El Gobierno se plantea abordar en esta legislatura una reforma del sistema de pensiones que incluya la tantas veces barajada diversificación de las fuentes de ingresos de estas prestaciones. En otras palabras, es cada vez más posible que los gastos no contributivos que ahora soporta la Seguridad Social se trasladen a los Presupuestos Generales del Estado y dejen de ser sufragados por aquella Administración.
Se trata de unas partidas cuantiosas, ya que abarcan desde gastos de funcionamiento administrativo hasta las prestaciones para el cuidado de hijos o las tarifas planas de los trabajadores autónomos. La suma de todo ello arroja un monto total de 22.000 millones, el equivalente al 1,6% del PIB.
Este alivio para la Seguridad Social haría innecesario el recurso de los préstamos del Estado a esta Administración, que se han hecho recurrentes desde que se agotó el Fondo de Reserva de las pensiones. Además, esta fórmula ha recibido críticas por parte de la Comisión Europea y del Tribunal de Cuentas, organismos que demandan una clarificación del impacto contable de estos créditos.
Sin embargo, el efecto más contundente de esta diversificación de fuentes de financiación sería la práctica desaparición del déficit récord que ahora se atribuye a la Seguridad Social. Ahora bien, ese desequilibrio no se esfumará sino que pasará a los números rojos que se computan en los Presupuestos Generales y, posiblemente, obligará a subidas de impuestos en el futuro.
Entidades
José Luis Escrivá
Ministro de Seguridad SocialRelacionados
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