Madrid. 
La CEOE llevará el fondo público ante los tribunales si finalmente se aprueba en los términos en los que se encuentra en el último borrador que el Ejecutivo ha entregado a los agentes sociales para realizar las últimas apreciaciones, antes de que el texto vea luz verde en Consejo de Ministros. Según fuentes cercanas a la negociación de este punto de la reforma de pensiones, la patronal considera que el instrumento de previsión social complementaria supone una "nacionalización" de este sector económico y "va contra la competencia" y la iniciativa privada, por lo que se plantea denunciar el fondo público de pensiones ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), órgano competente en esta materia.
El principal motivo que exponen desde la CEOE para fijar su posición e incoar actuaciones legales contra el Gobierno por la aprobación del fondo público es que se trata de una labor, la de aprovisionar ahorros para la jubilación, que ya tiene arrogada la Seguridad Social a través del pago de pensiones en base a las cotizaciones realizadas por los trabajadores. "Es una cuestión de ir a la CNMC, es un ataque directo a la competencia", apuntan las fuentes sobre los pasos previstos a dar si el Ejecutivo sustancia finalmente esta ley en las próximas semanas.
De este modo, considera la patronal que la operación supone trasladar al sector público una actividad privada tanto del sector financiero como asegurador "con una especie de fondo estatal privado pero gestionado por lo público" que vaciaría todos los fondos privados, cuando este extremo ya se está produciendo por la vía fiscal con el recorte de incentivos a los planes privados. Ya para 2022, la desgravación máxima en estos productos de ahorro se sitúa en 1.500 euros al año. En 2021, con la primera reducción de incentivos desde los 8.000 euros hasta los 2.000 euros, los planes de pensiones privados cerraron el año con más volumen de prestaciones que entradas brutas de dinero, lo que deja un saldo neto negativo. Así, los planes de pensiones privados captaron 2.539 millones de euros, insuficientes para compensar los flujos de prestaciones por valor de 2.631 millones.
Cabe recordar, que allá por el mes de diciembre, cuando vio la luz el reglamento aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros con el armazón legal del nuevo vehículo de ahorro, el Ejecutivo se dio un plazo de dos meses para que los agentes sociales realizaran apreciaciones a dicho documento, que se traslado a audiencia pública, para refrendarlo en un nuevo Consejo de Ministros que debería de haber dado luz verde al texto en el recién vencido mes de enero. Todo ello, para llevar a cabo en los meses subsiguientes la preparativa de concursos públicos para adjudicar las compañías gestoras y depositarias de los fondos. Y finalmente poder activar el vehículo de ahorro ya a mediados del mes de junio. Tal y como avanzó este medio, de llevarse a cabo la aprobación sería sin el apoyo de los empresarios.
En este punto, el Gobierno asume ya la estrechez de los plazos para la activación del fondo, que Bruselas reclama esté funcionando como tarde para el mes de junio, cuando revisará este hito incluido en el componente 30 del pliego de reformas comprometido para recibir las entregas semestrales de dinero procedente de los fondos europeos para la reconstrucción Next Generation. Concretamente, de esta medida y de la aprobación de la reforma de autónomos para introducir la cotización por ingresos reales dependen 6.000 millones de euros.
El último borrador, sin incentivos
Más allá, desde la patronal relatan la ausencia de incentivos fiscales en el último borrador entregado a los agentes afectados por la medida, cuya incorporación se ha demandado al Gobierno en el periodo de audiencia pública de la ley. Por ejemplo, para las aportaciones que puedan realizar los empresarios a ese plan de pensiones de empleo. Argumentan desde la patronal que "¿cómo van a acogerse las empresas a este plan si no hay ni un solo incentivo fiscal para nutrir las aportaciones?".
Del mismo modo, explican estas fuentes que puede existir un problema de eficacia en la estructuración de la medida por un problema de base. De hecho, reclaman al Gobierno incorporara a la ley algún elemento obligatoriedad, como el autoenrollment existente en Reino Unido, por el que todos los trabajadores son dados de alta en el plan de ahorro de la empresa por defecto, y son estos quien de manera ex profeso deben pedir que les retiren la contribución mensual al fondo.
Sobre este segundo aspecto, tanto Rafa Villanueva, manager del área de Retirement de WTW en España, como Ángel García, director Técnico del área de Retirement de WTW en España, explican que el esquema diseñado "debería recoger buenas prácticas internacionales que en su diseño actual no recoge", como la adscripción por defecto de los trabajadores o un esquema de incentivo a las aportaciones en el que además de la empresa, participe el Estado, como ocurre en el Reino Unido.
En el plano fiscal, además señalan los expertos que debería primarse el cobro de las prestaciones de esta previsión en forma de renta, mediante el establecimiento de algún tipo de incentivos, "y con la idea de que este ahorro sea un complemento real y efectivo a la pensión pública". Por último critican los expertos que la gestión del plan debe basarse en criterios técnicos y financieros, y debe estar delegada en perfiles de máxima solvencia. "En este sentido genera dudas la posible presencia de representantes de ONGs para supervisar los criterios de sostenibilidad que se quiere incluir en la gestión", señalan.
