La sostenibilidad del sistema público de pensiones está en el punto de mira, y se encuentra seriamente comprometida según las proyecciones de gasto para esta partida publicadas este lunes por la AIReF donde se estima que para 2050 el coste anual será del 14,2% del PIB, lo que supondrá un alza de entre 2 y 4 puntos porcentuales del PIB.
En este sentido hasta tres vías de actuación ha puesto sobre la mesa la Autoridad Fiscal para abordar reequilibrio del Sistema a través de la separación de fuentes de financiación que elimine los gastos no contributivos e impropios de la Seguridad Social, la profundización en los retoques de las medidas paramétricas abordadas en la reforma del 2011 y lo que se conoce como el trasvase de cotización del Sepe a la Seguridad Social, que supone desviar parte de la aportación por desempleo de los trabajadores a contingencias comunes, de donde sale la financiación para las pensiones.
Algunas necesidades de financiación del Sepe serán soportadas por el Presupuesto General para desviar parte del déficit de la Seguridad Social a niveles de la Administración con mayor capacidad de actuación sobre el desfase presupuestario
Concretamente, lo que AIReF explica a cerca de este último punto es que España cuenta actualmente con un diferencial de 3 puntos porcentuales sobre la media de la UE en cotización por desempleo, lo que dejaría margen para que parte de esa aportación se realice, sin mayor perjuicio para el trabajador, al fondo de contingencias comunes, que es el que recoge la cotizaciones para el pago de las pensiones, y que es bien sabido que acumula un abultado déficit anual de entorno a 18.000 millones de euros, pero que este año alcanzará los 25.000 millones con motivo de la pandemia. Eso sí, esta operación reconoce AIReF que tiene su origen en el punto de partida en el que se encontraban los fondos del Sepe a comienzos de este año y en los anteriores, cuando ha registrado superávit cada ejercicio, también por el buen comportamiento del mercado laboral.
Ahora, ante una previsión de que la caja del Sepe para atender a las prestaciones por desempleo se vea más tensionada de lo previsto la Autoridad Fiscal recomienda que al mismo tiempo que se desvía parte de esta cotización al pago de las pensiones, el Estado se haga cargo de las eventuales necesidades de financiación que tenga el servicio de desempleo durante los peores años de la crisis. Toda vez, que las previsiones para el mercado laboral recogen una palatina recuperación que devolvería a las finanzas del Sepe al nivel previo a la pandemia y permitiría ese margen de recaudación a favor de la Seguridad Social.
Eso sí, la operación que ya ha sido deslizada como una opción real en alguna ocasión por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no estaría exenta de polémica porque técnicamente, en términos de encaje presupuestario, supondría sacar dinero del ministerio capitaneado por Yolanda Díaz para reflotar las arcas maltrechas de la Seguridad Social.
Si bien, como se ha mencionado, eventuales necesidades de financiación del Sepe serían soportadas por el Presupuesto General. Es, como explican desde la Autoridad Fiscal, una manera de desviar parte del déficit de la Seguridad Social a niveles de la Administración con mayor capacidad de actuación sobre el desfase presupuestario.
Alza del gasto por la demografía
De este modo, la AIReF presentó la actualización de las previsiones demográficas y de gasto en pensiones a largo plazo en las que estima, en su escenario central, que el gasto en pensiones se situará en el 14,2% del PIB en 2050, lo que supone un incremento de 3,3 puntos desde los niveles actuales. En la Opinión sobre la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social presentada el enero de 2019, la AIReF estimó que esta partida aumentaría hasta el 13,2% en 2048, lo que en la práctica implica un aumento de su anterior estimación.
En el escenario central, la AIReF considera el impacto de las reformas paramétricas de 2011, que suponen una reducción del gasto de 2,9 puntos del PIB en 2050, y la aplicación del factor de sostenibilidad a partir de 2023, lo cual supone un ahorro de 0,9 puntos adicionales de PIB. Asimismo, la AIReF también ha simulado el impacto que tendría la profundización de las reformas paramétricas de 2011 en línea con las propuestas de la Opinión de 2019. Esta profundización contendría el gasto en pensiones en 1,4 puntos del PIB, asumiendo que la edad efectiva de jubilación se retrasa 2 años sin alterar la edad legal y que el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión aumenta de 25 a 35 años.
Así, la AIReF dice que profundizar en las reformas aumentando la edad efectiva de jubilación de 64,1 años a 66 años y aumentar la edad de cotización de 25 a 35 años supondría un ahorro de 1,4 puntos del PIB en 2050, lo que situaría el gasto en pensiones en el 12,8% del PIB, según se desprende del documento técnico presentado este lunes por su presidenta, Cristina Herrero.
La AIReF reconoce que existe cierta incertidumbre sobre las proyecciones demográficas
Asimismo, estima que si se eliminara el factor de sostenibilidad, que se pondría en marcha a partir de 2023, y no se sustituyese por ningún mecanismo similar, aumentaría el gasto en 0,9 puntos del PIB (hasta el 15,9%). Por otro lado, cree que en un escenario base, con la entrada de todas las reformas paramétricas de 2011 y la aplicación del factor de sostenibilidad, se situaría el gasto en pensiones en el 14,2% del PIB. No obstante, la AIReF apunta que la incertidumbre en torno a las proyecciones demográficas y macroeconómicas es elevada y cree que podrían materializarse escenarios "más adversos".
Además, considera que una pronta implementación de las reformas permitiría una puesta en marcha más gradual, facilitando su aceptación social y la adaptación de las decisiones de los agentes a la nueva situación. Para la institución, un acuerdo en el Pacto de Toledo sería "un buen principio", pero cree que su efectividad para garantizar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social dependerá de la concreción de las recomendaciones en la normativa. Para abordar el reto del envejecimiento, ve necesaria una visión integral y una estrategia fiscal a medio y largo plazo.
