A la hora de instrumentar el fondo de recuperación que probablemente traiga a España una histórica suma de dinero, es inevitable hacer balance de las tres décadas y media de pertenencia de España a la Unión Europea

En poco más de dos semanas, el Gobierno ha presentado dos documentos de enorme relevancia. Primero fue el denominado “Pacto por la Industria”, enfocado a cumplir el objetivo europeo de que el sector secundario alcance el 20% del PIB. Y unos días después ha sido el acuerdo político sobre la Ley de Cambio Climático, con impacto directo sobre la política energética, fijando los objetivos de emisiones de gases contaminantes, algunas medidas concretas de electrificación, horizonte definido de reducción drástica de consumo de combustibles fósiles y ciertas medidas que sirven de ínterin mientras los diferentes paquetes normativos que forman parte del Green Deal europeo terminan de definirse y aplicarse.

El pronunciamiento del Tribunal Constitucional alemán (BVerfG) mediante el que paraliza el proceso de ratificación en Alemania de la creación del fondo de recuperación europeo, no es tanto un problema para poner en marcha esta nueva fuente de financiación para la recuperación y resiliencia acordada definitivamente por el Consejo Europeo del 14 de diciembre pasado, sino que allana el camino para que, en el momento en que se presenten los planes nacionales de reformas y proyectos de inversión el 30 de abril, algunos de los países más escépticos con el uso y asignación que harán los principales receptores (Italia y España) planteen sendos vetos que echen abajo todo el proceso.

Economía

La trayectoria alcista de los precios, en un contexto de ralentización de las economías europeas, dificulta la consecución de una recuperación económica sostenida tras el duro golpe de 2020, abocando a Europa a la estanflación y, por ende, a mantener permanentemente niveles nominales de deuda pública por encima del 100% del PIB en la UE y del 120% en el caso de España, umbral de pasivo público del que nuestro país no bajaría en cinco años con de asentarse una inflación promedio del 2%.

ECONOMÍA

Exclusivamente en la lógica del actual sistema público de pensiones, cotizar por los denominados ingresos reales tiene recompensa futura para los autónomos, aunque supone un importante esfuerzo presente, dados los niveles de facturación y los problemas estructurales que arrastran decenas de miles de trabajadores por cuenta propia con facturación volátil. Instaurar un sistema de cotización por ingresos reales supone pagar 144,49 euros más al mes a la Seguridad Social, pero a cambio de una pensión futura 377,92 euros más alta.

Escribir sobre Francisco Luzón es escribir sobre un trozo determinante de la más reciente historia económica de nuestro país. Pertenece a una generación de banqueros y, más concretamente, de una escuela (la del Vizcaya), que ha sido protagonista de la transformación del sistema financiero español y, por ende, de la economía española y de sus empresas, cuya historia y desarrollo está íntimamente ligada a la trayectoria de su principal financiador que sigue siendo la banca, aunque con un peso cada vez mayor de los mercados de capitales.

La última crisis de gobierno en Italia que se ha saldado con la dimisión del primer ministro Giuseppe Conte y la propuesta del presidente de la República de formar nuevo gabinete al expresidente del BCE Mario Draghi, es otro episodio más de la perenne inestabilidad política en la tercera economía de la Eurozona. Tras los primeros días de tensiones en los mercados de deuda soberana (la prima de riesgo italiana escaló casi un 20%) en los que no se sabía en qué manos podía acabar la formación de gobierno, el avance de las conversaciones con los partidos mayoritarios en las Cámaras y el probable visto bueno en los próximos días, Draghi será el primer banquero central de la historia del euro que pasa de ser en poco más de un año presidente del BCE a ser primer ministro de uno de los países más beneficiados por la política monetaria que él mismo creó y sostuvo durante prácticamente todo su mandato en Frankfurt.

Observando el comportamiento de los últimos meses de las economías europeas, es cada vez más evidente la diferencia entre los países que pueden permitirse cerrar por completo sectores productivos enteros para atajar el avance de la enfermedad frente a otros que no pueden hacerlo. Más allá de que se considere más adecuado o menos el método del confinamiento, las medidas que adoptan los países están condicionadas por tres factores relevantes: el primero, el grado de necesidad de movilidad de los ciudadanos entre territorios; el segundo, la capacidad de resistencia que tienen los diferentes sectores productivos para "aguantar" durante varias semanas o meses sin trabajar o trabajando a un rendimiento muy bajo; y el tercero y último, el ritmo de avance de la vacunación y a las tasas a las que se está propagando el virus, incluso la "inmunidad de rebaño".

Análisis

La crisis del 'coronavirus' está teniendo una consecuencia no esperada como es el retroceso de los movimientos populistas tanto de derecha como de izquierda. Con casos recientes en los últimos años como el griego, son gobiernos que difícilmente aguantan los primeros envites de una crisis ya que ni están preparados para ello ni tampoco son capaces de reaccionar convenientemente poniendo en marcha políticas de ajuste.