La crisis del coronavirus puede saldarse con un incremento de hasta 25 puntos sobre PIB de deuda pública. Este será sin duda la consecuencia de más largo recorrido que tendrá que gestionar una economía como la española, cuyo ciclo ya se estaba agotando con anterioridad a la pandemia ocasionada por el avance del Covid-19. Será clave, en esta tesitura, mantener a medio plazo una situación como la actual de tipos de interés reales negativos para poder estabilizar el nuevo nivel de deuda, pudiendo duplicar en apenas una década el nivel de endeudamiento límite marcado por los Tratados de la Unión.

El coronavirus daña principalmente al consumo y exportaciones, con lo cual, aquellas medidas que se tomen para sostener consumo y comercio exterior como reducir aranceles e impuestos indirectos, ayudan a que no se paralice la actividad de este trimestre y, en función de la duración de la enfermedad, sostener el crecimiento del próximo. En este mismo sentido, España se está quedando a la zaga en la toma de medidas que sostenga el consumo que ya han adoptado varios países siguiendo el ejemplo chino de contrarrestar el parón en el sector exterior y lo que afecta al suministro de bienes de primera necesidad a las familias.

Hemos pasado en las últimas décadas de un sistema de control de precios a un control de márgenes, bajo el supuesto de que las autoridades reguladoras son capaces de calcular un "margen justo" para cada parte de la cadena alimentaria. Sin duda, este supuesto es un error económico, ya que igual de cambiantes son los márgenes que los precios, dado que están sometidos a la misma dinámica (en el caso agrícola, manifiestamente defectuosa) del mercado.

¿Por qué el Gobierno vasco quiere quedarse con la gestión de un presupuesto como el de la Seguridad Social a sabiendas de que tiene uno de los mayores déficits de la caja territorializada y que así continuará durante muchos años teniendo una dinámica demográfica muy desfavorable? El interés por parte del País Vasco de gestionar la Seguridad Social está sustentado en sólidas razones de fondo que van más allá de los compromisos políticos de apoyo al actual Gobierno y también a lo acordado en los sucesivos traspasos de competencias contemplados en el Estatuto de Autonomía y en las rondas posteriores.

Los temores económicos sobre los efectos del coronavirus están claramente sobrevalorados. Es la conclusión a la que llegan diferentes informes de expertos, servicios de estudios e instituciones, los cuales comparan la situación actual con otras experiencias pasadas en las que enfermedades que estremecían al mundo, pocos meses después se traducían en un daño limitado sobre el crecimiento global y, en particular, sobre los países donde se habían originado.