La Seguridad Social ya aplica a los jubilados anticipados en 2022 el nuevo pliego de coeficientes reductores para la pensión de jubilación, con una excepción, a quienes sean potenciales beneficiarios de la pensión máxima de jubilación. Para ello, el nuevo modelo será más gravoso que el actual en el caso de que deseen anticipar el retiro laboral entre 23 y 24 meses, antes de alcanzar la edad legal de jubilación.
El Ministerio de Seguridad Social ha suavizado las exigencias que quería imponer en materia de comisiones a las gestoras que se postulen para tramitar los fondos de pensiones de empleo de promoción pública y los fondos de empleo simplificados de nuevo cuño, tras las fuertes críticas que ha recibido de la industria de gestores de activos a través de la CEOE, encargada de negociar en la mesa.
Empresas y organizaciones llevan reclamando más de una década la puesta en marcha de un régimen sancionador contra la morosidad que castigue las demoras en los pagos. Sin embargo, la propuesta legislativa apoyada por unanimidad por parte de todos los grupos políticos, lleva encallada en el proceso de enmiendas más de un año hasta acumular 49 prórrogas en el Congreso.
El Ministerio de la Seguridad Social y el de Asuntos Económicos han desvelado cuál será la contrapartida económica que recibirán las empresas que decidan implantar los nuevos planes de empleo que quiere impulsar el Gobierno: un máximo de 301 euros al año por trabajador, según se puede deducir de una farragosa fórmula que se incluye en el último borrador del Anteproyecto de Ley, al que ha tenido acceso elEconomista, que desarrolla el fondo público de empleo. Junto a esta fórmula, la otra gran novedad del borrador es la posibilidad de que el trabajador tenga una mayor aportación que el empresario, aunque el exceso se graduará según una tabla de coeficientes.
En España hay casi medio millón más de personas recibiendo algún tipo de retribución o transferencia pública que un salario del sector privado, con cifras de cierre de 2021. Concretamente, son 496.776 más quienes reciben una prestación o nómina por parte del Estado. Una cifra cercana al nivel de 2019, cuando la diferencia ascendía a 530.000 transferencias públicas más que las procedentes del sector privado, pero que sí experimenta una notable mejora en los últimos doces meses, ya que a cierre de 2020, y como producto del impacto de la pandemia, nuestro país contabilizó a 1,4 millones de personas más recibiendo una retribución pública que privada.
La CEOE llevará el fondo público ante los tribunales si finalmente se aprueba en los términos en los que se encuentra en el último borrador que el Ejecutivo ha entregado a los agentes sociales para realizar las últimas apreciaciones, antes de que el texto vea luz verde en Consejo de Ministros. Según fuentes cercanas a la negociación de este punto de la reforma de pensiones, la patronal considera que el instrumento de previsión social complementaria supone una "nacionalización" de este sector económico y "va contra la competencia" y la iniciativa privada, por lo que se plantea denunciar el fondo público de pensiones ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), órgano competente en esta materia.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, hizo un hueco este lunes por la tarde a elEconomista. Estaba a caballo del viaje a Costa Rica, de donde regresó el viernes, y se preparaba para marchar a Dubai. "Nosotros hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer y si no sale, cada uno tendrá que responder muy bien de por qué no ha salido", dice sobre el debate de la reforma laboral este jueves en el Congreso.
La propuesta del Gobierno para introducir en el régimen de autónomos la cotización en base a sus ingresos reales será ampliamente insuficiente para cauterizar el desfase entre ingresos anuales de cuotas y prestaciones que registra el Reta, de unos 10.000 millones de euros. Con la reforma planteada a los agentes sociales, el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones espera elevar la recaudación en 2.000 millones de euros al año. Sin embargo, estos mayores ingresos solo servirían para cubrir un 20% del agujero anual que registra el régimen especial para los trabajadores por cuenta propia.
La actualización de las pensiones de inicio de año aprobada este pasado martes en base al avance de la inflación, tal y como se recoge en el primer paquete de medidas de la reforma del Sistema público, ha tenido su impacto inmediato. El incremento de la cuantía de la pensión media de jubilación se ha duplicado en tan solo un mes. Concretamente, si la nómina de pensiones que ofrece mensualmente la Seguridad Social recogía en diciembre de 2021 una paga media de jubilación de 1.196 euros al mes, arrojando un incremento interanual del 2,2%, ya en el primer mes de 2022 esta cuantía asciende a 1.245 euros, y supone un crecimiento anual del 5,4%, es decir, el doble que hace solo treinta días.
El Gobierno afronta la parte más compleja de la reforma del sistema público de pensiones con la presión de Bruselas que azuza el calendario de las negociaciones para la validar las entregas de los fondos para la reconstrucción, y con el rechazo de patronal y sindicatos ante algunos de los planteamientos previos sobre la senda de destope de las bases máximas de cotización y la ampliación de años para el cálculo de la pensión.