Madrid. 
La foto fija del mercado laboral tras el impacto de la pandemia da cuenta de la importante contribución del empleo público para sostener los niveles de ocupación en España. Con algo más de perspectiva, desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en el segundo trimestre de 2018, esta aportación es tan crucial como que los ocupados en el sector público se han incrementado cuatro veces más que los del sector privado. Concretamente, y con el paso de la pandemia mediante, las empresas han generado en estos dos años y medio un total de 359.200 empleos (un 2,7% más que el nivel registrado en la EPA del segundo trimestre de 2018), mientras que el conjunto de las Administraciones ha añadido al mercado laboral a 357.700 empleados, un 11,4% más que el nivel de 2018.
Así, al margen del ritmo de crecimiento en este periodo transcurrido de tres años y medio, que se cuadruplica en el sector público, los saldos netos de aportación reflejan cómo en estos meses transcurridos el sector privado solo ha sido capaz de generar, en total, 1.500 puestos de trabajo más que los aportados desde el Estado. Lo cual, sujeta una fuerte dependencia de los niveles de ocupación al comportamiento de los diferentes sectores y niveles de la Administración.
Según los datos oficiales de Estadística, en el segundo trimestre de 2018 había en España un total de 3.117.800 empleados dependientes de algún modo de las Administraciones Públicas mientras que a cierre de 2021 este nivel alcanzaba las 3.475.500 personas. Paralelamente, el nivel de asalariados del sector privado se situaba en los 13.139.500 trabajadores con la llegada de Sánchez al Ejecutivo, mientras que al final del pasado ejercicio eran 13.498.700 ocupados.
Tal y como recordaba recientemente en un análisis para este medio el economista Daniel Lacalle, la fuerte presencia de la parte pública en la composición del mercado laboral español, supone, además de una distorsión de la realidad sobre la empleabilidad en nuestro país, un punto de tensionamiento para las cuentas públicas. Elemento que, más allá, podría implicar en el medio plazo niveles de déficit público inasumibles y riesgos para la propia plantilla dependiente del Estado. Cabe recordar que, según estos mismos datos de la EPA publicada por el INE, son casi medio millón de personas más las que dependen de transferencias económicas del sector público que del sector privado en España a cierre de 2021.
Las 'necesidades' de la crisis
En este punto, entre el mes de febrero de 2020 y finales de enero de 2022, el periodo marcado por el impacto de la pandemia, el mercado laboral logró crear unos 429.000 empleos más respecto al momento en que estalló la crisis sanitaria, y la cifra total de afiliados a la Seguridad Social se sitúa el presente mes al borde del hito de los 20 millones de ocupados.
Ahora bien, estas cifras esconden un hecho relevante: el 53% de los empleos creados en el periodo de pandemia corresponden al sector público. Concretamente, un total de 229.000 trabajadores se habrán incorporado a puestos de la Administración pública en el plazo de estos dos años de crisis sanitaria, siendo así responsables el Estado, y las comunidades de más de la mitad del empleo recuperado tras el fuerte desplome experimentado en los meses del confinamiento estricto.
Csif pide 106.000 funcionarios
A todo esto, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) considera que la oferta de 4.015 plazas de la Administración General del Estado (AGE) para las que optan más de 95.000 opositores es "insuficiente" porque no cubre las necesidades estructurales de empleo. En concreto, se han convocado un total de 1.500 plazas de nuevo ingreso, de las que 850 corresponden al cuerpo de administrativos y 650 para el de auxiliares. Del resto, 1.500 son a promoción interna y 1.015 a estabilización de personal temporal.
Estos procesos selectivos se celebrarán en La Coruña, Alicante, Álava, Asturias, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Granada, Islas Baleares, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo, Valencia, Zaragoza y Valladolid.
Para Csif, esta oferta de empleo es insuficiente y no cubre las necesidades estructurales de personal de la Administración General del Estado, que desde 2011 ha perdido 65.662 empleos, según los últimos datos a julio de 2021 del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
"Advertimos, en este sentido, del riesgo de colapso en la Administración del Estado"
Además, el sindicato ha alertado de que la edad media de la plantilla de la AGE es de 53 años y que un 19% tiene más de 60 años y está ya a las puertas de la jubilación. "Advertimos, en este sentido, del riesgo de colapso en la Administración del Estado en un momento de saturación en el Sepe y la Seguridad Social, como ha quedado de manifiesto durante la pandemia", advierte a través de un comunicado.
Por ello, Csif reclama un plan para reforzar las administraciones públicas con más de 106.000 empleos en los próximos tres años. "La pandemia ha puesto al descubierto el déficit de personal que sufrimos, con casos tan alarmantes como los del Sepe y la Seguridad Social", por lo que el sindicato ve fundamental convocar más plazas para reforzar los servicios públicos.
