Europa acaba de aprobar un paquete de ayudas por un valor de 750.000 millones de euros destinadas a apoyar a los estados miembros en la superación de la crisis provocada por la Covid-19.
Este paquete de recuperación y presupuesto, aprobado por el Consejo Europeo el pasado mes de julio, apoyará la inversión en transición ecológica y digital. Estos fondos europeos abarcan el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP), el fondo de garantía del BEI y medidas extraordinarias agrupadas en el Plan Europeo de Recuperación, conocido con el nombre de NEXT GENERATION EU. Su finalidad es financiar proyectos de utilidad pública que beneficien al conjunto de la población, y pueden acceder a ellos tanto empresas públicas como privadas u organizaciones sin ánimo de lucro.
A España le corresponden 140.000 millones repartidos entre subvenciones (72.700 millones), que son prácticamente a fondo perdido, y préstamos (67.300). Estos fondos se tramitarán a través de los Presupuestos Generales del Estado, y podrán recibirse entre este año y 2026.
En los próximos años (2021-2023) España podrá recibir transferencias del programa Next Generation por una cantidad máxima de 71.604 millones de euros mediante dos instrumentos de inversión: El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que aglutinará hasta 59.168 millones, y el React-EU, que llegará hasta los 12.463 millones.
Quién puede optar y cómo
Los fondos Next Generation EU están destinados a la recuperación sostenible de la sociedad europea, por lo que pueden acceder a ellos tanto empresas como particulares, si bien estos últimos tienen más restricciones. Hay tres formas de optar a estos fondos:
1. Mediante convocatorias de ayudas o subvenciones directas por parte de las autoridades competentes, fundamentalmente los ministerios. Esto puede ser por concurrencia simple (se seleccionan los proyectos por estricto orden de presentación de solicitudes hasta el agotamiento de fondos) o por concurrencia competitiva (al mejor proyecto). Los beneficiarios son ayuntamientos y empresas.
2. A través de las convocatorias lanzadas por las distintas comunidades autónomas, a las que el Gobierno transfiere competencias en la materia. Y ellas transfieren los fondos a los destinatarios finales, que pueden ser empresas públicas o privadas, entidades locales, entes públicos, pero también personas jurídicas o comunidades de vecinos. La adjudicación de fondos en este caso puede ser vía licitación, o ayuda o subvención, y a su vez se puede adjudicar por convocatoria simple o por asignación directa (de los ayuntamientos) También puede darse el caso de que dentro de las actuaciones de competencia autonómica los fondos se destinen a financiar proyectos propios.
3. Con inversión indirecta. Es decir, a través de empresas públicas o direcciones generales, o mediante licitaciones de contratos de obra a empresas privadas. Por ejemplo, ejecución de proyectos de Adif o la dirección general de carreteras financiados con los fondos de recuperación.
En resumen, existen por un lado subvenciones para la financiación de activos privados, a través de convocatorias de concurrencia competitiva lanzadas por las diferentes administraciones y otros organismos públicos como Red.es o el CDTI. Y por otro lado, contratos para la financiación de activos públicos a través de licitaciones. La financiación puede ser 100% pública o servirse de concesiones. Serán proyectos que saldrán a licitaciones, convocadas por las diferentes administraciones.
Puedes consultar todas las convocatorias de licitaciones y subvenciones aquí.
Otras herramientas: los PERTE
Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) el mecanismo con el que el Gobierno gestionará parte del dinero procedente de los Fondos Europeos para la recuperación de la crisis desencadenada por el Covid-19. Se trata de una nueva forma de colaboración público-privada en la que se identifican proyectos singulares. Serán proyectos con gran capacidad de arrastre para el crecimiento, el empleo y la competitividad de la empresa española, en los que exista un claro fallo de mercado, externalidades importantes o una insuficiente iniciativa o capacidad de inversión por parte del sector privado. Los PERTE son aprobados por el Consejo de Ministros a partir de criterios objetivos y transparentes y todas las entidades interesadas deberán suscribir una serie de normas comunes para su acreditación en el nuevo Registro estatal de entidades interesadas en estos proyectos.
Hasta la fecha solo se ha aprobado un PERTE, el de "Vehículo Eléctrico y Conectado", cuyo eje central es la creación del ecosistema necesario para el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conectados mediante el impulso a la industria del automóvil. Además, se ha anunciado el PERTE "En Español: nueva economía de la lengua" para impulsar la lengua como activo económico. Se basa en 7 objetivos: Inteligencia artificial, Ciencia en español, Aprendizaje del español en el mundo, Turismo de la lengua, Industrias culturales, Español global, Lenguas cooficiales
Actualmente, están en fase de estudio el PERTE Aeroespacial, el PERTE de la cadena agroalimentaria inteligente y sostenible y el PERTE de la salud de vanguardia.
Herramientas para adecuar las ayudas y licitaciones al tejido empresarial: las MDI
Para garantizar la eficacia del Plan y asegurar la eficiencia en el desarrollo de los proyectos, los distintos ministerios lanzan peticiones de manifestaciones de interés (MDI). Son consultas realizadas para analizar posibles ámbitos de actuación, con el objetivo de garantizar la eficacia del PERTE. Estas consultas recogen posibles ámbitos de actuación y contribuyen a aportar una visión más amplia y plural para que el diseño de las líneas pueda tener en cuenta la diversidad y características de los posibles proyectos.
Su objetivo es lograr que las inversiones y ayudas del Plan se adecúen a las necesidades del tejido empresarial y de los ciudadanos. Se persigue que el diseño de políticas y programas públicos parta de información precisa y directa proporcionada por las empresas y los actores sociales. Es una herramienta frecuentemente utilizada por la Comisión Europea, pero muy poco aplicada en España.
Hasta el momento se han publicado 26 manifestaciones de interés relacionadas con el Plan: 22 abiertas a todos los participantes, 4 dirigidas a administraciones públicas (Ayuntamientos y Comunidades Autónomas). Todas han tenido formatos y criterios comunes y se han adaptado a los requerimientos de la Comisión Europea, especialmente en lo relacionado con la competencia. Actualmente, ha finalizado el plazo de inscripción de las 26 MDIs.
Las manifestaciones de interés han tenido una gran utilidad al orientar las convocatorias a aquellas áreas en las que existen más proyectos maduros y con más garantía de alcanzar resultados, además de acelerar iniciativas e ideas que han cristalizado en proyectos concretos. Existe la percepción de que muchos de estos proyectos serán una realidad en los próximos años más allá de que sean finalmente financiados por el NextGenerationEU.
