PSOE y PP acuerdan dejar fuera de la futura reforma del sistema de pensiones al Régimen Especial de Clases Pasivas, el sistema particular de protección con el que cuentan los funcionarios. No habrá así cambios para esta modalidad de jubilación pese a que lleva años planteando importantes problemas.
Fue por ello que se decidió poner un límite al número de personas que pueden beneficiarse de ella y, desde el año 2011, no se admiten incorporaciones a las clases pasivas. Con todo, todavía son numerosos los empleados públicos que podrán beneficiarse de un régimen cuyos aspectos más polémicos siguen considerándose intocables dentro del Pacto de Toledo.
Así, pese a que se trata de un sistema claramente deficitario, continúa presentando unas condiciones que suponen un claro agravio comparativo respecto a los trabajadores sujetos al Régimen General de la Seguridad Social. Dentro de las clases pasivas, un funcionario puede jubilarse a los 60 años, acreditando 35 años de carrera profesional (frente a los 37 que se exigen en el Régimen General). Se trata de una discriminación no sólo cuestionable, sino además difícilmente sostenible.
El ya cuantioso déficit de la Seguridad Social batirá marcas este año por culpa de la crisis del Covid. Es por ello que en el Pacto de Toledo se reconoce la necesidad de alargar la vida activa y, sobre todo, poner coto a las prejubilaciones. Frente a esa realidad, resulta del todo incoherente permitir que en la Administración el privilegio de retirarse con una edad cinco años inferior a la que ahora se exige a la gran mayoría de los trabajadores.
Una vez más, se evidencia que todos los esfuerzos y sacrificios para salir de la crisis recaen en el sector privado.