sector público

Las administraciones que más rápido han sido capaces de licitar la llegada de los fondos europeos son las aquellas de derecho público, principalmente empresas públicas. El despliegue de la financiación europea "ha evolucionado de forma ascendente" tras "unos inicios muy modestos" hasta alcanzar unos 5.000 millones de euros hasta el mes de febrero completo. De esa cantidad, 2.700 millones los asumieron las empresas públicas, el 54% del montante. Son datos extraídos del análisis de licitación de fondos europeos de Esade.

La masa salarial de las Administraciones españolas superó todas las marcas de la serie histórica el año pasado. De acuerdo con las cifras oficiales de Contabilidad Nacional del INE, en 2021 la suma de los sueldos de los asalariados del sector público (funcionarios junto al personal de otras categorías que integran la plantilla del sector público) más sus pagos por cotizaciones sociales ascendió a 147.363 millones anuales, y así se refleja en los datos más actualizados.

Hace casi dos años, escribíamos en este mismo periódico que el Covid provocaría un incremento de 25 puntos porcentuales de la ratio de deuda pública de España sobre su PIB hasta el 120%. Así se ha producido casi en términos exactos. Al mismo tiempo, precedíamos que la deuda tendría un coste sobre el crecimiento económico a largo plazo de entre un 0,6% y 1% anual basándonos en las estimaciones publicadas en diferentes papers académicos. Este hecho será observable en las estimaciones de PIB potencial de los próximos años, el cual frenará su crecimiento entre 2022 y 2023 con respecto al ritmo de crecimiento mostrado entre 2020 y 2021.

Entre el mes de febrero de 2020 y finales de enero de 2022, el periodo marcado por el impacto de la pandemia, el mercado laboral habrá logrado crear unos 429.000 empleos más respecto al momento en que estalló la crisis sanitaria, y la cifra total de afiliados a la Seguridad Social cerrará el presente mes al borde de los 20 millones de ocupados. Ahora bien, estas cifras esconden un hecho relevante: el 53% de los empleos creados en el periodo de pandemia corresponden al sector público. Concretamente, un total de 229.000 trabajadores se habrán incorporado a puestos de la Administración pública en el plazo de estos dos años de crisis sanitaria, siendo así responsables el Estado y las CCAA de más de la mitad del empleo recuperado tras el fuerte desplome experimentado en los meses del confinamiento estricto.

La contribución del sector público a la recuperación del empleo experimentada en 2021 es determinante. Más aun, cuando aún faltan por recuperar 100.000 puestos de trabajo del sector privado, a lo que se suma los empleados afectados por un Erte o por la prestación extraordinaria por cese de actividad. Concretamente son 102.548 asalariados afectados por un Erte y otros 108.000 autónomos con la ayuda por motivos de la pandemia. En suma, unas 310.000 personas aún no han recuperado su empleo desde el gran estallido de la crisis sanitaria. Son varios los expertos que apuntan a esta tendencia de incremento de peso del sector público en el total de afiliación, que se entiende mejor observando ciertos sectores preponderantes en las últimas altas que registra la Seguridad Social.

La institución ha revisado 1.263 propuestas de mejora de la gestión derivadas de 50 informes de fiscalización. El sector público aragonés ha implantado total o parcialmente el 68% de las recomendaciones. Destacan el grado de implantación de las relacionadas con contratación (82%) mientras que, en menor medida, se han adoptado las de personal (43%).

El IEB, escuela de negocios especializada en formación financiera, jurídica y empresarial, continúa potenciando los estudios hacia tendencias formativas demandadas, tanto a nivel profesional como de formación a medida para las empresas. En este sentido, el centro continúa potenciando el Área de Sostenibilidad e Innovación del IEB con el Programa Especializado de ESG en la Gestión de Activos y Asesoramiento Financiero y lanza, además, un Curso superior de contratación del sector público.

Nadie duda que nuestro país cuenta con un excelente sistema publico de salud que tiene ante sí importantes retos que amenazan su viabilidad y su sostenibilidad, lo que hace necesario nuevas formas de gestión con el fin de garantizar los niveles de calidad y eficiencia que requiere la sociedad actual. La perturbación pandémica no ha hecho mas que evidenciar esta necesidad, y mas de uno se preguntará, como hubiera absorbido nuestro país la tensión hospitalaria de nuestro sistema publico de salud sin la colaboración publico privada. Sin embargo, son muchas las reticencias ante este tipo de colaboración primando las razones ideológicas ante las técnicas, y sin tener en cuenta que estos acuerdos, se utilizan como un mecanismo para mejorar la provisión y la calidad de los servicios de salud, y que su implementación, exige estrictos mecanismos de control y seguimiento.

Tras meses de escalada de ciberataques que han afectado a los proveedores de infraestructuras críticas, a la cadena de suministro de alimentos, e incluso han interrumpido la distribución de las vacunas para el COVID-19 y los hospitales que luchan por tratar a los pacientes afectados por esta enfermedad, es hora de poner límite a la situación. A medida que se han ido difuminando las líneas de los ciberataques hay una cuestión que es cada vez más evidente, y es que la ciberseguridad es la seguridad nacional de todos los países.

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales del país para el que se buscan soluciones. Desde la consultora inmobiliaria Savills Aguirre Newman apuestan por fomentar la colaboración entre lo público y lo privado, y porque cada parte aporte su experiencia.

La continua subida de la luz que alcanza día tras día sus máximos históricos llevó a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera, a proponer a largo plazo la creación de una empresa pública eléctrica que aglutine las concesiones hidroeléctricas una vez expire su plazo de concesión. Es algo que Podemos, sus socios de Gobierno, habían propuesto ya anteriormente.

La entrevista se concierta a modo de balance del primer semestre y tan solo horas antes de que inicie las vacaciones en familia: "Ha sido un año muy duro y es conveniente cargar las pilas y tener un poco de tranquilidad para los importantes retos que tenemos por delante", señala. Antonio Garamendi, la cara y la voz de los empresarios españoles (Getxo, 1958), licenciado en Derecho por Deusto, es un hombre amable y educado, de sonrisa fácil, que ha adoptado una estrategia absolutamente pragmática respecto al Gobierno de coalición.

La inesperada llegada de la crisis del Covid-19 ha supuesto un duro golpe para las finanzas públicas de todos los países y especialmente para los países considerados como de bajos ingresos, según la clasificación del Banco Mundial. Estos países presentan un menor margen fiscal y una mayor dificultad de acceso a los mercados de capitales, lo que ha hecho necesaria una rápida actuación de los acreedores públicos para concederles un cierto alivio que pudieran destinar a cubrir el incremento del gasto sanitario.

¿Quién no recuerda esa película del año 2000 en la que dos grandes tormentas se unen para dar lugar a una "tormenta perfecta", de consecuencias catastróficas? Lo que en ella se narra, bien podría ser una metáfora de lo que está sucediendo hoy en el mundo con las materias primas. Llevamos ya meses observando un incremento imparable de los precios de las commodities, resultado de una combinación de factores atribuibles a la pandemia.

Uno puede pensar que los debates terminan cuando se llega a un acuerdo. No suele ocurrir así en el ámbito de las relaciones laborales, donde lo enfrentado de las posiciones y la existencia de intereses contrapuestos lleva a que éstos se cronifiquen y se hagan estructurales. Todos conocemos los más relevantes, que nos vienen acompañando toda la vida: coste del despido, flexibilidad, temporalidad…

Nuevo 'rejón' de la justicia europea a España por la situación de los interinos del sector público. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha declarado este jueves contraria a Derecho comunitario la jurisprudencia española que permite renovar contratos temporales en el sector público a la espera de procesos selectivos para los que no existe un plazo concreto fijado y también prohíbe que estos trabajadores pasen a tener contratos indefinidos no fijos.

Mucho se habla de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) y, mas aún se habla de la necesidad de cuidar nuestro planeta frente a las consecuencias adversas del cambio climático, por lo que, en una buena parte de ocasiones, la 'E' emerge como un factor central en el debate sobre la sostenibilidad. Sin embargo, cada vez es más evidente que para avanzar como sociedad de una manera equilibrada es fundamental encontrar la combinación perfecta de los tres criterios. Un desafío que no es nada fácil de diseñar y mucho menos de ejecutar.

Durante el primer trimestre del año, el 91% de los concursos de creatividad y gestión de medios convocados por las administraciones públicas presenta algún tipo de irregularidad. Esta es una de las conclusiones del primer estudio realizado por el Observatorio de Concursos Públicos de Publicidad, impulsado por la Asociación de Agencias de Creatividad Transformadora (ACT) y la Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación (La FEDE), basado en unos criterios que ambas organizaciones consideran "razonables". El objetivo de este estudio es "que haya una mejor utilización de todos los recursos públicos que se están poniendo sobre la mesa para este tipo de acciones de comunicación, publicidad, creatividad y medios", apunta José Carlos Gutiérrez, presidente de La FEDE.

La sostenibilidad lleva mucho tiempo en la agenda de empresas, reguladores e inversores. Hasta ahora ha habido avances importantes, pero aún queda mucho trabajo que hacer, y es una responsabilidad de todos.

La crisis económica provocada por la pandemia ya se deja notar en el crecimiento de la morosidad y de los impagos entre las empresas del sector privado, pero también en el sector público. Concretamente, según el Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2020 publicado este jueves por la PMcM, el plazo medio de pago a proveedores aumentó el pasado año tanto en el sector público (en 7 días, un 10%, pasando de 70 a 77 días), como en el sector privado (un incremento del 5%, sumando 4 días, situándose en 77 días frente a los 73 de 2019).

La colaboración público privada en España es, desde hace tiempo, una modalidad de gestión de la cosa pública que no sólo ha generado valor añadido económico sino también ha servido para prestar servicios públicos de manera eficaz y eficiente. En un mundo de recursos escasos es la mejor manera para aprovechar todos los disponibles y así conseguir mejor los fines y objetivos buscados.

El año 2020 nos ha puesto frente a problemas de gran calado a nivel sanitario y macroeconómico, pero la pandemia del Covid-19 no puede hacer que nos olvidemos de los jóvenes, uno de los segmentos más vulnerables de la sociedad. El acceso de los jóvenes a la vivienda es actualmente un grave problema en el que debemos involucrarnos tanto el sector privado como las administraciones públicas porque sin ellos, no hay futuro.

Nueve meses después de la entrada en vigor de la cuarentena provocada por la COVID-19, la economía española está solo comenzando a digerir sus efectos. La actividad, el empleo y la ocupación se han contraído con fuerza desde entonces. La renta disponible bruta de los hogares se redujo un 8,6% en el segundo trimestre de 2020 respecto del año anterior; la media para la Eurozona fue del 2,4% en el mismo período.

CSIF, CC.OO. y UGT han advertido este viernes al Gobierno de que convocarán movilizaciones en el sector público si no se negocia un refuerzo de las plantillas ante la crisis del covid-19. Los tres sindicatos han registrado una protesta formal en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública "por la ausencia de negociación en materia de empleo público y condiciones de trabajo".

Este Gobierno que presume de progresista y solidario entiende la solidaridad como dicen de la caridad bien entendida, que empieza por uno mismo. Y fieles a ese principio inspirador de su gestión política no han tenido reparos ni pudor para subirse el sueldo con premeditación y alevosía utilizando como subterfugio la mejora en las retribuciones de los funcionarios. 

El Gobierno apuró los plazos para cumplir con la obligación de enviar a Bruselas su plan presupuestario para 2021, aunque no estén aprobadas aún las Cuentas, para que la Comisión lo corrija. Sin embargo, no será fácil que el Ejecutivo comunitario lleve a cabo esa tarea, debido a la total oscuridad en que están sumidas tanto las previsiones sobre ingresos fiscales como, lo que es más grave, las que se refieren al gasto público.

Desde hace unos años cuidar el planeta se ha convertido en una obligación y necesidad para todos. Los efectos del cambio climático se hacen notar cada vez más en nuestro entorno: temperaturas más altas, sequías, lluvias torrenciales son solo algunas de los avisos que la Tierra está lanzando.

Las tragedias humanas y enormes trastornos económicos causados por la Covid-19 han captado, inevitablemente, la atención de los responsables políticos y el público durante seis meses, y debieran seguir haciéndolo. Pero mientras gestionamos la crisis inmediata no debemos perder de vista las oportunidades. La frase citada a menudo que propone "no dejar que una crisis se desperdicie" rara vez ha sido más relevante.

La subida salarial del 2% comprometida por el Gobierno a comienzos del año, en las primeras semanas de legislatura, para los funcionarios ya es un espejismo en Extremadura y Baleares, que acaban de suspenderla sine die, y amenaza con reproducirse en otras regiones del territorio nacional tras el impacto de la pandemia, que ha secado las arcas públicas tanto del Estado como de las comunidades autónomas. Por el momento, los gobiernos socialistas de estas dos autonomías ya han comunicado a los empleados dependientes de su administración que no se aplicará este año el incremento salarial prometido.