Madrid
La decisión deliberada por parte de Hacienda de hacer pagar IRPF a los trabajadores que ganan el SMI es, ante todo, injusto e inmoral. Pero no es una injusticia o inmoralidad menor que haber extraído entre 16.000 y 18.000 millones de euros de todos los salarios en los últimos tres años gracias a la inflación (partiendo de un análisis reciente del Banco de España sobre la progresividad en frío) o la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social, incrementando el coste laboral total y, por tanto, lastrando el margen de maniobra de las empresas para subir los salarios.
Por si fuera poco, es una doble injusticia e inmoralidad teniendo en cuenta que la renta disponible real, lejos de subir, como mínimo se ha estancado en los últimos cinco años. El PIB per cápita real por hora trabajada está en el mismo nivel (2022) que cuando entramos en el Euro. Y lo mismo sucede con la renta per cápita real con respecto a la UE-15, en torno al 90%. Pero si lo miramos en términos de salarios, la situación se ha deteriorado de manera continuada en los últimos años. Según la última Encuesta de Estructura Salarial del INE, el porcentaje de trabajadores que cobra entre 0 y 2 veces el SMI (2021) es del 61,2% de los hombres y el 71,3% de las mujeres.
Tanto la subida continua del SMI en los últimos años como la degradación paulatina de la escala salarial ha colocado a los trabajadores con rentas más bajas en el punto de mira de Hacienda. Según la última Estadística de Declarantes del IRPF correspondientes a 2022, el 38,02% de la recaudación efectiva del tramo estatal del impuesto se obtiene en las bases liquidables (la suma de todas las rentas del trabajo y profesionales menos reducciones y mínimos exentos) menores a 21.000 euros. Incluso en las bases menores de 12.000 euros se obtiene el 9,84% de la recaudación.
Por consiguiente, y dada la evolución de las rentas laborales en los últimos años, los trabajadores más pobres ya contribuyen y lo hacen muy por encima de las rentas más altas (7,37% de la recaudación proviene de bases superiores a los 60.000 euros) porque mayoritariamente tributan por Sociedades. ¿Qué sentido tiene apretar aún más las tuercas a los que menos tienen? ¿No resulta una incoherencia intolerable con el discurso del Gobierno que pasa un día sí y otro también aprobando ayudas teóricamente enfocadas a los hogares con menos renta? La razón última de esta incoherencia no es otra que recaudar.
Ante esta situación, los Gobiernos autonómicos están obligados a actuar en la tarifa autonómica del IRPF, intentando amortiguar los efectos y profundizando en el ajuste de bases, tipos, reducciones y deducciones por la inflación. La prioridad es mejorar todo lo posible la renta real después de impuestos. Esto exige un sacrificio de las Haciendas autonómicas en términos de recaudación, algo a lo que los consejeros de Hacienda no les hará ninguna gracia. Pero aquí estamos hablando de política que impacta directísimamente sobre el ciudadano. Qué mejor ayuda para los trabajadores más pobres, los que más ayudas necesitan, que reducir su factura fiscal todo lo posible.
