Madrid
La pandemia ha descabalgado todos los calendarios de reformas con los que contaba el Gobierno cuando fue constituido a comienzos de año. De hecho, la crisis sanitaria ha provocado que el Ejecutivo legisle con celeridad algunas medidas que pretendía ir aprobando con el paso de los meses, como es el caso de la luz verde del ingreso mínimo vital. Ahora, con el impacto presupuestario de la crisis más nítido, otro de los acuerdos que apremian antes de la aprobación de las nuevas Cuentas es el de la reforma de pensiones, en el Pacto de Toledo.
La presidenta de la Comisión parlamentaria, Magdalena Valerio, ya explicó a elEconomista a inicios de verano que con la nueva coyuntura socioeconómica, la reforma del sistema de pensiones se sitúa en lo alto de la lista de prioridades del Ejecutivo y que casi seguro se tendría concluida antes de finales del presente ejercicio. De hecho, el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha apremiado en diversas ocasiones este año a los miembros del Pacto de Toledo a alcanzar un acuerdo de recomendaciones para ser transformado en reforma de la ley de Seguridad Social antes de que finalizase el año.
Nivel de endeudamiento
Ahora, la piedra de toque de los Presupuestos propone un nuevo horizonte para los partidos políticos presionados por la cuestión financiera. Como explica el profesor y economista Javier Santacruz, conocer los cambios que se pueden dar en la Seguridad Social por la reforma es "importante porque los Presupuestos Generales se elaboran en base a las previsiones de caja de la Seguridad Social". En este sentido, sería crucial concretar dichas modificaciones antes de aprobar las Cuentas, lo que permitiría conocer la necesidad de financiación del Sistema de cara a 2021.
Cabe recordar que la pandemia y las medidas aprobadas para contener su impacto social han provocado que la Seguridad Social disponga este año de hasta tres inyecciones de capital del Estado por valor de 45.000 millones para afrontar las partidas extra de los pensionistas y sufragar medidas como el ingreso mínimo vital, la ayuda extraordinaria por cese de actividad para los autónomos o las exenciones en cuota que se ha aplicado para los trabajadores afectados por Ertes. Concretamente, el Gobierno aprobó en mayo un Real Decreto-ley de medidas urgentes en el ámbito económico en el que se incluyeron dos créditos, por un importe global de 30.502 millones de euros para afrontar la pérdida de ingresos de la Seguridad Social por los mayores gastos en prestaciones, las exenciones de cuotas y menores cotizaciones, así como para hacer frente al pago del mayor número de prestaciones por desempleo derivadas de la crisis sanitaria. Uno de 14.002 millones de euros para mantener el equilibrio presupuestario ante los menores ingresos del sistema por las medidas de protección adoptadas (prestación extraordinaria para autónomos, exoneración de cotizaciones en los Ertes, entre otras) y otro crédito, por un máximo de 16.500 millones de euros sin intereses, para afrontar el pago del mayor número de prestaciones por desempleo. Más allá, este año a parte de sus habituales compromisos de pago se ha encargado de soportar el 85% de todas esas ayudas lanzadas para sostener la economía.
Septiembre clave
De este modo, la vuelta al trabajo de los miembros de la Comisión en septiembre será clave para conocer el nivel de acercamiento y las posibilidades de enarbolar un pacto para las recomendaciones previo a los Presupuestos, lo que despejaría incógnitas sobre la configuración de los mismos, ya que se podría conocer el alcance del endeudamiento del Sistema para 2021.
Ahí afectarán las decisiones políticas sobre cuestiones como los Ertes y el ingreso mínimo, o el mismo incremento de las pensiones para el próximo ejercicio en base al IPC. Precisamente, este no sería uno de los mayores obstáculos del Pacto de Toledo para dar salida a las recomendaciones ya que en una primera toma de contacto entre los partidos previa a la pandemia se dio por garantizado esta parte del acuerdo, al igual que en el punto de la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social para sacar gastos impropios.
Con todo ello, la principal línea de actuación que ha sugerido el ministro José Luis Escrivá es la de elevar la edad real de jubilación (64 años) hasta que se acompase con la edad legal (67 años para 2027). Con todo, el titular de Seguridad Social asegura que es necesario endurecer las condiciones para el acceso a la jubilación anticipada e incentivar al mismo tiempo la permanencia en los puestos de trabajo de los perfiles senior, cercanos al retiro laboral.
