Madrid.
El acuerdo del Pacto de Toledo sobre la recomendaciones para la reforma de pensiones será sometido a votación en le pleno del Congreso de los Diputados el próximo 17 de noviembre. Presumiblemente, el texto deberá ser aprobado al menos por el mismo número de partidos que suscribió el acuerdo en la Comisión Parlamentaria, si bien este periodo de transito hasta que se vote en el pleno se encuentra abierto un plazo de votos particulares, que son una suerte de enmiendas parciales al texto que servirá al Gobierno como guía para abordar los cambios legislativos sobre la Seguridad Social.
Aquí, el PP presentará un voto particular al texto en su recomendación 16 sobre la promoción de los instrumentos de previsión social complementaria, para que se mantengan los incentivos fiscales a los planes de pensiones individuales, que el Ejecutivo ha recortado en un 75% en el proyecto de Presupuestos Generales presentado la pasada semana y que será sometido a votación en los próximos días. En este sentido, piden los populares que pese a haber votado afirmativamente a las conclusiones globales del Pacto de Toledo en la Comisión del mismo nombre "valorando el acuerdo alcanzado, en el próximo debate en el Pleno el PP defenderá un único voto particular en defensa del mantenimiento y mejora de los incentivos fiscales a los sistemas de ahorro complementarios a las pensiones públicas, en línea con la UE y con la Airef, también teniendo en cuenta que este organismo ha demostrado que son las rentas más bajas las más beneficiadas (además de que los temporales y particularmente los autónomos no tienen acceso a un plan de empleo en la empresa)".
Cabe recordar que esta es una de las dos medidas que se han incluido en el Presupuestos de 2021 como avanzadilla de la reforma de pensiones que deberá desplegar el Ejecutivo durante esta legislatura y que pretende culminar en con el cierre del déficit presupuestario de la Seguridad Social para 2023. Para ello, además del recorte de estos incentivos fiscales en el tercer pilar de la jubilación, se han previsto unas transferencia de carácter estructural que en el próximo año desviarán 14.000 millones de gasto no contributivo del Sistema a los Presupuestos, es decir, a los impuestos.
En este sentido, los populares aseguran que sin cuestionar la centralidad del sistema público de pensiones basado en un régimen financiero de reparto, el artículo 41 de la Constitución ampara el desarrollo de sistemas complementarios de carácter voluntario que, en línea con los países de nuestro entorno europeo, se articulan como mecanismos de naturaleza mixta. "En su dimensión económico-financiera, son instrumentos de ahorro a medio y largo plazo para los trabajadores y herramienta de inversión bajo tutela de los poderes públicos. Pero también tienen como objetivo complementar -en ningún caso sustituir- las pensiones públicas", explican los populares en su escrito de enmienda al cual ha tenido acceso elEconomista.
Descifrando el informe de AIReF
Cabe recordar que recientemente la AIReF asestó un severo golpe al modelo de planes de pensiones privados en nuestro país. A través de su estudio de evaluación de gasto en políticas públicas, y más concretamente en beneficios y exenciones fiscales, la Autoridad Fiscal asegura que los incentivos a estos planes de previsión social complementaria no cumple con el objetivo de generar ahorro a largo plazo para la jubilación con un coste para las arcas públicas de 1.643 millones de euros. "Es necesario reformular estos incentivos", recalcaba la presidenta de AIReF, Cristina Herrero, durante la presentación de Spending Review 2019/2020 sobre beneficios fiscales.
Aquí, la Autoridad Fiscal concluye que, "el beneficio supone una pérdida de recaudación de 1.643 millones de euros y de los que se benefician 2,5 millones de declarantes, lo que supone un 13% del total", apunta el informe asegurando que se trata de un beneficio fiscal "regresivo" ya que se concentra en la parte alta de la distribución de renta de la Agencia Tributaria.
De este modo los populares sí que tildan de "insuficiente e insatisfactorio recorrido que estas fórmulas han tenido hasta la fecha", y recuerdan que la Comisión reafirma su apuesta por impulsar su implantación efectiva, atendiendo a la recuperación de los salarios y al fortalecimiento de la negociación colectiva, para lo que mantiene la recomendación de dotar de estabilidad al actual modelo de previsión social complementaria. "En línea con lo planteado por la AIReF en su evaluación de los beneficios fiscales (julio de 2020) deberá dotarse a dichas entidades de un régimen fiscal y jurídico adecuado y diferenciado, mejorando el existente en la actualidad y entendiendo que en ningún caso dichos sistemas de ahorro puedan ser considerados como meros productos financieros", apuntan sobre la vuelta de tuerca que ya planteó la Autoridad Fiscal como necesaria para oxigenar el mercado previsional en España, muy por detrás en términos de desarrollo y cuota de cobertura sobre los trabajadores y potenciales ahorradores para la jubilación.
"Adicionalmente, la Comisión de Pacto de Toledo considera necesario el apoyo al tercer pilar, a los mecanismos de ahorro individual como complemento a las pensiones públicas, y pone de manifiesto, en este sentido, la necesidad de ampliar los incentivos a estos sistemas, de forma compatible, en cualquier caso, con el desarrollo del segundo pilar", interpretan los populares sobre la recomendación que en ningún caso fija las reducciones a los incentivos fiscales como condición sine qua non.
"Las reformas sobre esta materia deben ir en línea con los avances de la Comisión Europea a través del impulso al Plan de Pensiones Paneuropeo (PEPP) regulado por el Reglamento del Parlamento Europeo 2019/1238, de 20 de junio de 2019, que los países miembros han de transponer a sus ordenamientos antes de junio de 2022. Plan de pensiones individual, voluntario y complementario a los sistemas de pensiones públicos y sistemas de empleo existentes en los distintos países de la UE, así como con los planes privados de pensiones nacionales", apuntan, y en lo que sentencian en la enmienda al asegurar que "eliminar o reducir las deducciones fiscales iría justo en la dirección contraria".
