La ayuda procedente de la Unión Europea, cuyo reparto se está negociando actualmente, está claro que no llegará a nutrir las maltrechas arcas públicas de nuestro país sin una contraparte. Según las especificidades que ha fijado Bruselas y que serán la piedra de toque de cara al reparto de los fondos, para poder acceder a esta ayuda España deberá comprometerse a emprender una reforma de las pensiones que modere el gasto creciente de esta partida, que ya supone un 10,7% del PIB, y por otro lado deberá mantener y ahondar en los pilares de la reforma laboral de 2012 aprobada por el PP y que la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, prometió derogar al inicio de la legislatura.
Por un lado, se insta a dar solución al recurrente desequilibrio que registra el gasto en prestaciones sociales, con especial atención al sistema de pensiones tras las desviaciones con respecto a la reforma de 2013 que aventuran un aumento significativo del nivel de gasto en pensiones a medio o largo plazo. Cabe recordar que por el impacto de la pandemia el Sistema triplicará el déficit del pasado año, hasta los 60.000 millones de euros.
Mientras que en el ámbito laboral, se pide respaldar el empleo mediante medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo, incentivos eficaces a la contratación y el desarrollo de las cualificaciones, además de reforzar la protección por desempleo, especialmente para los trabajadores atípicos, mejorar la cobertura y la adecuación de los regímenes de renta mínima y de apoyo a la familia, así como el acceso al aprendizaje digital.
A finales del mes de mayo se acordó el fondo para la recuperación de 750.000 millones de euros, propuesto por la Comisión Europea, en lo que supone el mayor estímulo fiscal en la historia de la Unión Europea para superar la profunda recesión que provocará el Covid-19. Y según los criterios de reparto, España se quedaría con unos 140.000 millones de euros del fondo de recuperación, de lo que 77.000 millones serían en ayudas no reembolsables. Así, los ajustes en pensiones y mercado labora, si bien son las principales medidas que reclaman las autoridades comunitarias, no son las únicas.
El último episodio de esta recolección de condiciones está en la demanda realizada por los países conocidos como frugales, con Holanda a la cabeza, a nuestro presidente Pedro Sánchez, "a buscar una solución" dentro de España y subrayó que "no va a ser fácil" llegar a un acuerdo para el fondo de reconstrucción postpandemia del coronavirus, dado que España insiste en que no aceptará troikas. Pero con o sin hombres de negro vigilando el buen hacer del Gobierno español con la ayuda comunitaria, las cartas para el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya están marcadas y la consolidación fiscal parece un elemento que difícilmente podrá soslayar a partir de 2022.
Consolidación fiscal
"Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión", apuntan desde la comisión. Uno de los elementos que podrían acompañar a este plan de reordenamiento fiscal en el que ya trabaja el Gobierno -con previsión de gravar más a las rentas altas y la introducción de la tasa Google y tasa Tobin- es la petición de incrementar el IVA. Una medida que, más allá, implicaría una repercursión de recaudación instantánea.
Precisamente, la AIReF apuntó este lunes en esta misma dirección, que cree "que en 2021 aún serán necesarias medidas de estímulo para ciertos sectores", en lo que el próximo año "no parece que se den las condiciones" para emprender los ajustes en el gasto, que sin embargo prevé inevitables. "Llegar a la estabilidad en 2030 del nivel de deuda de 2021, supone hacer un ejercicio de consolidación fiscal similar al de la década pasada" con la anterior recesión económica, apuntaba este lunes la presidenta de la institución, Cristina Herrero.
El otro factor que apunta Bruselas como clave para la recuperación y el sostenimiento del tejido productivo. Así piden asegurar la aplicación efectiva de las medidas encaminadas a proporcionar liquidez a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos, particularmente, evitando retrasos en los pagos.
"Para que puedan tener sus efectos, estas medidas (de apoyo a las empresas) deberán ser aplicadas de modo rápido y eficiente por los intermediarios financieros" y se deberá permitir el aplazamiento del pago de impuestos y contribuciones sociales y acelerar los pagos contractuales efectuados por la Administración Pública también contribuirá a mejorar la liquidez de las pymes, advierten desde la Comisión.
