Madrid
El Gobierno prevé reducir hasta en un 66% los costes que acarrean actualmente los ahorradores en sus planes de pensiones en forma de comisiones de depósito y de gestión. Concretamente, el Ejecutivo proyecta esta reducción de costes, actualmente en el entorno del 1,25% en los planes del sistema individual y ya por debajo del 0,5% en los planes colectivos de empresa, principalmente sobre los primeros. El punto de inicio de la estrategia estará en el impulso de vehículos de ahorro para autónomos y pymes con bajos costes de gestión (control y promoción por parte del sector público) enfocando el instrumento en los fondos de pensiones de empresa, con menores comisiones, propiciando y facilitando la movilización de los planes individuales que muchos trabajadores del colectivo actualmente tienen en cartera, pero con altas comisiones de gestión aplicadas por las entidades.
En este punto, desde el sector asegurador reconocen que existe un amplio margen de maniobra sobre los costes que acarrea el ahorro en el sistema individual, pero no en los planes de pensiones de empresa -sobre todo los de mayor volumen- donde la competencia ya es elevada y muchas veces el coste de gestionar se encuentra en el entorno del 0,3%.
Según el BBVA, la comisión establecida por la legislación es del 0,20% por la comisión depositaria y de una media del 1,25% por gestión. Además, a efectos del decreto 62/2018, se estableció una comisión de gestión máxima anual dependiendo del tipo de inversión: 0,85% para renta fija, 1,3% para mixtos y 1,5% para todas las demás categorías. También se estableció una comisión de depositaria máxima del 0,20% anual, independientemente del tipo de plan.
Así, en términos agregados los gastos operativos de los fondos de pensiones, es decir, las comisiones de gestión, custodia y depósito, gastos de comercialización, gastos por servicios profesionales independientes, como actuarios y auditores, gastos de comisión de control u otros gastos ajenos a las inversiones, alcanzaron en 2019 la cifra de 1.047,03 millones de euros, lo que supone un incremento del 2% respecto al ejercicio anterior (1.026 millones de euros), tal y como apunta según el último Informe Estadístico de Instrumentos de Previsión Social Complementaria de la Dirección General de Fondos y Planes de Pensiones.
Reestructuración necesaria
En este sentido, desde Fedea señalan algunas debilidades del sector de ahorro financiero en España que deberán ser revertidas para cristalizar el apuntalamiento del modelo de previsión social complementaria. "Entre las medidas de estímulo a la previsión social complementaria, que se han implementado en los últimos años, nos encontramos con una reducción en la cuantía máxima de las Comisiones de Gestión y Depósito de los Planes de Pensiones, así como con la apertura de las denominadas ventanas de liquidez que podrán aplicarse en los planes de pensiones a partir de 2025", apunta Inmaculada Domínguez Fabián en el informe de Fedea El ahorro como complemento para la pensión.
El estudio señala que los estímulos que incentivaban a los empresarios a promover sistemas de previsión para sus empleados, prácticamente se han eliminado. "Únicamente se ha mantenido la reducción, de la aportación, en la base imponible del Impuesto de Sociedades", apunta el documento. Y señala que con anterioridad a 2011 y 2014, un empresario podía considerar ventajoso fiscalmente realizar aportaciones para la jubilación de sus trabajadores, dado que se reducía un 10% de lo aportado en la cuota del Impuesto sobre Sociedades y no cotizaba a la Seguridad Social por la cifra aportada.
Los expertos ven un "mal momento" para articular un sistema de ahorro semiobligatorio
Cabe recordar que de acuerdo a los resultados del Monitor Económico ifo-N26, los clientes españoles ahorraron un 38% más en sus cuentas durante 2020 y, a finales de marzo de 2021, se observó que ahorraban un 42% más en comparación con los niveles anteriores a la pandemia. Unos resultados que revelan que los niveles de ahorro se han disparado en los cuatro países desde que comenzó la pandemia del Covid y, de hecho, España muestra un nivel superior al de Francia e Italia, aunque inferior al de Alemania. Durante el confinamiento en abril de 2020 la tasa de ahorro había aumentado entre los hogares europeos, siendo España el país donde más personas (un 73%) declararon que las medidas de aislamiento les habían ayudado a ahorrar algo más, por delante de alemanes (64%), franceses (62%) e italianos (35%).
En este sentido, desde el sector asegurador, uno de los primeros efectos que refleja el sector asegurador este incremento de necesidad de información sobre la gestión de ahorros, así como de concienciación a cerca de conceptos financieros como la planificación de gastos, el volumen potencial de ahorro, rendimientos estimados según los principios de interés compuesto o la estimación de la cuantía de pensión pública que percibirán los trabajadores en su jubilación. Todas ellas, materias de formación financiera que parecen haber ganado protagonismo precisamente en un momento de crisis económica que ha agujereado las plantillas y el mercado laboral en su conjunto.
Concretamente, este es el punto de divergencia que se aprecia por parte de la industria: el de los tiempos para la puesta en marcha de fondo público de pensiones impuestos por el Gobierno. Concretamente, se dieron desde la Seguridad Social y el Ministerio de Economía, allá por el mes de noviembre, un plazo de doce meses para lanzar el instrumento de ahorro destinado principalmente para pymes y autónomos. "Son plazo cortos para su puesta en marcha y en una situación económica muy mala", señala Juan Marina, de Nationale-Nederlanden, sobre la eventual introducción de estos planes, y más aún según el carácter de obligatoriedad para las aportaciones por parte de los trabajadores -a lo que se sumaría la aportación de empleador-.
Así, señala el director de Nationale-Nederlanden Employee Benefits que si el objetivo del Gobierno es implantar un sistema de adscripción automática como el que funciona en Reino Unido (NEST), que incorpora a los trabajadores a la rutina de aportaciones mensuales -actualmente es del 4% del empleado, 3% de la empresa y 2% del Estado-, el momento elegido, en plena crisis económica provocada por la pandemia, no es el más oportuno. "No es el mejor momento económico para decirle a las pymes y a los autónomos que tienen que aportar obligatoriamente a un plan de pensiones de empresa", apunta Juan Marina, quien asegura que se necesita dar un tiempo previo para la recuperación de la economía antes de su puesta en marcha.
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