pensiones, que será desarrollado en un plazo de doce meses. Esto supone que si actualmente los planes de pensiones de empresa cuentan con casi dos millones de partícipes, la cifra llegue hasta la cobertura de nueve millones de ocupados.
En la inauguración de un foro sobre pensiones organizado por Cinco Días, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Jose Luis Escrivá, explicó este miércoles que, dentro de la reforma de las pensiones, el Gobierno desarrollará los sistemas complementarios, concretamente, los planes de pensiones colectivos, tal y como recoge el mandato de la recomendación 16 del Pacto de Toledo sobre los instrumentos de ahorro complementario para la jubilación.
"Los planes colectivos en España suponen el 3% del PIB, unos 35.000 millones de euros, una cifra bajísima", ha explicado Escrivá
"Los planes colectivos en España suponen el 3% del PIB, unos 35.000 millones de euros, una cifra bajísima", explicó Escrivá, lo que refleja un "infradesarrollo" de los mismos. En Bélgica, Francia o Alemania "uno de cada dos trabajadores está en un plan colectivo, mientras que en España son uno de cada seis", recuerda. Por ello, señala que el Gobierno quiere desarrollar los planes de pensiones colectivos para tratar de alcanzar a la mitad de la población ocupada, multiplicando por cuatro su penetración actual.
Además, quiere redoblar esfuerzos para llegar a pymes, autónomos y empleados públicos, a quienes "no les hemos puesto las cosas fáciles", consiguiendo que "los costes estén ajustados al beneficio de los ciudadanos", generalizando las ventajas fiscales y simplificando la normativa. El objetivo, ha dicho, es que los jóvenes de ahora, que se jubilarán a partir de 2050, tengan "un sistema complementario al público realmente potente y que cumpla sus funciones de ahorro a largo plazo en el periodo de jubilación".
Para ello, ha recordado, el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2021 ya eleva la desgravación en las aportaciones a planes de colectivos hasta los 10.000 euros anuales, así como el compromiso de crear un fondo de promoción pública y de gestión privada.
Este será "el instrumento más importante para solventar los cuellos de botella" en la promoción de planes de pensiones entre pymes, autónomos y empleados públicos, ha dicho Escrivá, quien ha añadido que ello conseguirá que la oferta competitiva de gestión privada sea "amplia, accesible y barata". Además, ha anunciado que estarán "atentos a innovaciones, como favorecer el ahorro fácil vinculado al consumo".
Divorcio con el sector asegurador
Por su parte, el sector asegurador cree que el fondo de pensiones público que creará el Gobierno, con grandes economías de escala, tardará al menos cinco años -el Ejecutivo se ha dado un plazo de doce meses- en dinamizarse, y critica que, mientras tanto, se estará penalizando el ahorro privado a largo plazo a través del alza fiscal sobre los individuales que se plantea en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.
Así lo pusieron de manifiesto el presidente de Inverco, Ángel Martínez Aldama, y la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, en una mesa de debate durante la celebración de la jornada. En este sentido, Martínez Aldama señaló como medida "muy positiva" la creación del fondo de pensiones de promoción pública recogido en el proyecto de los PGE, si bien aseguró que es una propuesta de "maduración lenta". Y el presidente de Inverco también advirtió de que el mismo proyecto de PGE para 2021 recoge una noticia "muy negativa y de maduración inmediata" como es la reducción del atractivo fiscal de los planes de pensiones privados.
Cabe recordar que el Ejecutivo ha modificado los límites de aportaciones máximas a estos planes, rebajando de 8.000 euros a 2.000 euros el nivel de aportación que puede desgravarse en el IRPF para los individuales. Para González de Frutos, la única finalidad de este alza fiscal "es recaudatorio a corto plazo, no más allá del año 2022 o 2023". En su opinión, si un sistema de pensiones público va a tardar al menos cinco años en dinamizarse, los ahorros privados de cerca de 6 de cada 10 trabajadores se van a ver penalizados durante este periodo.
"Creo que el tema no responde a la finalidad pretendida", apostilló la presidenta de la patronal del seguro, añadiendo que, de ninguna manera, este "hachazo o latigazo" fiscal se verá compensado. González de Frutos contó cómo la historia de las grandes reformas de pensiones, como la sueca, la de Schröder en Alemania, la italiana, la noruega o las sucesivas en Holanda, han enseñado que "el gran acicate para un cambio es la situación comprometida de dichos sistemas".
"Los sistemas de pensiones nunca se reforman ni se refuerzan en los momentos adecuados, porque esos momentos adecuados, los momentos del cuasi pleno empleo, de los incrementos de productividad y de la bonanza económica, son momentos en los que las pensiones no se tocan", señaló, apuntando a los momentos de crisis como el correcto.
