Los autónomos verán aumentada su aportación a los planes de pensiones de empleo con derecho a desgravación desde los actuales 1.500 euros anuales que se recogen en la Ley de Presupuestos Generales de este año a 5.750 euros gracias a la ley de planes de pensiones de empleo que ha aprobado el pasado martes el Consejo de Ministros. Sin embargo, los trabajadores por cuenta propia se quedan muy por debajo de los asalariados que podrán desgravarse hasta 10.000 euros al año, un 42% más.
El Consejo de Ministros ha dado este martes el visto bueno al proyecto de ley que impulsará los planes de pensiones de empleo sin el apoyo de los agentes sociales. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no ha incluido una desgravación en el impuesto de Sociedades para las aportaciones de las empresas como solicitaban los empresarios en la mesa de negociación.
El Consejo de Ministros dio luz verde definitivamente al proyecto de ley para la articulación del fondo público de pensiones con el que se pretende dar un impulso definitivo al ahorro complementario para la jubilación, una de las tareas pendientes de España si elevamos la comparación al resto de países del entorno comunitario y, más allá, se trata de una demanda de Bruselas de cara a la reforma del sistema público de pensiones.En concreto, el proyecto de ley ha incorporado incentivos fiscales para impulsar los planes de pensiones colectivos, en línea con la recomendación 16ª del Pacto de Toledo y con las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Hay que recordar que en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 se continúa el proceso de diferenciación de la fiscalidad entre planes individuales y colectivos, estableciendo un límite en la deducción de la base imponible de 1.500 euros y de 10.500 euros, respectivamente. Eso sí, el texto no incluye definitivamente una de las demandas del sector privado, que ha trasladado al Ejecutivo hasta el último momento previo a la aprobación y que era una condición para sostener un apoyo público a la medida: la desgravación fiscal en el impuesto de Sociedades. Se espera, según el calendario comprometido con la Comisión, que estos fondos de promoción pública estén activos para la segunda mitad de 2022. De ello dependerá que nuestro país reciba el tramo correspondiente al segundo semestre de este año procedente de los fondos Next Generation, por valor de 6.000 millones de euros.
El Gobierno no contará con el apoyo de la CEOE para el Anteproyecto de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo que aprobará mañana el Consejo de Ministros -lo anunció el viernes el responsable de Seguridad Social, José Luis Escrivá-, según declaran a eE fuentes de la patronal y reconoció el ministro el pasado viernes.
La jubilaciones anticipadas ya suponen un 26% del gasto total anual en pensiones. La Seguridad Social destina para el pago de estas pensiones un total de 37.162 millones de euros, lo que significa que más de uno de cada cuatro euros que destina el Estado al colectivo corresponde a pensionistas que abandonaron el mercado laboral de forma prematura, es decir, antes de la edad legal de jubilación. Para este año, el Presupuesto de la Seguridad Social recoge un desembolso histórico en pensiones contributivas, que ascenderán en el conjunto del año a los 142.931 millones de euros y que rebasa en 7.000 millones el gasto del pasado 2021.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, asume ya que uno de los puntos estrella de la reforma de pensiones deberá ser aprobada sin el apoyo explícito de los agentes sociales, con quienes aún mantiene reuniones de última hora para tratar de aglutinar un mínimo consenso sobre el fondo público de pensiones. "Nunca aspirábamos a una firma y una ratificación con los agentes sociales" del diseño de la medida, apuntaba el propio ministro durante la rueda de prensa celebrada para dar cuenta del avance quincenal de la afiliación a la Seguridad Social, y donde confirmó que el instrumento de ahorro complementario será aprobado definitivamente en el Consejo de Ministros de la próxima semana.
El impacto de la variante ómicron, que ya se encuentra en una fase de reducción de su incidencia sobre la población, tensionó las cuentas de la Seguridad Social al final del pasado año y comienzos de 2022, dando lugar a que el coste de las bajas laborales provocadas por el virus se haya incrementado en un 82%, hasta los 1.600 millones de euros. En 2020, las ausencias de trabajadores por Covid costaron 871 millones de euros a las arcas del Estado.
Sin duda, el arranque de 2022 deja un buen sabor de boca en términos generales sobre el comportamiento del mercado laboral. Al menos, en el plano del desempleo, ya que el incremento experimentado en el primer mes del año de 17.173 nuevos parados supuso la menor subida en este mes de los últimos 25 años. Ahora bien, observando el detalle de las cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo, se aprecia como la contribución de la Comunidad de Madrid, concretamente, es crucial: sin la mejora del mercado laboral en la región el desempleo habría crecido el doble en el conjunto de España.
La fuerte erosión sufrida por el tejido productivo en España en los dos años ya casi cumplidos desde el estallido de la pandemia deja un horizonte, en plena recuperación, en el que la creación de empleo se podría ver limitada en el medio plazo. Concretamente, a finales del pasado 2021 -últimas cifras oficiales disponibles-, nuestro país registraba 77.831 empresas menos de alta en la Seguridad Social. Pero es más, si observamos la sangría de cierres que se experimentó en los peores meses de la pandemia, los del confinamiento en los meses de marzo y abril de 2020, solo se han podido recuperar el 40% de todas esas empresas que cesaron su actividad.
La foto fija del mercado laboral tras el impacto de la pandemia da cuenta de la importante contribución del empleo público para sostener los niveles de ocupación en España. Con algo más de perspectiva, desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en el segundo trimestre de 2018, esta aportación es tan crucial como que los ocupados en el sector público se han incrementado cuatro veces más que los del sector privado. Concretamente, y con el paso de la pandemia mediante, las empresas han generado en estos dos años y medio un total de 359.200 empleos (un 2,7% más que el nivel registrado en la EPA del segundo trimestre de 2018), mientras que el conjunto de las Administraciones ha añadido al mercado laboral a 357.700 empleados, un 11,4% más que el nivel de 2018.