Madrid
El déficit de la Seguridad Social puede tener los días contados, una vez se sustancien en el Pacto de Toledo las recomendaciones que servirán al Gobierno para legislar sobre el sistema público de pensiones. La intención del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es con la percha de la separación de fuentes de financiación que se recoge en la primera de las recomendaciones para extraer de la Seguridad Social hasta 22.871 millones de euros, equivalentes al 1,6% del PIB en 2023, de gasto no contributivo e impropio. Ello, supondría de facto la eliminación del déficit en el organismo encargado de pagar las pensiones en España y tal y como confirman fuentes de Moncloa a este medio, la idea es desplegar este proceso en el periodo que resta de legislatura.
Esta es una de las vías que ya había expuesto el ministro como a explorar en el camino hacia el reequilibrio financiero de la Seguridad Social y que puso encima de la mesa en la última comparecencia a comienzos de septiembre en el Pacto de Toledo. La idea que esbozan los partidos en la Comisión es la de Separación y clarificación de las fuentes de financiación donde se aboga por que las pensiones contributivas se paguen con cotizaciones de los trabajadores y las no contributivas con impuestos.
Se trata de recursos procedentes de las cotizaciones sociales que se están utilizando para pagar políticas no contributivas, reducciones de cotización como tarifas planas de autónomos, la prestación por nacimiento y cuidado de hijos, el complemento de maternidad o los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social.
Escrivá también señaló que hay que "revisar" algunos elementos de la reforma de pensiones de 2011 para "controlar el gasto" que se producirá a partir de 2025, con la jubilación de la generación del baby boom. "Aunque es un problema manejable, requiere intensificar algunos procesos", apuntó el ministro durante una entrevista radiofónica este miércoles, para referirse a incentivar más el retraso de la jubilación o desincentivar las jubilaciones anticipadas voluntarias.
La medida, no obstante, no se podrá desplegar hasta que los partidos zanjen las recomendaciones que el ministro ve "inminente". Cabe recordar en este punto que las previsiones para la Tesorería de la Seguridad Social son si cabe más sombrías tras el impacto de la pandemia. La AIReF estima que el INSS asumirá este año un desfase presupuestario de hasta 38.000 millones de euros, equivalentes al 3,5% del PIB. Ello, suma a una senda en la que el Sistema ha enquistado su déficit anual en torno a los 18.000 millones de euros (17.000 millones en 2019 y 18.000 millones en 2018).
¿Fin a la cascada de préstamos?
Esta medida, además de dar un impulso definitivo a la imagen de viabilidad financiera del Sistema, que comenzaría a agregar su desfase presupuestario al del conjunto de la Administración y comenzaría a ser atendido desde el encaje de los Presupuestos Generales, también corrige una de las disfunciones que ya ha denunciado en varias ocasiones el Tribunal de Cuentas: la concesión de préstamos del Estado a la Seguridad Social. Unos créditos que pide la institución cese en su forma jurídica actual y se conviertan en transferencias directa que no se acumulen al pasivo de la Seguridad Social, tratándose de fondos públicos y obligaciones de gasto público que se pueden clarificar con la realización de transferencias.
En este sentido, para finales este año, la Seguridad Social habrá dispuesto de hasta tres créditos del Estado procedentes del Presupuesto General. Cabe recordar que el primero de ellos, el liberado en abril por valor de 13.800 millones de euros, ya se encontraba recogido en las Cuentas aprobadas en 2018 por Cristóbal Montoro y que aún permanecen prorrogadas, y por lo tanto no computa como incremento de la deuda. Los dos préstamos extra de 14.002 millones y 16.000 millones ya no aparecen en el cuadro presupuestario por lo que impactarán directamente en un repunte del déficit público y un incremento de la deuda. En suma, tres crédito en un solo año por valor de casi 45.000 millones de euros para afrontar los gastos de la Seguridad Social, que es el triple de la financiación extra que necesitó el pasado año.
