Madrid. 
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, asume ya que uno de los puntos estrella de la reforma de pensiones deberá ser aprobada sin el apoyo explícito de los agentes sociales, con quienes aún mantiene reuniones de última hora para tratar de aglutinar un mínimo consenso sobre el fondo público de pensiones. "Nunca aspirábamos a una firma y una ratificación con los agentes sociales" del diseño de la medida, apuntaba el propio ministro durante la rueda de prensa celebrada para dar cuenta del avance quincenal de la afiliación a la Seguridad Social, y donde confirmó que el instrumento de ahorro complementario será aprobado definitivamente en el Consejo de Ministros de la próxima semana.
Tal y como avanzó elEconomista en informaciones reciente, pese a los esfuerzos del Ministerio capitaneado por Escrivá para aunar consensos de los agentes sociales sobre la medida, introduciendo concesiones al sector privado como la posibilidad de desgravar parte de las aportaciones del empresario a favor del trabajador en la base de cotización del mismo, o modificando los estatutos de gobernanza dejando más espacio de decisión a los empresarios y sindicatos en los organismos de control, además de la eliminación de las comisiones máximas de gestión, al menos desde la parte de los empresarios ya han expresado el rechazo de pleno a la medida.
Desde CEOE apuntan que de aprobarse este instrumento en los términos establecidos en los últimos borradores trasladados a los agentes sociales, la patronal de los empresarios más allá de rechazar el texto, llevará el mismo ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por considerar una operación de "nacionalización" del sector privado de los planes de pensiones, arrogando una labor duplicada a la Seguridad Social, que ya está encargada de la protección en la jubilación a través del pago de pensiones por el pago de cotizaciones. También los sindicatos han mostrado su recelo sobre la medida por la falta de incentivos para el trabajador, que "podría dejar vacío de aportaciones el fondo", tal y como apuntaba el secretario confederal de Seguridad. Social y Previsión Social Complementaria de CCOO, Carlos Bravo, tras darse a conocer hace dos meses el armazón legal del fondo público de pensiones.
Cumplir el examen de Bruselas
En este punto, fuentes cercanas a la negociación apuntan a este medio que pese a la espera de un nuevo esfuerzo por parte del Ministerio de Escrivá en las próximas horas, "es casi imposible" que se aúnen los consensos para dar un apoyo a la medida. De hecho, estas fuentes confirman que más bien la aprobación definitiva traerá discrepancias y contestación pública por parte de los agentes sociales.
Más allá, el texto verá luz verde en el mes de febrero definitivamente, lo que significa un retraso sobre el calendario marcado por el propio Gobierno para la aprobación de la medida. Que debería de haber pasado el trámite del Consejo de Ministros en enero, para iniciar los trabajos que aún quedarán pendientes una vez que se apruebe el texto legal, como la puesta en marcha de los concursos públicos para las concesiones de las entidades despositarias y gestoras de los futuros ahorros depositados en los fondos de promoción pública.
Todo ello se producirá con el telón de fondo de un examen por parte de Bruselas que llegará en junio, y cuando pasará revista a los hitos que nuestro país deberá cumplir en los próximos meses para poder acceder al tramo de 6.000 millones de euros de los fondos Next Generation para la reconstrucción. El Gobierno asume así la estrechez de los plazos para lanzar la medida a trámite legislativo y, en este punto, cede en la consecución de un acuerdo mayor para al menos cumplir con Bruselas en el calendario de reformas comprometido.
Aumento de afiliación
En este punto, la Seguridad Social estima un aumento de 21.000 afiliados en febrero, hasta los 19.918.726 cotizantes al cierre de este mes, según el avance de datos registrados durante la primera quincena, presentados este viernes por el ministro Escrivá. "Mejora el empleo de calidad y se manifiesta en los últimos dos meses, a partir del inicio de la reforma laboral, en distintas dimensiones. Crecen los afiliados con contrato indefinido y decrecen los afiliados con contrato temporal", apuntó el ministro.
El ritmo de crecimiento de afiliación es "muy alto" y la Seguridad Social descarta ya que esto se produzca por un "reajuste" tras la pandemia. Los datos presentados este viernes por Escrivá muestran un aumento del porcentaje de contratos indefinidos y una caída de los temporales, en comparación con las cifras de 2020, antes de la pandemia. En la primera quincena de febrero, se registraron 160.000 afiliados más que en años anteriores, según los datos de la Seguridad Social, mientras que los contratos temporales se redujeron en 150.000.
Para Escrivá, esta diferencia es "muy grande" y responde al efecto de la reforma laboral, que entró en vigor a finales de 2021. La nueva normativa también se refleja en el aumento de los contratos fijos-discontinuos, con 20.000 afiliados más que en años anteriores. La introducción de esta modalidad en la contratación ha rebajado en 10 puntos porcentuales los contratos de muy corta duración, al pasar de una media del 39,4% entre los años 2017 a 2020, al 29,5% en enero. La duración media de esos contratos era de 5,2 días y ha pasado a los 6,3, según los datos expuestos por el ministro. En el caso de la hostelería han pasado de 3,1 días a 3,9 días, un caso "muy significativo" para Escrivá.
"Se está reduciendo la precariedad", añadió, en alusión a los cambios en la contratación en España. Escrivá también destaca así que la pervivencia de los contratos firmados "ha aumentado considerablemente". La media de 2017 a 2020 se situaba en el 35,8%, en tanto que la actual sube al 39,5%.
