Madrid. 
La propuesta del Gobierno para introducir en el régimen de autónomos la cotización en base a sus ingresos reales será ampliamente insuficiente para cauterizar el desfase entre ingresos anuales de cuotas y prestaciones que registra el Reta, de unos 10.000 millones de euros. Con la reforma planteada a los agentes sociales, el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones espera elevar la recaudación en 2.000 millones de euros al año. Sin embargo, estos mayores ingresos solo servirían para cubrir un 20% del agujero anual que registra el régimen especial para los trabajadores por cuenta propia.
Según los datos internos que manejan los técnicos del ministerio, para este 2022, la Seguridad Social espera ingresar por cuotas de autónomos algo más de 11.000 millones de euros, mientras que el gasto que tendrá que afrontar en prestaciones a lo largo del año ascenderá a más de 22.000 millones de euros. Es decir, la cuantía de los pagos duplicará la de los ingresos. O dicho de otro modo, la recaudación de los doce meses del año apenas servirá para cubrir un 50% de los gastos en pagas por cese de actividad, invalidez o pensiones de jubilación, entre otras prestaciones.
Para este año concreto, con ese impulso a la recaudación, limitado, que se producirá en el Reta, esa tasa de cobertura de los gastos sobre el nivel de ingresos apenas se incrementaría hasta el 60%, por lo que las situaciones de déficit persistirían en el régimen especial. Cabe recordar, además, que esta situación tampoco se vería mitigada en mayor medida con el paso de los años, a medio plazo. De hecho el modelo propuesto al colectivo por parte del Gobierno implanta unos tramos de rendimientos, trece según el documento al cual ha accedido este medio, entre los cuales hasta seis de cada diez de trabajadores por cuenta propia verían reducirse la cuota según los cálculos de la Seguridad Social.
Con estas cifras financieras sobre la mesa, el gabinete capitaneado por el ministro José Luis Escrivá avanza con paso firme en su propuesta de reforma del Reta para introducir un sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos de nuestro país, y que se encuentra en este momento en plena negociación con las asociaciones representantes del colectivo. Una de las principales razones que el Ejecutivo arroga para llevar a cabo la medida es la escasa protección en términos de prestaciones por invalidez, cese de actividad o jubilación, que se ha hecho más palpable con la crisis económica provocada por la pandemia.
Concretamente, los datos oficiales de Seguridad Social a los que ha tenido acceso elEconomista apunta que en 2020, la Seguridad Social otorgó a los autónomo prestaciones por valor de 20.729 millones de euros, un 3% más que en el año previo, mientras que los ingresos de las cuotas del colectivo -en muchos casos bonificadas para los beneficiarios del cese extraordinario de actividad- se desplomaban 18,2% hasta los 9.336 millones de euros. Es decir, las prestaciones supusieron más del doble que los ingresos.
Misma situación se reproduce en el año recién vencido. En 2021, las cuotas de los autónomos acumularon un remanente en las arcas de la Seguridad Social de 10.328 millones de euros, mientas que el coste de las prestaciones del colectivo ascendió a los 21.314 millones de euros.
Crece la protección social
En este sentido, a pesar de que el agujero cercano a los 10.000 millones de euros de media se reproduce con el paso de los años -al menos desde 2016 según recoge el registro aportado desde la Seguridad Social-, la protección hacia el colectivo en términos de incremento del coste de las prestaciones se ha visto aumentado notablemente en la presente legislatura.
Concretamente, desde que a mediados de 2018 se firmase el Real Decreto con la subida del 1,25% de la base mínima de cotización de los trabajadores autónomos hasta los 944,35 euros al mes que elevó el tipo mínimo hasta el 30,6%, el incremento de los pagos de la Seguridad Social ha experimentado un crecimiento el doble de mayor que el avance de los ingresos.
Si observamos el último año sin disrupciones, el 2019, y que además coincide con el primero en el que se desplegaba el acuerdo con autónomos para aumentar la protección con cotizaciones que cubren a los autónomos por contingencias comunes y profesionales, por cese de actividad y por formación profesional, generalizando estas coberturas, algunas de las cuales antes sólo eran voluntarias, el avance del coste en prestaciones fue del 4,5% mientras que las contribuciones del colectivo retrocedieron ligeramente, en un 3,4%. Ya un año antes se observó esta tendencia con un incremento en 2018 de los ingresos del 1,9% y del 4,1% en el caso de las prestaciones.
