Madrid. 
Finalmente, y tras cinco años desde que el Pacto de Toledo recibiese el mandato de realizar unas recomendaciones para la reforma del sistema público de pensiones, el Congreso dio luz verde en la tarde del jueves al primer paquete de medidas que conformarán la reforma y que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2022. Entre las principales cuestiones sustanciadas en esta votación se encuentran: la vinculación de las pensiones con el IPC, la modificación de coeficientes para la jubilación anticipada y el alza de incentivos para la demorada, además de la separación de las fuentes de financiación del Sistema y la derogación del factor de sostenibilidad para su sustitución por el mecanismo de equidad intergeneracional.
De este modo, el Pleno del Congreso aprobó este jueves por 176 votos a favor, 148 en contra y 6 abstenciones el dictamen del proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones recibió luz verde por el Pleno del Congreso. La CUP, el BNG y el PP trasladaron su voto en contra.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, intervino para agradecer el trabajo de los grupos para una ley que "trae seguridad" a los pensionistas y un marco estable. "Garantiza de una vez y para siempre el poder adquisitivo de las pensiones, deja atrás una etapa de incertidumbre", destacó Escrivá, quien destacó que el paquete de medidas tiene "el espíritu del consenso" por dar respuesta a una parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Trasladó a los grupos "mano tendida" y les invitó a que "se impliquen" en la tramitación en el Senado y en la segunda parte de la reforma que debe acordar el nuevo sistema de cotización de los autónomos, impulsar los planes de pensiones o crear una nueva Agencia de Seguridad Social.
Este proyecto de ley vuelve a la revalorización de las pensiones con el IPC y deroga así el índice de revalorización de las pensiones (IRP) de la reforma de 2013, y no descuenta en los años de inflación negativa. También incorpora el mecanismo de equidad en la disposición adicional cuarta, acordado solo con los sindicatos, sin la patronal, que contempla una subida de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos entre 2023 y 2032, a repartir en 0,5 puntos para las empresas y 0,1 para los trabajadores, para dotar el Fondo de Reserva de recursos para afrontar el aumento en el gasto en pensiones.
En comisión se incorporaron enmiendas conjuntas de Bildu y ERC por las que el Gobierno deberá llevar a la mesa del diálogo social en un plazo máximo de un año una propuesta para reformar la cuantía de las pensiones mínimas y "la evolución del SMI".
