El golpe para la Seguridad Social asestado por la crisis sanitaria del coronavirus muestras unas dimensiones desproporcionadas con el paso de las semanas. Tanto es así que el déficit presupuestario del organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país triplicará este año el registrado en el pasado ejercicio, pasando de los 17.500 millones de euros de 2019 hasta los 60.000 millones de desfase previsto para este año en el mejor de los escenarios, según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) arrojadas en la evaluación realizada del nuevo Plan de Estabilidad Presupuestaria 2020 publicado por el Gobierno recientemente y en el que se plasma el impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía.
Ello implicaría que el déficit del sistema de pensiones rondará a cierre de este año el 5% del PIB, contra el 1,4% acumulado el pasado 2019. Sin embargo, la situación se podría agravar en un escenario en el que una evolución más adversa de la epidemia provoque un recrudecimiento de las medidas de distanciamiento social en la segunda mitad del año y una menor capacidad de recuperación de la economía por mayores daños en la capacidad productiva. Aquí, el déficit de la Seguridad Social aumentaría por una mayor contribución negativa del desempeño del mercado laboral llevando el desequilibrio al 6,1% del PIB, unos 73.200 millones de euros, lo que supondría cuadriplicar el déficit del pasado año.
Este cuadro presupuestario teñido de rojo está marcado por dos factores que componen la losa de gastos que cargará el Sistema este año como causa de su aportación a la red de ayudas previstas por el Gobierno para mitigar el impacto económico de la crisis sanitaria. En primer lugar está la partida de gasto estrella del Sistema, el de las pensiones, que para este año está previsto en 135.000 millones de euros, es decir, 10,7 puntos del PIB. Una partida que ya de por sí estrangula la capacidad financiera de la Seguridad Social -con un déficit estructura enquistado en torno a los 18.000 millones de euros anuales- y a la que habrá que sumar este año otros 30.000 millones de euros de ayudas y transferencias de renta a empresas y trabajadores autónomos, lo que supone casi 3 puntos del PIB.
En este punto, desde el Instituto de Actuarios Españoles apuntan que el déficit contributivo de la Seguridad Social en 2020 dependerá de cómo afecte la crisis del coronavirus a las cotizaciones, lo que estará en función de la duración de las medidas de confinamiento y de lo rápido que se produzca la recuperación, siendo inevitable un repunte en el déficit en términos absolutos, "que será mayor todavía en términos de PIB, dado que esta variable sí que recogerá en toda su magnitud la caída de actividad".
"Dado que la cuantía del Fondo de Reserva es testimonial, el recurso a préstamos y a transferencias del Estado para pagar gastos contributivos llegarán a valores récord. Al margen de crisis puntuales como la que se avecina durante 2020 y como ya hemos apuntado también en periodos de crecimiento económico, el sistema necesita corregir el abultado déficit contributivo estructural con medidas de reforma que deberían ser consensuadas al máximo en el Pacto de Toledo", apuntan desde la institución.
Por su parte, desde la Autoridad Fiscal se advierte que "todos los subsectores del Estado verán deteriorarse su saldo fiscal, aunque la Administración Central y los Fondos de la Seguridad Social concentran el mayor impacto, que en 2021 implicará una caída importante de las entregas a cuenta.
La letanía de la 'hucha'
En este punto, una de las cuestiones que saltan a la palestra es el destino que puede correr el Fondo de Reserva de las pensiones ante la actual coyuntura de excepcionalidad presupuestaria causada por la pandemia. En estos momento, en la conocida como hucha de las pensiones cuenta con un escueto remanente de 2.150 millones de euros y ante las necesidades de financiación extra que está reflejando el Sistema una de las opciones que se podría poner encima de la mesa es la disposición de este dinero para afrontar los pagos de pensiones. En su momento, la exministra de Trabajo Magdalena Valerio aseguró que no le gustaría pasar a la historia como el cargo político que terminó por vaciar la hucha de las pensiones y este es precisamente el mantra que hoy persigue al titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Más aún cuando se ha visto obligado a triplicar la financiación extra que precisará el Sistema durante este año.
Cabe recordar que se trata de un fondo que se nutre del remanente de las cotizaciones sociales registrado durante los años de superávit de la Seguridad Social durante los mejores años previos a la crisis de 2008. De este modo, el Fondo llegó a contar con un máximo de 70.000 millones de euros que fue esquilmando el PP en los años posteriores a 2012, el segundo golpe de la crisis de deuda para nuestro país que volvió a provocar un revolcón para el mercado laboral secando los ingresos del Sistema y obligando a Gobierno del entonces presidente Mariano Rajoy, dejando el líquido del Fondo de Reserva en 5.000 millones en 2018, año en el que abandonó La Moncloa. Posteriormente, sería el ya Gobierno de Pedro Sánchez el que volvió a echar mano de la hucha para hacer frente al pago de las pensiones reduciendo su volumen hasta el nivel actual de los 2.150 millones de euros.
Ahora, podríamos estar ante el último año de la hucha de las pensiones si finalmente el Gobierno lo utiliza como una fuente más para financiar la ayudas por la pandemia de coronavirus antes de que acabe el año de no ser suficiente con los 45.000 millones de créditos concedidos para 2020.
