Madrid
El Pacto de Toledo se encuentra en estos momentos en plena recta final para zanjar las recomendaciones para la reforma de las pensiones que serán recogidas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para traducirlas en cambios normativos. Uno de los aspecto que está garantizado es la vinculación de la revalorización de las pagas al IPC, y que según ha podido saber elEconomista está garantizado que así será en la nueva reforma a pesar de la coyuntura financiera delicada que atraviesa el Sistema. Sin embargo, esta brida implica una senda de gasto ascendente que amenaza con desbordar la capacidad de la Seguridad Social española, tal y como advertía recientemente el Banco de España. Precisamente, el regulador bancario ha analizado en un documento de perspectivas económicas la implicación de abordar esta senda de incremento de las pensiones, donde asegura que el coste de las pensiones se elevaría en 36.000 millones para 2050.
De este modo, en ausencia de medidas adicionales, se estima que vincular nuevamente las pensiones al IPC aumentaría el gasto en, aproximadamente, un 2% del PIB en el año 2030 y en algo más del 3% del PIB en 2050. Cabe recordar que según los cálculos elaborados por Fedea, en un contexto económico de normalidad con crecimientos progresivos de la economía, la inflación media se encontraría en torno al 2%. Cada incremento en esta línea de la partida de las pensiones de jubilación elevan su coste anual en 2.400 millones de euros.
Respecto a esta posible revalorización, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, asegura no saber en qué términos se mueven las recomendaciones del Pacto de Toledo, si bien apunta que se han recibido señales "muy claras" de que una amplia mayoría del Congreso aboga por el mantenimiento del poder adquisitivo. "No me sorprendería que se opte por la decisión de mantenerlo, me parece absolutamente legítimo, no tenemos absolutamente nada en contra", asegura advirtiendo eso sí que conforme se tomen decisiones que conlleven mayor gasto durante un largo tiempo se disponga de forma "automática" recursos para financiarlo.
Se trata así de un elemento elevador del gasto que sitúa un horizonte ambicioso en términos presupuestarios para un gasto que ya supera los 10 puntos de PIB y que registra desde hace unos años un déficit estructural de 18.000 millones de euros. Además, en este punto uno de los elementos que podrían aparecer, si bien en España la asunción de estas eventuales condiciones las asumiría en primera instancia el Pacto de Toledo, la alteración de la subida con el IPC de modo que esté condicionada por el crecimiento económico u otros correctores como ocurre por ejemplo en Holanda que utiliza los precios como base para la subida pero que está condicionada a la situación financiera del sistema público.
¿Congelación de las pagas?
El director de Fedea, Ángel de la Fuente, uno de lo expertos que participó en el diseño del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) aprobado en la reforma del Sistema de 2013 se ha mostrado recientemente partidario de congelar las pensiones en este momento, salvo las mínimas, que aboga por actualizar según el IPC de cada año.
De este modo, desde Fedea se apuesta por indexar las más bajas al IPC y para las demás buscar una fórmula de actualización diferente para el resto, y mitigar así el impacto financiero de la revalorización. Más aún cuando la factura es tan abultada cada inicio de año, ya que actualizar las pagas contributivas en un entorno inflacionista del 2% (asociado a un ciclo normal expansivo de la economía) supone un coste medio para las arcas del Estado de cerca de 2.500 millones de euros. Que es la cifra anual que se ahorraría la Seguridad Social de dejar el incremento de las pensiones en stand by, tal y como sugiere Fedea.
En este punto, admite De la Fuente que hace falta gastar más en algunos servicios públicos, pero apuntó que es fundamental recortar el gasto en pensiones, que es la principal partido de gasto en España, y hay que "contenerlo" porque no puede seguir creciendo al ritmo actual. Concretamente, el Estado soporta en esta partida un gasto de 135.000 millones de euros anuales que ascienden al entorno del 10,7% del PIB anual de España.
