La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha presentado una serie de medidas para acabar con el déficit estructural de la Seguridad Social, que cifra entre el 1,3% y 1,5% del PIB, y lograr una mayor sostebilidad del sistema a largo plazo. Entre las medidas clave se encuentran la ampliación de los años de cotización para el cálculo de la pensión, acercar la edad de jubilación efectiva a la edad legal, traspasar gastos no contributivos del sistema al Estado y aumentar del tipo de cotización por contingencias comunes (pago de pensiones) a costa de las asignadas al SEPE (pago por desempleo).
Asimismo, el informe elaborado por la AIReF sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social advierte de que en los próximos 30 años el envejecimiento poblacional elevará el gasto en pensiones entre 2 y 4 puntos de PIB, por lo que el informe incide en la profundización de la reforma de 2011 con el retraso en la edad efectiva de jubilación y una ampliación del período de la carrera de cotización.
Concretamente, aboga por profundizar en la edad efectiva de jubilación en España, ya que se sitúa en 62,4 años, por debajo de la media de los países OCDE (64,3 años), siendo una de las mayores distancias respecto a la edad legal, llegando a alcanzar los 2,5 años. Esto pasa por modificar los requisitos de acceso a la pensión anticipada y ordinaria para fomentar el aumento de la edad efectiva de jubilación. Por ahora, España es el único país de la Eurozona en el que se está adelantando la edad efectiva de jubilación.
En cuanto al periodo de referencia para el cálculo de la pensión, fijado actualmente en 20 años (convergerá en 2022 a los últimos 25 años por la reforma de 2011), recuerda que está también por debajo del utilizado por los principales países del entorno, donde se utiliza la carrera laboral completa.
El impacto de estas medidas (junto a las reformas paramétricas) sobre el gasto en 2048 podría llegar a alcanzar los 2 puntos de PIB, cifra cercana al ahorro proporcionado por la implementación del índice de revalorización de las pensiones, minimizando a su vez el impacto en la tasa de cobertura respecto a los salarios. Por ello, recomienda aumentar la carrera de cómputo de la pensión más allá de los 25 años. Estos cambios (sin incluir el índice de revalorización) pueden dejar el gasto en pensiones para 2048 en el 12,6% del PIB, sólo dos puntos porcentuales por encima del nivel actual.
Según la AIReF, la aplicación del índice de revalorización de las pensiones en ausencia de medidas de incremento de ingresos, hubiera supuesto una revalorización del 0,25% durante todo el periodo de referencia, lo que habría contenido el gasto en 2,1 puntos del PIB adicionales, reduciendo el gasto en pensiones en 2048 en el escenario central hasta el 11,3% desde el 13,4%, aunque sería costa de una reducción de ocho puntos de la tasa de cobertura de las pensiones respecto de los salarios, lo que sería un duro golpe para muchos pensionistas.
Que el Estado asuma gastos
Por ello, la otra pata para acabar con el desequilibrios es corregir el déficit estructural actual del sistema de la Seguridad Social mediante ajustes de ingresos y gastos entre subsectores, al ser "deseable" que dicho desequilibrio sea asumido por el Estado.
La Autoridad Fiscal sostiene que visualizar el desequilibrio de la Seguridad Social como un problema del conjunto de las administraciones públicas permitiría reducir la incertidumbre existente respecto a la sostenibilidad del sistema, que genera "distorsiones en la toma de decisiones de pensionistas y agentes económicos", afectando a decisiones de ahorro y consumo y llevando a una "desafección generalizada" con el funcionamiento del sistema.
Para eliminar el déficit estructural existente en la Seguridad Social, que estima entre el 1,3% y el 1,5% del PIB, también propone el traspaso de responsabilidades de gasto desde el sistema de la Seguridad Social al Estado, mediante la elevación en términos relativos de las cotizaciones destinadas a contingencias comunes (pago de pensiones) a costa de las asignadas al SEPE (pago por desempleo).
Reducir la cotización por desempleo
En detalle, considera que la cotización por desempleo podría reducirse entre tres y cuatro puntos en favor de la Seguridad Social, asumiendo el Estado la pérdida para el SEPE, lo que comporta un gasto de unos 10.400 millones.
También sugiere la asunción por parte del Estado de determinados gastos que ahora soportan las cotizaciones, como son, entre otros, los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social (4.000 millones), de medidas de fomento del empleo consistentes en la reducción de cotizaciones (2.000 millones), de las prestaciones por maternidad y paternidad y las subvenciones implícitas a regímenes especiales (1.000 millones).
De esta forma, si se descuenta el superávit de 1.400 millones del SEPE, la propuesta de la AIReF supone transferir un gasto de 9.000 millones del SEPE al Estado y otros 7.000 millones de gastos no contributivos de la Seguridad Social, con lo que el déficit del Estado aumentaría en 16.000 millones, pasando de ocho décimas al 2,2% del PIB, en tanto que se acabaría con el desequilibrio en la Seguridad Social.
A juicio de la AIRef, existen gastos cuya propia naturaleza contributiva es "discutible", por lo que aunque su propuesta mantiene las prestaciones llevaría a cabo una redistribución de la financiación de las mismas entre las distintas administraciones. "Lo lógico es que haya reasignación de competencias para que cada administración tenga capacidad de gestión", ya que hay una distribución sectorial del déficit público que "tiene poco sentido", han remarcado fuentes del organismo.
