La combinación de políticas de gasto en pensiones -tanto contributivas como no contributivas- dirigida a determinados grupos de personas fuera del Régimen General de la Seguridad Social y la acumulación de un déficit histórico en algunos Regímenes Especiales, explica el 64% del déficit bruto del Sistema, es decir, la actual diferencia entre ingresos por cotizaciones y gasto en pensiones de la Seguridad Social, la cual acabará 2018 con una necesidad de financiación total cercana a los 20.000 millones.
Normalmente, consideramos el déficit de la Seguridad Social como un todo sin pararnos a analizar el origen del desfase de ingresos y gastos, y hasta qué punto la caja de la Seguridad Social ha sido utilizada para aplicar políticas de gasto que no se corresponden con un sistema de seguro colectivo, tal como se diseñó el sistema público de reparto hace ya más de un siglo. Por ello, es capital la recuperación de la contributividad del sistema para estabilizar a un enfermo que está dando señales preocupantes de agotamiento y, especialmente, para no endeudar más a los cotizantes futuros a costa de unos perceptores presentes que están recibiendo más de lo que aportaron -a los 12 años de jubilación se han recibido todas las cotizaciones pagadas, tal como ponen de manifiesto estudios del Instituto Santalucía de Pensiones, Think Tank Civismo y Unespa-.
Este debate tan poco explorado ha sido objeto de algunos discursos, como el del sindicato UGT, el cual publicó un estudio en el que subrayaba que un 60% del déficit de la Seguridad Social provenía de los Regímenes Especiales donde se encuadran el Reta (autónomos), el Régimen Especial del Mar y el del Carbón, una vez integrados los antiguos Regímenes Especiales Agrario y de Empleados de Hogar en el Reta -para los que eran trabajadores por cuenta propia- y en el Régimen General, respectivamente. Tomando las cifras del Presupuesto de la Seguridad Social de 2018, aunque el Régimen más deficitario es el General -de 7.346 millones de euros, incluyendo el Sepe-, en términos de diferencia entre cotizaciones y pensiones, la suma de los desfases generados en los capítulos de autónomos, marinos y mineros asciende a 9.306 millones de euros, un 64% del total del déficit bruto presupuestado -14.574 millones de euros en 2018-.
En cambio, existen dos capítulos que generan superávit: el primero y más importante es el de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT y EP), el cual arroja un saldo positivo de 4.236 millones, mientras que el segundo es la cotización por cese de actividad de los autónomos, capítulo que se prevé que ingrese 133,25 millones de euros en 2018. Esta última se encuentra en el centro de atención de las asociaciones de autónomos, dado que reclaman el mal funcionamiento de este régimen, que pretendía generar una prestación equivalente para los autónomos a la de desempleo que existe en el Régimen General, pero que no está siendo efectiva.
Un desequilibrio continuado
En este sentido, casi dos tercios del déficit de la Seguridad Social proviene de desfases continuados a lo largo del tiempo sin que se hayan tomado medidas efectivas para cortar esta sangría de fondos públicos. Incluso, una parte no pequeña tiene como origen condiciones especiales que están en extinción, pero que se pueden prolongar durante más años debido al incremento de la esperanza de vida. Un caso paradigmático es el de la Minería, donde el desfase entre cotizaciones y prestaciones supera los 400.000 euros per cápita, mientras que el Régimen del Mar es deficitario por persona en más de 21.000 euros.
Según UGT, si se divide el importe del déficit de cada régimen entre su número de afiliados, el del general asciende a 638,8 euros por trabajador, dato inferior a la media del Sistema de es 1.072,7 euros.
La propia existencia de Regímenes Especiales desvirtúa la naturaleza contributiva de un sistema de seguro social como el español y también en comparación con los otros sistemas de seguridad social a nivel europeo. Por ello, uno de los pasos esenciales para reequilibrar las cuentas del sistema público es separar lo estrictamente contributivo de lo que no lo es, pasando esto último de la caja de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado. Así, siempre que un Gobierno quiera realizar una acción especial sobre un sector o un determinado colectivo tiene no solo que asumir el pago de forma directa vía impuestos generales, sino también revelar a todos los contribuyentes cuál es el coste de este tipo de decisiones políticas. De seguir la situación financiera tal como está, el riesgo de un mayor desfase presupuestario es alto y, por tanto, una deficiente preparación ante los retos de futuro, especialmente el de la jubilación de varios millones de personas entre 2025 y 2032 procedentes de la llamada generación del baby-boom. Del actual déficit, la parte proveniente de los Regímenes Especiales puede considerarse como déficit de carácter estructural, puesto que los gastos crecen sistemáticamente por encima de los ingresos. Con lo cual, el sistema afronta un déficit estructural de 0,8 puntos de PIB como mínimo y 1,2 puntos como máximo, en línea con las estimaciones del Gobierno y la Comisión Europea.
La restauración de la contributividad del sistema no solo pasa por el traslado de políticas sectoriales o discrecionales -incluso subvenciones- de la Seguridad Social a Presupuestos. También forman parte algunas de las prestaciones del sistema que, en el fondo, no son pagos de naturaleza contributiva.
