El Gobierno planea aprobar el texto definitivo de la ley que regirá el fondo público de pensiones en el Consejo de Ministros del próximo martes con la oposición de los empresarios, que critican la concepción de la medida y la gobernanza del instrumento de ahorro, tal y como ha podido saber elEconomista sobre las últimas revisiones del documento llevadas a cabo por las organizaciones patronales.

Entre el mes de febrero de 2020 y finales de enero de 2022, el periodo marcado por el impacto de la pandemia, el mercado laboral habrá logrado crear unos 429.000 empleos más respecto al momento en que estalló la crisis sanitaria, y la cifra total de afiliados a la Seguridad Social cerrará el presente mes al borde de los 20 millones de ocupados. Ahora bien, estas cifras esconden un hecho relevante: el 53% de los empleos creados en el periodo de pandemia corresponden al sector público. Concretamente, un total de 229.000 trabajadores se habrán incorporado a puestos de la Administración pública en el plazo de estos dos años de crisis sanitaria, siendo así responsables el Estado y las CCAA de más de la mitad del empleo recuperado tras el fuerte desplome experimentado en los meses del confinamiento estricto.

La avanzada edad de buena parte de los funcionarios del Ministerio de Hacienda y la escasa rotación y cobertura de plazas, especialmente complicada en el caso de los Inspectores, abre una espita sobre la capacidad a medio plazo de la Administración Central para controlar y vigilar las entregas y buen uso de los fondos europeos para la reconstrucción que irán llegando a España en los próximos años. Según los datos sobre la plantilla del Ministerio de Hacienda a los cuales ha tenido acceso elEconomista, la edad media de la fuerza laboral del organismo, tanto funcionarios como personal laboral, es de 54,2 años. Con esta situación, unido a la baja rotación de las plazas abre un horizonte de 10 años de tensionamiento de las cargas laborales, cuando comenzarán las jubilaciones en bloque del cuerpo funcionarial de Hacienda, en un momento crucial para la recuperación de la economía española tras la pandemia, que dependerá en buena medida de esa financiación procedente de la UE.

Con las líneas fundamentales de la reforma del sistema público de pensiones ya sobre la mesa, parece evidente que buena parte de la mejora de los ingresos del Sistema durante las próximas décadas provendrá de las mayores aportaciones a la Seguridad Social que deberán realizar las rentas más altas. De hecho, solo la medida que se refiere al progresivo destope de las bases máximas supondrá, en el plazo marcado de 30 años, que estos cotizantes con bases de más de 49.000 euros anuales deberán de aportar cada año hasta 5.600 millones de euros más a las arcas para el pago de las futuras pensiones y prestaciones.

La contribución del sector público a la recuperación del empleo experimentada en 2021 es determinante. Más aun, cuando aún faltan por recuperar 100.000 puestos de trabajo del sector privado, a lo que se suma los empleados afectados por un Erte o por la prestación extraordinaria por cese de actividad. Concretamente son 102.548 asalariados afectados por un Erte y otros 108.000 autónomos con la ayuda por motivos de la pandemia. En suma, unas 310.000 personas aún no han recuperado su empleo desde el gran estallido de la crisis sanitaria. Son varios los expertos que apuntan a esta tendencia de incremento de peso del sector público en el total de afiliación, que se entiende mejor observando ciertos sectores preponderantes en las últimas altas que registra la Seguridad Social.